El primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast reactivó el debate sobre la paridad y el rol del Estado en la promoción de la igualdad de género.
* Por Sasha Ortega
Este martes 20 de enero, José Antonio Kast presentó su primer gabinete ministerial, compuesto por 24 ministros y ministras, con una mayoría de figuras independientes. Marca así el inicio de un nuevo periodo político que será observado con atención, especialmente por su impacto en la agenda de derechos humanos, derechos de las mujeres e igualdad de género.
La composición del equipo, además de las trayectorias y posturas públicas de algunas de las futuras autoridades, ha profundizado interrogantes respecto del compromiso efectivo del próximo gobierno con la igualdad sustantiva y la institucionalidad de género.
Si bien la presencia de mujeres en el gabinete constituye un avance en términos de representación, diversas voces han advertido que la igualdad no se mide únicamente en términos numéricos, sino también en señales políticas claras, prioridades programáticas y respaldo a las instituciones creadas para garantizar derechos.
En este contexto, genera especial preocupación que algunas autoridades designadas hayan planteado públicamente la fusión o eventual eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
La designación de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género instala un conjunto de expectativas y exigencias propias del cargo, que trascienden las trayectorias partidarias o convicciones personales. Quien encabece esta cartera tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile.
El desafío central estará en asegurar que la conducción del Ministerio contribuya a resguardar su rol estratégico dentro del Estado, promoviendo la transversalización de la perspectiva de género y el acceso efectivo de mujeres, niñas y personas gestantes a derechos consagrados por la ley.
Ministerio de la Mujer y su rol en la protección de derechos
Desde el mundo feminista y académico se advierte que relativizar la existencia del Ministerio no es una discusión neutra ni meramente administrativa. Se trata de una institucionalidad que ha permitido transversalizar la perspectiva de género en el Estado y avanzar en políticas públicas como la Ley Integral contra la Violencia, el Sistema Nacional de Cuidados, el fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, entre otras normativas fundamentales para la autonomía y protección de las mujeres.
Desde Corporación Humanas, su directora Paula Salvo del Canto señaló que: “En el contexto político actual, marcado por la reemergencia de discursos que cuestionan los enfoques de género y relativizan las políticas de igualdad el mayor riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino el debilitamiento por omisión: falta de priorización, implementación parcial y reasignaciones presupuestarias que erosionan políticas clave”.
Una de las principales preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil es que la igualdad sustantiva no sea abordada como una prioridad de Estado, lo que podría traducirse en una reducción del alcance de políticas públicas, debilitamiento institucional o retrocesos por omisión, más que mediante decisiones explícitas.
El escenario político que abre el 8M y el próximo gobierno
El hecho de que el nuevo gobierno asuma el 11 de marzo, pocos días después de una nueva conmemoración del 8M, sitúa el inicio del mandato en un momento de alta densidad política y simbólica. El 8M no es solo una fecha de movilización, sino un hito del feminismo democrático, donde convergen participación ciudadana, deliberación pública y exigencia de derechos.
En ese escenario, el movimiento feminista se posiciona no como un actor sectorial, sino como una fuerza histórica que ha impulsado transformaciones profundas y ha contribuido a ampliar la democracia hacia estándares de paridad e igualdad.
Se abre también una oportunidad para que el próximo gobierno entregue señales claras, con una disposición efectiva al diálogo con la sociedad civil y compromisos concretos que reconozcan el rol histórico del movimiento de mujeres y feministas en la ampliación y garantía de derechos para toda la ciudadanía.
