Con el informe de segunda propuesta de la comisión de Medio Ambiente se dio término al trabajo en las comisiones temáticas. Hasta el momento, la propuesta constitucional supera en 51 artículos a la Constitución más larga del mundo.
¡Fin al debate constitucional! Con la deliberación y votación del informe de segunda propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, las y los 154 convencionales finalizaron la etapa de escritura del borrador de nueva Constitución y se preparan para la etapa final del proceso que comienza esta semana en la región de Antofagasta.
Fueron 14 los artículos aprobados el pasado sábado 14 de mayo por el Pleno de la Convención Constitucional, dejando un total de 499 normas en el borrador y superando a la actual Constitución de India, la cual contiene 448 artículos. Sin embargo, aún falta trabajo por hacer y este resultado puede cambiar. Este lunes se entrega formalmente la propuesta constitucional en Antofagasta y, mañana martes, comienzan a trabajar las tres nuevas comisiones, entre ellas, la de Armonización.
El informe de segunda propuesta de Medio Ambiente fue el último en pasar por el Pleno. Este recae en las normas rechazadas en la votación particular de su informe el pasado sábado 7 de mayo. La comisión liderada por Camila Zárate (Pueblo Constituyente) y Juan José Martin (Independientes No Neutrales), presentaron la propuesta para 24 artículos que vienen a complementar los temas sobre Estatutos de bienes comunes naturales, Modelo Económico y Derechos Humanos Ambientales.
La coordinadora Zárate, en su exposición, se refirió al artículo 18 sobre las semillas tradicionales. «Sabemos que en estos momentos están en peligro y, por lo mismo, necesitamos una protección constitucional de las mismas», expresó. En esta norma se garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales.
Asimismo, la coordinadora se refirió al polémico artículo 24. En este, se establece que quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley. Para Zárate, quien también forma parte del grupo Eco Constituyentes, “la actividad minera tiene que desarrollarse en esos espacios donde no genere grandes perjuicios para los territorios y ecosistemas. Por eso que hemos establecido una exclusión de los glaciares, áreas protegidas y las zonas de protección hidrográfica”.
Sin embargo, la norma que busca poner el cuidado del medioambiente sobre la extracción de minerales, podría generar un gran impacto en nuestra actividad económica. Actualmente, en la Cordillera de Los Andes se ubican diversos yacimientos mineros en zona de glaciares, salares, entre otros. Si bien es una actividad de alto impacto, es reconocida como necesaria para el desarrollo de la sociedad.
Por ejemplo, la División Andina cuenta con una de las reservas minerales más importantes de la empresa estatal Codelco (Corporación Nacional del Cobre), representando un 38% de sus reservas. Según los datos, esta da alrededor de 500 puestos de trabajo y representa un 11% de la actividad económica en la región de Valparaíso. Según la Red de Minería Verde, Andina, en sus 47 años de operación, ha aportado US $13 mil millones para el Estado.
Entendiendo que los glaciares son vitales para preservar los ecosistemas, pero la actividad minera es importante para el desarrollo económico y social del país, los y las convencionales de los distintos conglomerados se vieron enfrentados a un conflicto. Frente a esta situación, algunos convencionales mencionaron que con las normas transitorias se podría establecer que la norma se aplicaría para futuras concesiones mineras, manteniendo las que actualmente se encuentran vigentes y, de esta forma, transitar hacia un desarrollo sustentable.
Lo mismo sucedió con el artículo 27, sobre el rol del Estado en las actividades mineras. En la presentación, el coordinador Martin explicó que el objetivo de esta norma es la de “resolver la anomalía jurídica a través de resoluciones judiciales actuales que han sobreprotegido la minería, impidiendo la fiscalización del Estado».
Este artículo es uno de los más polémicos contenidos en el informe. Para un sector el articulado hace pocos cambios, mientras que para otros, el artículo genera consecuencias importantes para nuestra economía. Durante toda la jornada en los pasillos y jardínes del ex Congreso se podían ver a diversos convencionales del sector progresista reunidos, discutiendo el qué hacer con la norma.
¿Qué implica la norma? En la base del sistema implementado en la actualidad se realiza a través de la certeza jurídica, es decir, para explotar los recursos mineros se pasa por un tribunal. De esta forma, quien tiene el titular minero no tiene dudas sobre sus derechos. En la propuesta, la actividad minera deberá ser autorizada por títulos administrativos otorgados por un órgano autónomo del Estado creado por la ley. Por lo tanto, los tribunales de justicia ya no serán los encargados de entregar los títulos y, para algunos convencionales y dirigentes, esto genera una politización.
Por otro lado, estos nuevos títulos administrativos ya no otorgarán el derecho de propiedad. “Sobre ellos no habrá propiedad, pero darán a sus beneficiarios los derechos y obligaciones que establezca la ley y el respectivo título”, señala el artículo. De esta forma, la herencia se termina y, con eso, las familias mineras llevan muchas generaciones. Esta situación afecta, sobre todo, a la pequeña industria minera.
«Es desilusionaste. Lo que hoy, es un sistema jurídico que da tranquilidad para invertir, se convierte en una mera autorizaciones vagas en una servilleta», manifestó en su intervención el convencional Bernardo Fontaine.
Al no haber consenso sobre la norma, entre los distintos conglomerados políticos se discutió la posibilidad de aprobar alguna de las indicaciones renovadas para sustituir el artículo. Una de estas indicaciones es la número 44, realizada por la convencional Ivanna Olivares.
Momento de la votación
Entre aplausos y un “¡vamos!”, ingresó al borrador de nueva Constitución el artículo 5 sobre el agua. En esta se establece que el Estado “deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley”. La misma suerte corrió el breve artículo 9, al superar el quórum requerido por seis votos (109 en total). En esta norma, se consagra que “el mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiables”.
Los artículos 11 y 12, sobre los glaciares y la Antártica, fueron celebrados entre aplausos debido a su aprobación. El primero, consagra que el Estado garantiza “la protección de los glaciares y del entorno glaciar”; mientras que el segundo, consagra que el Estado “deberá conservar, proteger y cuidar la Antártica, mediante una política fundada en el conocimiento y orientada a la investigación científica, la colaboración internacional y la paz”.
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Asimismo, en materia de glaciares, fue aprobado el artículo 24 que los deja excluidos de toda actividad minera, como también las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare.
Entre aplausos expectantes se esperó el resultado del artículo 18, el cual busca garantizar por parte del Estado “el derecho al libre uso e intercambio de semillas tradicionales para campesinas, campesinos y pueblos originarios”. Fueron 122 votos favorables los que dieron paso a este artículo a la propuesta constitucional.
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En el artículo 21 sobre energía, cada párrafo fue sometido a votación. De los seis que contenía la norma, cinco lograron superar los 103 votos necesarios para pasar al borrador de nueva Constitución. En el artículo se establece que “el Estado deberá regular y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental”.
Al comienzo de la votación del nuevo artículo dedicado al espectro radioeléctrico, el convencional Manuel José Ossandón pidió la palabra por punto reglamento, para hacer presente que la propuesta era “antirreglamentaria” al quedar excluido en votación del informe de Sistemas de Conocimientos. En la votación, sólo participaron 109 convencionales, Ossandón junto a otros convencionales de derecha se excluyeron de la votación de los dos incisos, los cuales lograron 79 y 78 votos a favor, quedando excluidos del debate constitucional.
El tiempo avanzaba y tras un breve receso, los y las convencionales regresaron a sus puestos en el hemiciclo para someter a votación el polémico artículo 27 sobre minería. El ambiente se tensionó y una a una fueron sometidas a votaciones las indicaciones que buscaban sustituir la norma.
Al llegar a la indicación número 44, los aplausos volvieron para tensionar el espacio, pero la decisión ya estaba tomada. No solo la indicación 44 fue rechazada, sino también la 47 y todo el artículo 27. En consecuencia, regirá el Código de Minería actual y podría modificarse a través del Congreso.
Aplausos ante el rechazo del artículo 27
Sobre el mismo tema, se dio luz verde a una indicación presentada por la convencional Olivares la cual establece que “el Estado adoptará las medidas necesarias para proteger la pequeña minería y pirquineros, las fomentará y facilitará el acceso y uso de las herramientas, tecnologías y recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad”.
Al Estatuto constitucional de la atmósfera, el aire y los cielos, se agregó el artículo 30 que mandata al Estado a contribuir en la investigación del espacio, además de impulsar medidas “para conservar la atmósfera y el cielo nocturno”. Este artículo permitirá que el estudio astronómico chileno, concentrado en gran mayoría en el norte, siga avanzando en la observación y estudio del universo. Su primer inciso fue aprobado con 114 votos a favor y el segundo con 109, los que fueron celebrados por Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) a través de su cuenta de twitter:
Ha sido aprobado el artículo 30 en general!! ?#ChileProtegeSuCielo https://t.co/74nGjwNPOt
— SOCHIAS (@sochias_cl) May 14, 2022
Con 115 votos a favor, se aprobó el artículo fue el artículo 51 que mandata al Estado a garantizar una educación ambiental que permita formar una conciencia ecológica. Y esta fue la última norma en ingresar al borrador de nueva Constitución. La comisión de Medio Ambiente logró ingresar el pasado sábado 14 nuevos artículos, sumando un total de 43 normas constitucionales a la propuesta constitucional.
Fin del debate constitucional
Cerrada la votación, la Mesa presentó al Pleno la proposición formulada por la Presidenta de la Convención Constitucional para declarar cerrado el debate constitucional. Esta proposición fue aprobada con 131 votos a favor, declarando finalizado el debate constitucional. Con esta decisión, la Mesa directiva tendrá un plazo de cinco días para hacer llegar a la comisión de Armonización el proyecto de nueva Constitución, la cual estará encargada de consolidar la totalidad de las normas aprobadas por el Pleno de la Convención. Al finalizar esta última sesión plenaria de deliberación y votación de normas, el vicepresidente Gaspar Domínguez hizo entrega a la presidenta María Elisa Quinteros del texto borrador con todas las normas aprobadas.
Pleno junto al borrador de nueva constitución
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