A este beneficio podrían optar violadores de derechos humanos de la última dictadura cívico-militar, como Miguel Krassnoff. Asimismo, el proyecto establece que personas con enfermedades terminales puedan acceder a esta garantía.
*Por Catalina Gutiérrez Vallejos y Constanza Valle Parra
El miércoles 2 de enero, en el primer día legislativo del año, la comisión de derechos humanos del Senado aprobó el proyecto de ley para que presos que padezcan enfermedades terminales o que hayan cumplido 70 o 75 años puedan optar a reclusión domiciliaria total.
Votación del proyecto de ley boletín 16.036-17 en la comisión de derechos humanos
La moción patrocinada por los senadores de RN Francisco Chahuán, Carlos Kuschel y Rodrigo Galilea, junto a Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Enrique Van Rysselberghe (UDI), busca “adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales propios de una política carcelaria humanitaria, con pleno respeto a los derechos humanos”.
Por lo que el proyecto propone sustituir el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total en los siguientes casos:
- Personas condenadas que padezcan alguna enfermedad terminal, lo cuál deberá ser acreditado “mediante la certificación unánime e inequívoca de a lo menos tres médicos especialistas en el tratamiento de la respectiva enfermedad o condición patológica”.
- Personas condenadas que padezcan, por cualquier causa, un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa, lo que deberá seguir la misma acreditación mencionada anteriormente.
- Personas condenadas que tengan una determinada edad durante la ejecución de la condena. A partir de los 70 años y más para hombres condenados, mientras que para las mujeres será desde los 65 años en adelante.
Además, dentro de los fundamentos del proyecto, se señala que esta “ley humanitaria” es extensible a la población penal condenada por delitos de lesa humanidad o de violación de los derechos humanos, a partir de lo planteado por la doctrina internacional.
“En conclusión, el derecho internacional de los derechos humanos basado en el respeto a la dignidad de la persona humana es aplicable a cualquier condenado cuya condición de salud y/o de edad sea incompatible con un régimen de reclusión penitenciaria por cuanto dicho régimen constituye un menoscabo para su integridad física y psíquica”, asegura el proyecto.
Este argumento se basó en algunos casos latinoamericanos en los que condenados de crímenes de lesa humanidad fueron beneficiados por el arresto domiciliario, como José Nino Gavazzo, fallecido exteniente coronel condenado en múltiples causas en Uruguay y el extranjero por su participación en la Operación Cóndor y en secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos.
“Un certificado de impunidad”
El único voto en contra de la comisión lo entregó el senador Daniel Núñez (PC), quien mencionó una serie de reparos respecto al proyecto que califcó como “un certificado de impunidad” para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, como es el caso del exmilitar Pedro Barrientos, procesado por el asesinato del cantautor Víctor Jara.
“Esa persona que cometió un delito atroz, que ha vivido toda su vida en impunidad, si se aprueba el proyecto de ley que ustedes están proponiendo, no cumpliría pena en la cárcel. Él tiene 76 años, volvería a Chile, postularía a este beneficio y sería con detención domiciliaria. Ese es un mecanismo de impunidad terrible”, señaló Núñez.
Y agregó: “No sé qué diría de eso la viuda de Víctor Jara, Joan Turner de Jara, que homenajeamos el otro día en el Congreso con un minuto de silencio. Una familia que lleva más de 50 años esperando justifica. Y que, ahora, con el proyecto de ley que proponen se le estaría negando. Lo encuentro terrible y dramático”.
Además, Núñez señaló que el proyecto no da garantía para que la detención domiciliaria total sea cumplida, ni para controlar la reincidencia de aquellas personas condenadas por delitos de abuso sexual a menores de edad.
“Muchas de estas personas cometen estos delitos no necesariamente en forma física. Hoy día, con las tecnologías que hay, solo hace falta que tengan acceso a un computador con internet para poder cometer delitos y engañar menores. Y en sus casas no habría manera de controlar esa situación”, indicó Núñez.
Frente a los reparos de Núñez, el senador Francisco Chahuán (RN), presidente de la comisión y autor del proyecto, descartó que el proyecto proponga impunidad para aquellos delitos.
“Esta comisión ha sido categórica en que acá la verdad, justicia y no repetición es fundamental y, en ningún caso, se pretende establecer impunidad para las personas mayores que se encuentran cumpliendo condena, sino que se trata de una alternativa distinta al cumplimiento de la respectiva sentencia”, sostuvo Chahuán.
¿Qué viene ahora?
Con la aprobación de la comisión de Derechos Humanos, el proyecto fue remitido a la sala del Senado, que será la encargada de debatir y votar la conveniencia de legislar sobre la materia abordada en la moción. Los senadores tendrán 10 días para presentar indicaciones al proyecto de ley. Te invitamos a conocer más sobre la tramitación de leyes en el Congreso Nacional aquí.
