¡Súper martes! En la mañana, el Pleno de la Comisión Experta recibió al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para escuchar sus sugerencias constitucionales sobre el Poder Legislativo. Por la tarde, las cuatro subcomisiones retomaron el estudio y discusión de las enmiendas ingresadas a sus respectivos capítulos. Todos los detalles aquí, en tu boletín favorito.
*Por Equipo La Neta y los pasantes Raimundo Gallardo e Ignacia Gutiérrez
¿Qué se tenía presupuestado para hoy?
10:00 a 13:00 hrs:
- Sesión Plenaria N°15 de la Comisión Experta
15:00 a 18:00 hrs:
- Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
- Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos
- Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos
- Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
¿Qué pasó realmente?
Comisión Experta recibe al presidente del Senado
Esta mañana, la Comisión Experta recibió al dueño de casa del edificio del Congreso Nacional de Santiago. Se trata del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien expuso por una hora haciendo especial énfasis en tres ejes: gobernabilidad, partidos políticos y poder legislativo.
Te invitamos a leer la nota realizada por nuestro pasante Raimundo Gallardo con los puntos centrales de su intervención.
Subcomisión de Sistema Político
Esta tarde, la subcomisión de Sistema Político se reunió para continuar con la discusión de las enmiendas ingresadas a los artículos incluidos en los capítulos III. En esta sesión, se estudiaron las presentadas desde el artículo 29 hasta el 35. En este resumen, te contamos cómo fue la discusión en torno a algunas de las indicaciones presentadas.
En relación al artículo 29 del capítulo III sobre Representación Política y Participación, el comisionado Francisco Soto (PPD) explicó por qué se utilizó el término “referendos” en la norma. “En el capítulo tratamos consultas populares vinculadas al proceso de formación de la ley y eso, en el derecho comparado, se llama referendos. Distintos son los plebiscitos, que pretenden resolver temáticas a través de la participación de la ciudadanía”, argumentó.
Artículo 29 del texto aprobado en general
La comisionada Natalia González (UDI) indicó que la indicación Nº1, presentada por comisionadas/os del oficialismo, que busca que la ley establezca mecanismos para la participación progresiva de niños, niñas y adolescentes en los asuntos públicos. “Podría ser del caso precisar esa indicación para efectos de aclarar a qué espacios de participación se está refiriendo esa indicación para el grupo o categoría de personas que están indicadas ahí”, comentó.
“Respecto a cómo participarán los NNA, en qué mecanismos de participación, si son los legales o los que estamos estableciendo a nivel de la Constitución, sobre todo porque en una buena mayoría de esos mecanismos constitucionales que estamos previendo se requiere la calificación de ser ciudadano habilitado para sufragar”, complementó.
El comisionado Sebastián Soto (Evópoli) reflexionó sobre las cualidades del sufragio detalladas en el artículo 30, que son las de “personal, igualitario, secreto, informado y obligatorio”. “Sin duda, tenemos un avance en nuestra historia en la configuración del sufragio y creo que cada una de esas características tiene un sentido y un efecto de fortalecimiento de nuestra democracia”, expresó.
Artículo 30 del texto aprobado en general
También destacó la importancia del segundo inciso de ese mismo artículo. “Exige que no pueda convocarse a otras votaciones populares que las que están establecidas en la Constitución. Por lo tanto, no puede ni el legislador ni alcaldes ni otras autoridades convocar a plebiscitos que no estén expresamente consagrados”, observó.
“La pasada Convención no la contemplaba (esta norma), lo que facilitaba la conformación eventual de una democracia plebiscitaria, donde en cada momento se pensara que la salida era una consulta a la ciudadanía y no la labor ni el liderazgo de los representantes”, agregó.
La indicación Nº2, presentada por comisionadas/os del oficialismo, establece que es garantía del sufragio la cédula única electoral marcada por el elector en una cámara secreta. Fue argumentada por el comisionado Francisco Soto, quien aclaró que la intención de este articulado es “impedir que se establecieran formas laxas de votar, por ejemplo, el voto electrónico”.
“A nuestro juicio, la experiencia comparada es bastante crítica sobre este tipo de mecanismo y nosotros hemos tenido en nuestro país una certeza y resguardo de los procesos electorales de alto estándar y con este inciso buscábamos eso”, añadió Soto.
Frente al tema, el comisionado Juan José Ossa (RN) sugirió establecer el concepto detrás de la “cédula única” a la que refiere la indicación “en tanto mecanismo antifraude, más que esta clausura que podría tenernos discutiendo una reforma constitucional al poco andar, haciendo presente que al menos hoy no parece avizorarse un mecanismo a distancia que permita tener el mismo grado de certeza que hoy existe con la cédula única presencial”.
La tercera indicación, también ingresada por comisionadas/os del oficialismo, pretende que en las votaciones populares, referendos de autoridades y cuestiones de gobiernos regionales y locales sean habilitados para sufragar las personas de 16 años, con carácter voluntario.
Sobre esta enmienda, Francisco Soto explicó que esta se funda en experiencias comparadas, entre ellas, la de España a nivel de estados autonómicos. “Se habilita a dar más participación en el ámbito regional y comunal y buscando incentivar la participación de menores, según lo establece la indicación, ese es el espíritu”, indicó.
La comisionada González expresó su preocupación frente a esta indicación. “Desde mi punto de vista no tiene una explicación muy razonable de por qué nosotros, al establecer normas constitucionales, le daríamos derecho a voto respecto de esas elecciones y no de otras, por ejemplo, del Congreso”, planteó.
También puso sobre la mesa la inquietud de si este derecho iría o no acompañado de deberes asociados a las/os ciudadanos con derecho a voto. “¿Podrían ser vocales de mesa, por ejemplo? ¿Tendrían ellos también la posibilidad de eventualmente presentarse a elecciones regionales o locales o solamente el derecho a voto? Me parece que no es muy claro”, agregó.
Una opinión similar tuvo el comisionado Sebastián Soto: “Creo que es una discusión a la que todavía le falta madurez para que nosotros en este breve plazo la incorporamos a la carta fundamental del modo como aquí está planteado”. Y añadió que el Congreso podría abrir un espacio de discusión más amplia sobre el tema.
Mañana retomarán las enmiendas presentadas desde el artículo 36, dando inicio a la discusión de la normativa sobre mecanismos de participación.
Audiencias en la Subcomisión de Función Jurisdiccional
Cuatro invitados estaban citados esta tarde a la subcomisión para escuchar las opiniones respecto a las normas y enmiendas ingresadas al capítulo sobre Ministerio Público. Sin embargo, el Defensor Nacional Carlos Mora no pudo asistir por lo que la lista quedó sólo de tres personas:
- Fiscal Nacional, Ángel Valencia
- Ximena Marcazzolo, abogada y académica
- Mauricio Duce, abogado y académico
¿Y qué dijeron?
La primera presentación de la jornada estuvo a cargo del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien analizó las normas aprobadas en general respecto del texto y el capítulo del Ministerio Público.
Respecto al anteproyecto aprobado en general, manifestó su conformidad con la decisión de la subcomisión de “conservar las instituciones del Ministerio Público que han resultado positivas durante los últimos 25 años”.
Sobre la incorporación de una Fiscalía de Alta Complejidad, señaló que es “una iniciativa importante y útil que coincide con el diagnóstico compartido por el Ministerio Público”. Sin embargo, comentó su aprehensión respecto a la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos.
“Puede traer inconvenientes en el trabajo interno”, comentó Valencia debido a que la forma diseñada en el texto “genera un poder sin contrapeso al interior de la institución”.
Respecto al Consejo Consultivo comentó que le “parece favorable que exista un consejo consultivo, la idea de origen es que sea un espacio para la sociedad civil y no solo con carácter institucional”.
Los comisionados Domingo Lovera (RD) y Hernán Larraín (UDI) le consultaron su opinión respecto a la composición del Consejo Consultivo. A lo que el Fiscal Nacional contestó que el texto “podría establecer un conjunto de criterios para integrar el consejo y que la ley determine el ámbito y número de miembros”.
“La subcomisión ha recogido las críticas principales y ha hecho un esfuerzo por mitigarlas”
Con estas palabras, la académica Ximena Marcazzolo reconoció que las normas aprobadas en general responden a “las principales críticas que hoy se le hacen al Ministerio Público” que, según la académica, están centradas en “una excesiva autonomía, falta de coordinación institucional con otras autoridades y la autogeneración de autoridades”.
Críticas que han sido recogidas y mitigadas a través de normas que “establecen mayores controles y saca al Ministerio Público del ostracismo con un consejo consultivo”.
Por último, sobre la Fiscalía de Alta Complejidad, sugirió a la subcomisión revisar las preguntas sobre “qué es alta complejidad y si esta se determinará por ley o por el Ministerio Público”.
Para la académica la solución “está en establecer criterios flexibles y coordinación y transparencia entre las fiscalías regionales”, ante los problemas y preguntas que surgen sobre la Fiscalía de Alta Complejidad.
Consejo Consultivo y Fiscalía de Alta Complejidad
Por último, el abogado y académico Mauricio Duce comentó que la necesidad Consejo “surge por varias razones, entre ellas aumentar los mecanismos de rendición de cuentas del Ministerio Público”. Según Duce, esto permitiría “aumentar los niveles de transparencia y espacios de participación”.
Sin embargo, enfatizó que “la necesidad de coordinación no se resuelve con el Consejo”. Y sugirió revisar la redacción aprobada en general del Consejo, ya que “replica institucionalidad vigente”.
Según Duce si no se rompe con el diseño actual del Ministerio Público “no se abordará el problema de la imposibilidad de acceder desde fuera de la institución”.
Sobre la Fiscalía de Alta Complejidad, según la visión del académico, “debería quedar en la Constitución el principio y no la herramienta”, para “evitar que la medida quede obsoleta en 10 años”.
Subcomisión de Principios
La subcomisión tres se dio a la tarea de continuar analizando las indicaciones para el capítulo de Derechos, que se centró particularmente en el análisis de los principios contenidos en el artículo 24 bis presentado por los comisionados y comisionadas Anastasiadis, Fuenzalida, Krauss, Lagos, Lovera, Sánchez, Quezada y Undurraga.
Artículo 24 bis presentado por comisionados y comisionadas oficialistas al capítulo de Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes.
El presidente de la subcomisión, Max Pavez (UDI), cuestionó el por qué tienen que haber “principios especiales” respecto a los derechos, y su juicio no bastando los principios generales del Capítulo de Principios. Asimismo, y a su juicio, observó que son “amplios, indeterminados jurídicamente y que podrían traer algún tipo de dificultad”.
Sobre este planteamiento la comisionada Verónica Undurraga (PPD), argumentó que el Capítulo de Principios “es más amplio”, refiriéndose a todo el ordenamiento constitucional y no específicamente a la forma en que se entienden los derechos. Sin embargo, Undurraga señaló que se podrían hacer referencias u ordenarlos de otra manera.
Por su parte, el comisionado Carlos Frontaura (PR) también levantó una reflexión en torno a la observación realizada por el comisionado Pavez. “Dado que se va a proclamar un estado social de derecho (…) estamos frente a uno de los nudos críticos que tenemos que resolver, para que esto no se convierta en una cosa meramente declarativa”, indicó Frontaura.
En ese mismo sentido y con el fin de acotar los alcances de los principios, Máximo Pavez, se mostró de acuerdo con avanzar en un esquema especial para los derechos sociales prestacionales.
“La reflexión en torno al Estado social y democratico de derecho tiene que estar, tiene que ser una instalación constitucional definida y no puede ser declarativa”, añadió Pavez. Además invitó a no incluir Principios que ya están en dicho capítulo.
Finalmente, recomendó que los principios queden para materia del legislador. “El legislador penal tiene mandatos y principios específicos”, explicó. Y a modo de ejemplo, enunció que el Estado tiene que tener los máximos recursos disponibles, pero con responsabilidad fiscal”.
Ante estas impresiones, Undurraga, respondió que no fue del interés de las y los comisionados oficialistas poner principios en el capítulo de Derechos porque “no cupieron en el capítulo de Principios”. Sobre este razonamiento, explicó que se basaron en propuestas de académicos que han expuesto ante la subcomisión.
Concluyendo y, para abrirse al requerimiento de Pavez, la comisionada del PPD, estimó que estando en otras partes (los principios) se podría simplificar la norma con el fin que no haya repetición de estos y que sean especificamente pensandos en “inspirar al legislador”.
Pueblos Indígenas en la Subcomisión de Derechos
El punto en tabla de esta jornada estuvo centrado en escuchar las opiniones de los abogados Sebastián Donoso y Juan Carlos Gayo Rivera respecto de las enmiendas 240 y 243, para incorporar un nuevo artículo dedicado a los pueblos indígenas.
¿De qué tratan ambas enmiendas?
Ambas fueron ingresadas al capítulo II que contiene el catálogo de derechos fundamentales del anteproyecto, sin embargo sus autores y contenido son diferentes.
Por un lado, se encuentra la enmienda 240, ingresada por el oficialismo, busca incorporar establecer el reconocimiento de “derechos colectivos” de pueblos indígenas, como el “derecho a su propia cultura”, “reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos” y el “derecho a ser consultados”, entre otros.
Enmienda 240 ingresada las comisionadas Verónica Undurraga (PPD), Magaly Fuenzalida (FVRS), Antonia Rivas (CS) y Catalina Lagos (PS), junto con Alexis Cortés (PC), Domingo Lovera (RD) y Flavio Quezada (PS).
Y, en el otro lado, está la enmienda 243, patrocinada por la oposición, que propone agregar un nuevo artículo para asegurar el derecho de los pueblos indígenas a “preservar sus costumbres, lenguajes, cosmovisiones y tradiciones”. Junto con “el derecho de sus integrantes a no ser discriminados arbitrariamente”.
Enmienda 243 ingresada por los comisionados RN Jaime Arancibia, Teodoro Ribera, Catalina Salem, Katherine Martorell, Marcela Peredo y Juan José Ossa, junto a Sebastián Soto (Evópoli) y Bettina Horst (UDI).
Derecho a la tierra
El abogado y consejero del INDH, Sebastián Donoso, revisó en detalle ambas enmiendas presentadas, centrándose en el derecho a la tierra.
Respecto a la enmienda oficialista, Donoso revisó “el reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos”, que, según Donoso, son parte de una discusión “de máxima importancia y sensibilidad”.
Para Donoso los conceptos de territorios y recursos no tienen un “desarrollo jurídico” en la Ley Indígena actual. Y, además, la propuesta no tiene relación a como está establecido en el Convenio 169 de la OIT, que es parte del derecho interno.
“Por lo tanto, una pregunta es por qué ponerlos en la Constitución y por qué ponerlos en un lenguaje distinto”, preguntó Donoso.
En cambio, manifestó “echar de menos” en la enmienda de la oposición la referencia al tema de las tierras. Por lo que propuso incorporar “el derecho al reconocimiento y protección de sus tierras”, omitiendo las palabras “territorio” y “recursos” a partir de los argumentos expuestos para la enmienda 240.
Derechos colectivos de pueblos indígenas
La segunda exposición estuvo a cargo del abogado, consejero del INDH y perteneciente al pueblo aymara, Juan Carlos Cayo, quien comentó que en el derecho internacional de los derechos humanos “los pueblos y comunidades indígenas son titulares de derecho individuales y colectivos”, como está establecido en el Convenio 169 y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre los derechos individuales afirmó que los miembros de pueblos indígenas son titulares de estos derechos, debido a que son asegurados a todas las personas por igual. Con esta precisión, Cayo consideró importante analizar cómo se establecen y protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas en ambas enmiendas.
Sobre este punto y en relación a la enmienda 240 del oficialismo, comentó que su redacción “no sería estática” debido a que se establece una “cláusula de apertura en el reconocimiento de derechos colectivos”, a partir del principio de progresividad y no regresión en materia de reconocimiento de derecho.
A su vez, catalogó como relevante el reconocimiento de los derechos culturales en la enmienda 243 de la oposición. Sin embargo, señaló extrañar el reconocimiento a los derechos políticos territoriales a la tierra y a la consulta, como sí hace la enmienda anterior.
“¿Quedarían excluidos o no? ¿Qué sucedería con las obligaciones internacionales de las cuales el Estado está suscrito? Acá podemos comprender, todas y todos, que en la práctica, aún cuando no se señalen, no quiere decir (…) que deberían quedar excluidos estos derechos”, señaló Cayo.
¿Cuál es el itinerario para mañana?
09:00 a 12:00 hrs:
- Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
14:00 a 17:00 hrs:
- Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos
15:00 a 18:00 hrs:
- Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
