Aunque con posiciones contrapuestas, el Pleno de la Comisión experta aprobó en general con 22 votos a favor las normas del capítulo 13 del anteproyecto constitucional, correspondiente a Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo. Sin embargo, adelantan que esta es solo la propuesta inicial, por lo que será objeto de enmiendas.
*Miércoles 5 de abril de 2023
Pasadas las tres de la tarde, se inició el debate en torno a la propuesta del capítulo de Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo elaborado por la subcomisión de Derechos, que al momento de presentarse el jueves pasado suscitó diversas reacciones en redes sociales por su escasa extensión, ya que sólo se presentaron tres artículos sobre esta temática.
Durante la presentación de este capítulo, que estuvo a cargo de la presidenta de la Subcomisión de Derechos, Alejandra Krauss (DC), se entregó como antecedente que la Constitución vigente relevó que el concepto de medio ambiente únicamente en tres ocasiones, quedando “todo lo demás que podría estar vinculado con la materia bajo el manto del legislador”.
Articulado propuesto por la subcomisión de Derechos
A su vez, Krauss, remarcó que el nombre del capítulo incorpora otros dos conceptos: sostenibilidad y desarrollo. “Esto se debe a que la protección ambiental no es un objetivo aislado del mundo que nos rodea, sino que constituye un principio rector para el progreso y el desarrollo del país”, declaró.
Finalmente, la comisionada agregó que las normas presentadas “son únicamente una primera aproximación a la materia que constituye un capítulo novedoso”.
Durante el debate, la comisionada Antonia Rivas (Convergencia Social) consideró que la propuesta realizada es “incompleta e insatisfactoria” en materia ambiental y en materia de agua.
“No se trata de un dilema entre desarrollo y protección del medio ambiente, evidentemente queremos crecer con igualdad y que el país se desarrolle, pero eso no puede ser a costa de la naturaleza y del medio ambiente”, planteó Rivas.
El comisionado Domingo Lovera (RD) se cuadró con Rivas al señalar que los términos en que se encuentra recogida la protección en materia de medio ambiente “son insuficientes”.
“Hoy nos encontramos con una contradicción. El capítulo menos desarrollado de este anteproyecto es el que puede tener mayor impacto en nuestras vidas, mientras el cambio climático inicia su avance cada vez más rápido. Lamento que no hayamos logrado consensos suficientes en una materia que no sólo nos prepara para el futuro, sino en la actualidad”, manifestó Lovera.
A modo de sugerencia, propuso incluir un artículo que establezca una relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza “para enfatizar la dependencia de la sociedad humana con los equilibrios naturales”. Y agregó que también se debiese incluir el cambio climático para destacar su urgencia “de modo que, tanto el Estado como los privados en esa colaboración virtuosa, contribuyan a esa mitigación”.
Sobre la propuesta, el comisionado Flavio Quezada (PS) dijo que, a su juicio, no pueden estar orgullosos de este capítulo. “Tal como está es un inicio del cual no nos sentirnos orgullosos, creo que nos ha faltado patriotismo», sostuvo.
¿El motivo? Según argumentó, el capítulo no está al nivel de la legislación de Chile, ni al de los compromisos internacionales que el Estado ha asumido, ni tampoco al de la jurisprudencia reconocida por los tribunales del país.
Una visión similar tuvo la comisionada Catalina Lagos (PS), quien comentó que como Comisión aún están en deuda. “No hemos estado a la altura como Comisión Experta de ofrecer un primer texto que permita afrontar la actual crisis ambiental y climática”, indicó.
“El abordaje sistémico bajo la forma de un capítulo exige la consagración de principios ambientales que informen e iluminen las obligaciones y deberes que se establezcan (…). Los desafíos actuales nos convocan a incorporar principios más recientes, como la justicia ambiental y climática, de no regresión y pronatura o proambiente. Solo uno de ellos fue recogido en esta propuesta”, argumentó Lagos, refiriéndose al principio de responsabilidad por daño ambiental.
Por su parte, la comisionada Verónica Undurraga (PPD) destacó la necesidad de fortalecer las normas en materia medioambiental en la etapa de enmiendas. “Creo relevante incorporar deberes claros en materia ambiental, tanto del Estado como del resto de los actores de la sociedad”, planteó.
En este sentido, propuso estudiar la posibilidad de establecer la custodia pública de la naturaleza e incorporar normas que exijan una protección especial sobre el medio ambiente marino, la biodiversidad, los glaciares y el paisaje, a través de instrumentos como el ordenamiento del territorio y de la zona costera, la gestión integrada de cuencas, un sistema de áreas protegidas públicas y privadas, entre otras.
Una posición distinta tuvo la comisionada Marcela Peredo (RN), al señalar que “es necesario recordar que la regulación a nivel ambiental, a nivel constitucional, no siempre y en todos los casos tiene una correlación directa con el índice de desempeño ambiental de los países”.
“Justamente, los estados con menos normas ambientales constitucionalizadas son los que a veces, paradójicamente, tienen un mejor desempeño”, agregó usando como ejemplo a Dinamarca, Reino Unido, Finlandia y Suecia.
¿Qué dice la derecha?
El comisionado Teodoro Ribera (RN) sostuvo que, aunque en el capítulo no se contempla al medioambiente como sujeto de derecho, sí lo considera como “objeto de máxima preocupación”. Sobre esto mismo, indicó que es posible conciliar la protección del medio ambiente con la sostenibilidad e igualmente el desarrollo.
“El actual articulado propuesto ya consagra el deber de toda persona de contribuir a la protección del medio ambiente y fija el principio de responsabilidad por daño ambiental”, aseguró Ribera.
Pese a su conformidad con el articulado, el comisionado destacó la relevancia de consagrar constitucionalmente un órgano autónomo al efecto. “Este debe ser, además, técnico y colegiado en que su objeto debe ser la salud de proteger la salud de las personas y del medio ambiente, pero al mismo tiempo considerar el desarrollo social y económico del país”, indicó.
Por parte, la comisionada Bettina Horst (UDI) indicó que en los tres artículos presentados por la subcomisión no fueron “por falta de consenso, sino más bien por una falta de tranquilidad”, comentó.
“Acá no hay un sector sobre otro que está más o menos preocupado por el medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente es un desafío país, no es un desafío político ni ideológico, así que convoco desde ya para que sigamos trabajando en los mínimos que hemos acordado”, concluyó.
Finalmente, el capítulo Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo fue aprobado en general con 22 votos a favor. Desde el martes de la próxima semana hasta el sábado es el período para ingresar enmiendas a los capítulos del anteproyecto que fueron aprobados en general.
