*Por Alihuen Antileo Navarrete
Durante la historia de nuestro país, nada ha sido más renegado que los derechos de los pueblos indígenas, así como nuestra cultura, tradiciones e historia, misma que muchos han querido borrar con el dedo. Una y otra vez, con el paso de cada gestión gubernamental, nuestros derechos se han visto postergados, sin ninguna intención por parte de quienes hacen -y son la política- en nuestro país de cambiar esa situación.
En este contexto, y tras lo sucedido en la revuelta del 2019, nos enfrentamos a un nuevo proceso constituyente, el segundo desde que “Chile Despertó”. Un proceso con otras reglas, restricciones, candados y poca participación de quienes conformamos este hermoso y diverso territorio nacional. Una vez más, nos han tratado de hacer a un lado a quienes somos la raíz de este país, limitando nuestra participación a la invisibilidad en este nuevo proceso constitucional.
Si bien, el actual proceso se definió con otras formas y funcionamiento, donde hay menos participación, información e interés por parte de las personas; y tras la derrota del Apruebo en los últimos comicios del 4 de septiembre del 2022, trae consigo una escueta participación y varias trabas a los cambios estructurales que requiere Chile y en particular a las necesidades y problemáticas de los pueblos indígenas. Sin embargo, es preciso estar y plantear nuestras opiniones y demandas para no dejarles el juego a los mismos de siempre.
Desde esta mirada, y tras décadas de lucha resignificando nuestros derechos, para dejar la subterraneidad institucional en la que nos han sometido. Insistimos con los escasos recursos y pequeñas rendijas que nos dejaron para entrar y ser parte de este nuevo proceso constituyente. Nos urge consagrar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos, reconocimiento que va más allá de reconocer a Chile como un estado plurinacional y diverso, sino al reconocimiento y entrega tácita de derechos, no de manera tan amplia como lo hacía la rechazada propuesta constitucional que presentaba 20 normas relacionadas a los pueblos indígenas, en materia de reconocimiento constitucional, consagración de derechos a la autonomía, recuperación de tierras indígenas y escaños reservados, entre otros. Y esto no porque no se quiera, sino por los candados que tiene este nuevo proceso. Queremos que nuestras voces, problemáticas y soluciones sean plasmadas de manera consciente y fidedigna con nuestras realidades en la nueva propuesta de Carta Magna.
Así, está demás indicar que vamos por planes específicos para indígenas en materia de salud, vivienda y trabajo. Y la valorización e inserción de nuestras culturas y prácticas en la enseñanza, el aprendizaje de nuestra lengua, historia y cultura indígena, que deben estar presentes en la educación pública chilena, porque es necesario mantener el patrimonio de los pueblos indígenas vivo, en las y los niños, jóvenes y todas las generaciones. Es imprescindible que conozcan la historia de nuestro país generoso.
Creo en la participación activa como un garante de la democracia. La promovemos y también la respetamos como pueblos indígenas, pero es preciso tener representación donde se toman las decisiones, ya que sin ella es muy difícil realizar mejoras estructurales a las problemáticas que enfrentamos día a día quienes pertenecemos a los pueblos indígenas. En esta línea, la participación en el Congreso y una ley de presupuesto se vuelven fundamentales para la resolución a nuestros conflictos que tienen que ver con la invisibilización y barreras a nuestra participación, que se han encargado de construir distintos sectores políticos y de la sociedad civil en nuestro país.
Considerando la participación de los pueblos indígenas en el Congreso, por ejemplo, donde en la actualidad solo tenemos representación en la Cámara Baja con dos diputadas de 155 integrantes. Sin duda teníamos más representación en el pasado proceso constitucional con 17 escaños reservados para los 10 pueblos preexistentes de Chile.
Esto deja al descubierto la discriminación histórica a la que nos ha expuesto el Estado y la clase política para eliminarnos del lugar donde se toman las decisiones. Sin ir más lejos, el actual proceso donde se eligieron expertos recomendados por partidos y parlamentarios, no hay un solo indígena. Y, por si fuera poco, a los dos candidatos que vamos por un cupo para consejeros constitucionales -este 7 de mayo-, las actuales reglas nos exigen un piso de 190.000 votos para ocupar una silla, lo que resulta descabellado y hasta poco honesto.
Varias son las deudas del Estado chileno con los pueblos indígenas. La que más resuena es la recuperación de tierras. Por eso también llevaremos como propuesta la elaboración de un catastro, para que haya restitución y resguardo de tierras indígenas en nuestro país. Una deuda histórica que tienen el Estado con los pueblos de Chile y que no ha sabido resolver de otra forma que no sea la militarización en el Wallmapu, por ejemplo.
Desde esta vereda me paro para alzar la voz y llevar las problemáticas, necesidades y derechos que debemos consagrar en esta nueva oportunidad como pueblos indígenas de Chile para una nueva Constitución. Y el primer paso para lograrlo es mediante la elección de la papeleta verde este 7 de mayo.
*Alihuen Antileo Navarrete es candidato a Consejero Constitucional por los pueblos indígenas.
