Algunas llevan más de una década de tramitación y otras abordan formas de violencia y discriminación que todavía carecen de respuestas legales suficientes. Su avance depende ahora de las prioridades legislativas y los acuerdos que se alcancen en la Cámara Alta.
Por: Camila Ferreira Ormeño.
Sonia Arce Esparza estaba casada bajo sociedad conyugal y no podía administrar libremente los bienes que le pertenecían, ni siquiera la herencia que recibió de sus padres. Denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en 2007, este firmó un acuerdo de solución amistosa comprometiéndose a modificar la Ley. Casi veinte años después, la deuda sigue abierta.
La igualdad de derechos entre mujeres y hombres continúa siendo una tarea pendiente en nuestro país. Mientras diversas organizaciones feministas y de derechos humanos han impulsado durante años reformas para erradicar la discriminación y la violencia de género, diversos proyectos de ley permanecen sin avanzar en el Senado.
Junto al proyecto para modificar disposiciones discriminatorias que persisten en la sociedad conyugal, se encuentran las destinadas a garantizar una atención ginecológica y obstétrica libre de violencia; a mejorar el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis; a proteger los derechos de las mujeres embarazadas privadas de libertad; a lograr avanzar hacia la igualdad salarial y sancionar la violencia digital.
Las iniciativas comparten un elemento: buscan abordar desigualdades que afectan directamente la autonomía, la salud, la seguridad y los derechos económicos de las mujeres. Sin embargo, sus tiempos de tramitación evidencian las dificultades para transformar estas demandas en reformas legales.
Solo el marido administra en Chile
Ingresado el 5 de abril de 2011, el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal (Boletín 7567-07), está en segundo trámite constitucional y, desde diciembre de 2025, en la Comisión de Constitución del Senado. Propone eliminar las normas que mantienen al marido como administrador preferente de la sociedad conyugal y reconoce la plena capacidad de ambos cónyuges para administrar los bienes sociales y propios. Su aprobación permitiría cumplir el acuerdo de Chile con la CIDH hace 19 años y saldar lo que es considerado una de las principales deudas legislativas del Estado en igualdad de género.
Igualdad salarial: más de una década en el papel (Boletín 10576-13).
Ingresado el 15 de marzo de 2016, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres (Boletín 10576-13), se encuentra en su segundo trámite. Específicamente desde el 28 de marzo de 2025 en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Este busca fortalecer el principio de igualdad de remuneraciones por un mismo trabajo o por trabajos de igual valor, e incorpora transparencia, comparación objetiva de sueldos, fiscalización y procedimientos para corregir discriminaciones. La brecha salarial es una de las expresiones más persistentes de la desigualdad económica y, si el proyecto avanzara, podría incidir en la autonomía económica de las mujeres, su participación laboral y las brechas previsionales futuras.
Madres, niños y niñas tras las rejas
El proyecto de ley Sayén (Boletín 11073-07), fue presentado el 4 de enero de 2017. Este modifica el Código Procesal Penal respecto de la prisión preventiva y la suspensión de la ejecución de la sentencia para mujeres embarazadas o con hijos e hijas menores de tres años para permitir medidas alternativas siempre y cuando sean compatibles con la seguridad pública y el interés superior de la niñez. Lo que se busca es incorporar una mirada de género a un sistema penal que suele ignorar que las mujeres privadas de libertad asumen labores de cuidado. Actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional en el Senado y, desde el 22 de julio de 2025, en la Comisión de Constitución. Sin embargo, su urgencia fue retirada el 2 de septiembre de 2025.
Violencia gineco-obstétrica
El proyecto de ley que establece derechos en la gestación, el preparto, el parto, el postparto, el aborto y la salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia ginecoobstétrica (Boletín 12148-11), fue ingresado el 2 de octubre de 2018 y se encuentra en segundo trámite desde el 21 de marzo de 2023. Lo que pretende es regular el acompañamiento durante el parto, el respeto a las decisiones clínicas informadas y mecanismos de reclamo. Además, pretende responder a una demanda sostenida de organizaciones de usuarias, matronería y derechos humanos, y va en la línea de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres.
Violencia digital: la que crece más rápido
Ingresado el 1 de diciembre de 2020, el proyecto de ley que tipifica y sanciona la difusión no consentida de imágenes íntimas, el hostigamiento digital y otras conductas que afectan la integridad y la privacidad en entornos digitales (Boletín 13928-07); se encuentra en segundo trámite, estancado desde el 28 de octubre de 2025 en la Comisión de Constitución del Senado. Busca combatir con un enfoque de género y el consentimiento como eje, combatir la violencia digital que golpea especialmente a mujeres jóvenes, periodistas, defensoras de derechos humanos y figuras públicas, que lamentablemente se topa -hasta hoy- con vacíos normativos para ser perseguida.
Del “dolor menstrual” a un problema de salud pública
El proyecto de ley que crea una regulación específica para una enfermedad crónica subdiagnosticada y subtratada por sesgos de género (Boletín 14750-11), fue ingresado el 14 de diciembre de 2021 en el Poder Legislativo. Actualmente, está en segundo trámite – en la Comisión de Salud del Senado- desde el 9 de enero de 2026. Contempla un diagnóstico oportuno, tratamientos integrales, guías clínicas, un registro nacional, centros especializados y la formulación de mecanismos de preservación de la fertilidad. Su aprobación impactaría la calidad de vida, la salud mental, la capacidad laboral y los derechos reproductivos de miles de mujeres en nuestro país.
Las seis iniciativas tienen un elemento común: proponen modificar condiciones institucionales que afectan el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.
El tiempo transcurrido desde el ingreso de estos proyectos permite dimensionar la extensión de sus respectivos procesos legislativos.Sin embargo, para determinar las causas de cada demora es necesario examinar sus antecedentes particulares, las indicaciones presentadas, los acuerdos alcanzados y la actividad de las comisiones correspondientes.
El desafío del Senado ahora es abordar estas discusiones y definir el futuro de iniciativas que involucran compromisos internacionales, demandas de organizaciones de mujeres y materias fundamentales para la igualdad de género. Porque el reconocimiento de los derechos no termina con la presentación de un proyecto de ley: requiere debate democrático, decisiones legislativas y mecanismos que permitan garantizar su ejercicio efectivo.
