Boletín constitucional: ¿Qué pasó este miércoles 5 de abril?

¡Por fin! Y tras cinco arduas jornadas plenarias, la Comisión Experta terminó de votar hoy las propuestas de normas ingresadas a los capítulos de la propuesta constitucional. Pero esto está lejos de ser el contenido definitivo del anteproyecto, ya que estas podrán ser objeto de enmiendas, las cuales podrán ser ingresadas desde el próximo martes hasta el sábado 15 de abril.

 

*Por Equipo La Neta y las pasantes Javiera Castro y Joanne Acevedo

 

¿Qué se tenía presupuestado para hoy?


09:00 a 13:00 hrs:

 

  • Sesión plenaria N°13 de la Comisión Experta


15:00 a 20:00 hrs:

 

  • Sesión plenaria N°14 de la Comisión Experta 

 

¿Qué pasó realmente?

¡Miércoles! pero ¿a qué costo? Luego de dos intensos días, esta jornada y tras una doble tanda de sesiones plenarias, la Comisión Experta finalizó la discusión y votación de las normas propuestas a los capítulos de la estructura constitucional.

Y las normas que se incorporaron esta jornada son por las subcomisiones de Función Jurisdiccional y Derechos a los siguientes capítulos:

10. Justicia Electoral y Servicio Electoral

  1. Contraloría General de la República
  2. Banco Central
  3. Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo
  4. Procedimientos de cambio constitucional


¿Cómo fue el debate? ¿Y con cuántos votos se aprobó cada una de estas propuestas? Aquí te respondemos.

 

Sesión plenaria AM

Capítulo 10: Justicia Electoral y Servicio Electoral

 

A las 9:16 hrs. comenzó la sesión plenaria de la mañana para discutir y votar en general las normas ingresadas a tres capítulos dedicados a órganos autónomos: Justicia Electoral y Servicio Electoral, Contraloría General de la República y Banco Central.

 

Y con el toque de campana inició el debate en torno al capítulo sobre Justicia Electoral y Servicio Electoral. Para esto la comisionada de RN, Katherine Martorell, expuso brevemente los fundamentos de las tres normas propuestas al capítulo décimo, las cuales fueron trabajadas por la subcomisión de Función Jurisdiccional.

“Desde la construcción de este anteproyecto de nueva Constitución debemos asentar las bases que permitan fortalecer nuestra institucionalidad y fidelidad de las decisiones electorales. Resguardando derechos intrínsecos de cada ciudadano, como el derecho a elegir y ser elegido. Darle calidad, certeza, imparcialidad y transparencia y justicia a los procesos electorales consagrados constitucionalmente”, afirmó la también integrante de la subcomisión N°2.

Servicio Electoral


Respecto al Servicio Electoral (Servel), Martorell señaló que es “el órgano superior encargado de la administración de la actividad electoral”. Dicho aspecto se establece en la norma propuesta, al definirlo como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio” con el rol de ejercer “la administración, supervigilancia y fiscalización de procesos electorales y plebiscitarios”.

La comisionada de RN hizo hincapié que la propuesta subsana el modelo actual, al otorgarle “el carácter de autonomía constitucional, por lo cual se busca dotarlo de mayor independencia del poder central para cumplir la función electoral que este organismo está llamado a servir”. 

 

Justicia Electoral

Dentro de este epígrafe, se encuentra la norma propuesta para el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que tiene la característica de ser “un tribunal especial” encargado de tres tareas: Conocer el “escrutinio general y de la calificación de las elecciones” presidenciales, de diputados y senadores, junto a los plebiscitos; resolver “las reclamaciones”; y proclamar “a los que resulten elegidos”.

Además, el Tribunal estará integrado por cinco miembros designados por la Corte Suprema:  cuatro ministros de la Corte y un ciudadano “que hubiera ejercido el cargo de Consejero, Director o Subdirector del Servel”. Martorell señaló que este último integrante es una innovación respecto a la normativa actual.

Otra innovación destacada en la exposición de la comisionada fue la incorporación de la “superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales electorales regionales”.

Tribunales Electorales Regionales

 

La norma propuesta para estos señala que serán los “encargados de conocer el escrutinio general y la calificacio?n de las elecciones que la ley les encomiende, asi? como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos”. 

 

Sobre este punto hubo observaciones por parte de los comisionados Gabriel Osorio (PS) y Teodoro Ribera (RN), y de la comisionada Leslie Sánchez (PPD-PL).

 

Osorio sugirió revisar la integración propuesta para los tribunales electorales regionales, específicamente lo referido a los dos miembros designados por el Tricel, deberán haber ”ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años” .

Según el comisionado PS los tres años de experiencia para asumir este cargo “no serían suficientes”: “Si tenemos abogados integrantes de los tribunales regionales con solo tres años de experiencia y, que también, dictan sentencias de responsabilidad administrativa (…) Se necesitan más canas para ejercer esta función”.

Estas inquietudes fueron compartidas por el comisionado Ribera, que sugirió la posibilidad de realizar «algún estudio de carga a los tribunales. Si efectivamente se justifica en cada región un tribunal electoral regional«.

A modo de respuesta ante estas observaciones, la comisionada Sanchéz señaló que dentro de la subcomisión este es un tema aún en evaluación: “Se ha pensando en maneras distintas de integrar estos tribunales, incluso no descartamos la posibilidad de evaluar que sean jueces de carrera, es decir, personas que cursen la academia judicial y que puedan, quizás, orientar su carrera profesional a la justicia electoral”.

Junto con esto, Sánchez comentó que dentro de la subcomisión también se encuentran evaluando las realidades respecto a la justicia electoral para la región, las cuales catalogó como “disímiles”. Ante esto sugirió “explorar la posibilidad de hablar de tribunales electorales zonales”. La comisionada afirmó que presentará enmiendas a estos puntos para subsanar los aspectos observados. 

 

Capítulo 11: Contraloría General de la República

 

La presidenta de la subcomisión de Sistema Jurisdiccional, Catalina Salem (RN), fue la encargada de exponer las propuestas ingresadas al undécimo capítulo dedicado a la Contraloría General de la República.

La primera norma propuesta a este capítulo define que la Contraloría es “un organismo autónomo” encargado del “control de la constitucionalidad y de los actos de la Administración del Estado y de la Administración regional y local, así como de la probidad en el ejercicio de la función administrativa”.

Salem afirmó que con esta definición se “mantiene la tradición”, aunque con la innovación de incluir a los “gobiernos regionales y a las municipalidades, prefiriendo utilizar el concepto de “administración regional y local”. 


Además, mencionó que la propuesta mantiene las funciones contenidas en la Constitución vigente, aunque “elimina la función de examinar y juzgar las cuentas” al ser una facultad jurisdiccional que le corresponde a los tribunales ordinarios de justicia.

 

“La Contraloría sigue teniendo a la cabeza un Contralor General de la República, lo que asegura la unidad directiva del organismo. Sin embargo, se fortalecen los requisitos de acceso al cargo, subiendo a 15 los años requeridos de título de abogado y, agregando, que debe contar con reconocida competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones”, expuso Salem. 


Sugerencia: Fiscalización a personas jurídicas privadas

Durante el debate, el comisionado comunista, Alexis Cortés, manifestó que la propuesta constitucional debe “avanzar en consagrar abiertamente el papel y contribución de  la Contraloría en la lucha contra la corrupción”.

Con ese argumento sugirió incluir dentro de sus atribuciones la fiscalización “de todos los recursos públicos” tanto los que usa el Estado como privados. Ya que, según Cortés,
la ausencia de fiscalización a privados es “un trato preferencial” contrario al Estado social y democrático de derechos.

“Se debe explicitar que serán fiscalizables también, por la Contraloría, las personas jurídicas privadas que gestionen recursos o bienes públicos. Pues ahí existe un amplio espacio para la opacidad o para las prácticas deshonestas que no debiéramos tolerar”, afirmó el comisionado comunista.

La observación realizada por Cortés fue compartida por el comisionado del Partido Republicano, Carlos Frontaura, al señalar que “todo fondo público, sea quién lo administre, debe ser fiscalizado y debe ser controlado como ha sido gastado”.

Por su parte, el comisionado RD, Domingo Lovera, aclaró que dentro de la subcomisión de Función Jurisdiccional estuvo el acuerdo “de que la Contraloría lo que hace es perseguir los fondos públicos, cualquiera sea el servicio u órgano donde estén”. Y atendiendo las observaciones de ambos comisionados, las cuales comparte, sugirió que en el trabajo futuro se precise la norma para “evitar cualquier confusión”.

Capítulo 12: Banco Central

 

El comisionado Hernán Larraín fue el encargado de presentar este capítulo, reseñando la historia de la institución, cuya autonomía data de 1980, e indicando que gran parte de los elementos contemplados en la actual Constitución se mantienen para la propuesta presentada.


De acuerdo a la norma, se establece que el Banco Central es un órgano autónomo y de carácter técnico, cuya misión es velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. 

 

Para cumplir con lo anterior, el Banco podrá regular la cantidad de crédito y dinero en circulación, la ejecución de operaciones de créditos y cambios internacionales y dictar normas generales en materia monetaria, crediticia y de cambios internacionales.

 

En su exposición, Larraín recalcó la autonomía del órgano respecto de la política de los gobiernos con el fin de que su actividad sea técnica.

 

Estricta autonomía

 

Es sobre el carácter central que se le otorga a la autonomía que el comisionado Alexis Cortés presentó reparos. “Quisiera remarcar que la preocupación por la autonomía y el celo en mantener una inflación baja no nos impidan ver cómo esta combinación puede terminar afectando el empleo y el crecimiento”.

 

Como sugerencia y para subsanar lo anterior, Cortés recomienda un mandato que también considere el objetivo del pleno empleo.

 

Suscribiéndose a esta percepción, el comisionado Domingo Lovera acusó a lo presentado denominado como “fetichismo institucional”.

 

“Creer que las instituciones son como son y que no pueden ser de otra forma, me parece que corremos el riesgo de quedar con un Banco Central anclado en una situación económica país y mundial de los años 80, donde no se reconocen los nuevos desafíos de la política económica y monetaria que se vienen o que ya están acá”, declaró Lovera.

 

Por otro lado, Bettina Horst y en respuesta a las inquietudes de los comisionados respecto a los objetivos de la institución, comenta que “es importante que el objetivo del Banco Central sea la estabilidad de precio, porque tiene sólo esa herramienta, la política monetaria, es difícil entregarle un organismo un objetivo y que después no tenga las herramientas para después no poder llevarlos adelante (…).

 

Otra inquietud fue presentada por la comisionada Catalina Lagos, respecto a la remoción de los consejeros que entre sus fundamentos consideran infracciones a la probidad pública y el haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades que establezca la Constitución o la ley, así como que la remoción puede fundarse en actuaciones de consejeros que impliquen grave y manifiesto incumplimiento de los objetivos de la Institución.

 

Sobre esta última causal, Lagos explicó que dicha causal procede siempre que haya sido la principal causa y directa de un daño significativo al país, pero que no fue incluida en el texto. De esta forma, llamó a su revisión.

 

El detalle de las intervenciones durante el debate AM, lo encuentras aquí: https://twitter.com/lanetacl/status/1643603932197933056

 

Capítulo 13: Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo

Pasadas las tres de la tarde, se inició la última sesión plenaria de la semana para discutir y votar en general las normas ingresadas a los dos últimos capítulos de la propuesta: Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo, y Procedimientos de cambio constitucional.

Respecto al capítulo referido a Medio Ambiente, la presidenta de la subcomisión de Derechos, Alejandra Krauss, expuso los fundamentos de las tres normas ingresadas. Y sinceró que la propuesta es “una primera aproximación sobre la materia. Puesto que constituye un capítulo novedoso, no teniendo a la vista un modelo constitucional nacional al que seguir». 

 

 

 

 

Junto con esto, la también comisionada DC se hizo cargo de las críticas que se han vertido en torno a lo breve del capítulo e hizo un llamado “imperativo su complementación” vía enmiendas para el trabajo posterior: “Esperando que sea perfeccionada y complementada en esta etapa de enmiendas. En esta materia estamos al debe y tenemos un gran desafío”

 

Esta exposición abrió un álgido debate entre las comisionadas y comisionados, el cual recogimos en nuestra nota que puedes leer aquí: https://laneta.cl/como-fue-el-debate-de-la-comision-experta-sobre-el-capitulo-de-medio-ambiente/ 

 

Capítulo 14: Procedimientos de cambio constitucional 

 

La exposición estuvo a cargo del comisionado Francisco Soto, quien indicó que la primera parte de reforma mantiene las normas establecidas en la reforma Constitucional del 2005 “en orden a someter la reforma constitucional a los trámites de un proyecto de ley lo que incluye el trámite comisión mixta y observaciones”.

 

La propuesta también contempla un quórum especial a las normas constitucionales, además que se mantiene la posibilidad de un referendo en caso de conflicto entre Presidente y congreso nacional en relación a una reforma constitucional y agrega una hipótesis de referendo.

 

El comisionado Domingo Lovera (RD) fue uno de los primeros en presentar observaciones a la propuesta, sugiriendo la rebaja de quorums para la tramitación de procedimientos normales de reforma constitucional. 

 

“Hoy, en un sinsentido que no conversa con la realidad, se consagra un quorum de 3/5 de integrantes del Congreso Nacional para la reforma constitucional (…) este alto quórum carece de sentido», declaró Lovera.

 

La comisionada Magaly Fuenzalida (FRVS), por su parte, invitó a considerar un mecanismo de reemplazo constitucional, basándose en lo que pasó tras la crisis político- social que culminó con el estallido social de 2019. 

 

«No podemos arriesgarnos a tener otra Constitución sin mecanismo de reemplazo(…) Llamo a llegar acuerdo en este sentido, estoy segura que podemos concordar una fórmula para que sea una herramienta democrática y razonable» .

 

Respecto a la sugerencia de Fuenzalida, la comisionada Paz Anastasiadis (DC) señaló que su postura está por “considerar normas que sean únicamente en cuanto a modificar” y no por un cambio a la Constitución.

«Me voy abrir a considerar que estas normas sean únicamente en cuanto a modificar. Y no necesariamente a construir un cambio constitucional, porque no son las mismas condiciones de esta propuesta, las mismas condiciones de una Const que fue generada en la Dictadura», argumentó Anastasiadis. 

 

Votación de las propuestas normativas

 

En la primera sesión plenaria de la mañana, las propuestas de normas ingresadas a los capítulos 10, 11 y 12 de la propuesta constitucional fueron aprobadas por la unanimidad de las y los comisionados (24 votos a favor).

 

El detalle de cada una de estas tres votaciones, lo encuentras aquí: https://twitter.com/lanetacl/status/1643648034553593857


Y la votación de la tarde, fue la excepción a la regla. Ya que tras cuatro sesiones plenarias con aprobaciones unánimes, los dos últimos capítulos fueron aprobados solo con 22 a favor, esto al no encontrarse en sala los comisionados Gabriel Osorio (PS) y Máximo Pavez (UDI).

El detalle de cada una de estas dos votaciones, lo encuentras aquí: https://twitter.com/lanetacl/status/1643728200583847936

¿Estas normas son las definitivas? No. Y mucha atención acá, porque en esta fase no hay nada escrito en piedra, ya que a partir del martes de la próxima semana hasta el sábado 15, las y los comisionados podrán presentar indicaciones a las normas ingresadas esta semana, para cambiar o agregar aspectos a estas.

La Mesa Directiva de la Comisión Experta, Verónica Undurraga y Sebastián Soto, en el punto de prensa al final de la jornada.

 

 

El vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto (Evópoli), al final de la sesión de hoy, comentó que durante la próxima semana se trabajará en las enmiendas. Y su discusión y votación será tarea de cada una de las cuatro subcomisiones. Soto estimó que este trabajo dure entre dos a tres semanas, dependiendo del número de indicaciones que se presenten.

 


¡Que no se te pase colado!

 

Esta mañana, previo al debate, el Pleno de la Comisión Experta definió a las comisionadas Bettina Horst (UDI) y Magaly Fuenzalida (FRVS) como integrantes del Comité de Conducta.

Este Comité, dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, deberá “velar por el respeto de las normas de probidad, transparencia y ética, y de conocer y sancionar las faltas de los integrantes de los órganos que conforman el proceso constituyente”.

 

 

 

 

Ambas comisionadas conformarán este Comité junto a tres integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad, nombres que se definirán la próxima semana. Cabe destacar, que una vez que asuma el Consejo Constitucional, este deberá definir a dos consejeros para que se unan al organismo.