Seguimos educando a las víctimas, no a los agresores

Por Natalia Reyes Inostroza, abogada. 

Hay aprendizajes que las mujeres incorporamos desde muy pequeñas sin que nadie los cuestione, como volver acompañadas, compartir la ubicación cuando regresamos de noche, desconfiar de ciertas situaciones, cambiar de recorrido si algo nos parece extraño y mantenernos siempre alertas. Son conductas que repetimos casi de manera automática porque crecimos escuchando que nuestra seguridad dependía también de esas precauciones. Lo inquietante es que ese esfuerzo permanente por enseñarnos a prevenir rara vez encuentra un equivalente cuando la conversación se dirige hacia quienes ejercen la violencia.

El proyecto de ley «Escucha su corazón» volvió a instalar un debate que divide opiniones. Habrá quienes consideren que representa una medida de protección de la vida y quienes sostengan que incorpora una presión innecesaria sobre mujeres que enfrentan circunstancias dolorosas. Ambas posiciones forman parte de una discusión democrática. Sin embargo, mientras esa controversia ocupa el centro de la agenda, otra realidad continúa desarrollándose con una normalidad que debería incomodarnos mucho más.

En Chile, una de las tres causales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo corresponde a los casos de violación. Esa sola circunstancia basta para recordar que antes de cualquier procedimiento médico existió un delito, una víctima y un agresor. Sin embargo, cuando la discusión pública se instala, la atención parece desplazarse hacia lo que sucede después, dejando en segundo plano aquello que hizo posible llegar hasta ese escenario.

Seguimos enfrentando investigaciones que se prolongan durante años, víctimas que abandonan los procesos por agotamiento o desconfianza y sistemas de protección que reaccionan cuando el daño ya está hecho. La violencia sexual continúa siendo una de las formas más invisibilizadas de violencia, pese a que sus efectos atraviesan la vida de quienes la sufren mucho después del proceso judicial.

La prevención sigue ocupando un lugar secundario. Hablamos poco de educación afectiva, consentimiento, relaciones basadas en el respeto y políticas públicas capaces de intervenir antes de que una agresión ocurra. Tampoco existe la determinación para mejorar la persecución penal, reducir la impunidad o fortalecer el acompañamiento de las víctimas. Pareciera más sencillo debatir sobre las decisiones que una mujer debe adoptar después de una agresión que asumir la responsabilidad colectiva de evitarla.

Durante décadas hemos construido un discurso que deposita buena parte de la prevención sobre las mujeres. Cambiamos nuestras rutinas, adaptamos nuestros horarios y desarrollamos estrategias para sentirnos un poco más seguras. Mientras tanto, la conversación dirigida a quienes ejercen la violencia sigue siendo insuficiente.

Proteger la vida también significa impedir que una niña, una mujer o cualquier persona sea víctima de abuso sexual. Significa poder denunciar sin temor a sufrir revictimización y contar con un sistema que responda con eficacia frente a quien cometió el delito.

El debate sobre «Escucha su corazón» continuará porque toca convicciones profundas. Lo preocupante sería que, una vez más, concentráramos toda nuestra atención en las consecuencias y dejáramos intactas las condiciones que permiten que miles de mujeres y niñas sigan enfrentando violencia sexual cada año. Ninguna sociedad puede conformarse con administrar el daño cuando todavía tiene una enorme deuda: impedir que ese daño ocurra.