Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) quedó sin principio de proporcionalidad ni protocolos diferenciados para grupos de especial protección como niños, niñas y adolescentes.
La Sala del Senado aprobó en particular este miércoles el proyecto que establece normas sobre el uso de la fuerza para las fuerzas armadas y de orden (las policías) cuando estén en funciones de seguridad pública.
El proyecto de RUF busca tener, en una sola ley, un marco claro de acción para las FFAA en circunstancias de seguridad pública (como protección de infraestructura crítica) y para las policías. Ingresado por el Ejecutivo hace más de dos años, este proyecto ha sido uno de los ejes de la agenda de seguridad.
Luego de dos maratónicas jornadas de votación particular, hay algunos puntos que siguen sin tener consenso entre oficialismo y oposición. Incluso, algunos senadores oficialistas no han descartado que el proyecto tenga veto presidencial luego de su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Reglas de Uso de la Fuerza: puntos problemáticos
Algunos puntos de reglas de uso de la fuerza fueron especialmente problemáticos en la discusión. Dentro de ellos, se rechazó el principio de proporcionalidad, algo que lamentó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicando que tener ese principio le daría más certezas jurídicas y operativas a las fuerzas armadas y policiales.
“No es lo mismo racionalidad (necesidad de actuar) que proporcionalidad (grados de fuerza)”, señaló. Para la oposición, este principio sólo permitiría que la justicia procese y condene aun más a los funcionarios policiales y de las FFAA.
Por otro lado, se rechazó el uso diferenciado de la fuerza para grupos de especial protección como niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, se eliminó el inciso que buscaba evitar que el armamento no letal (como agua o lacrimógenas) se apunte directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona.
El debate sobre la Justicia Militar
Uno de los puntos controvertidos fue que senadores de oposición pidieron reponer la indicación que permitía que la Justicia Militar viera los casos en que un uniformado cometiera un delito contra civiles.
Esta indicación, de especial preocupación para el oficialismo desde su tramitación en la Cámara, ha sido definida como un retroceso en Derechos Humanos ya que amplía el ámbito de acción de los tribunales militares.
Además, el ministro Cordero señaló que “entregar la competencia a tribunales militares es alterar la regla de persecución penal y eso es grave”.
Finalmente, la indicación fue declarada admisible en la Sala, pero no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. No se descarta que la oposición vuelva a intentar reponerla en su siguiente trámite.
