*Por Carolina Rubilar Lozano
Este martes fueron entregados los puntajes de las personas que rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), antigua Prueba de Selección Universitaria (PSU) y más antigua Prueba de Aptitud Académica (PAA). Inmediatamente los medios de comunicación dieron la cobertura tradicional, con notas del tipo: ¿Cuánto cuestan los colegios que sacaron los puntajes más altos?, desayuno de los mejores puntajes con el Presidente de la República, la meritocracia de los estudiantes que se esforzaron muchísimo por un buen puntaje, el caso emblema de este año fue el de un chico que dormía cuatro horas diarias mientras se preparaba para la prueba –un atentado contra la salud- y, por supuesto, la comparación entre los colegios públicos y privados.
Ni una hora se demoró la derecha y sus principales representantes en rasgar vestiduras por los resultados de los colegios públicos, especialmente de los liceos emblemáticos, inmediatamente se instaló la idea de una educación pública en crisis. ¿Cuánto tiempo llevan las y los estudiantes secundarios diciéndonos esto? ¿Se les olvidó acaso la Revolución Pingüina de 2006? ¿Las grandes movilizaciones estudiantiles de 2011? ¿No es acaso este mismo sector el que pone el grito en el cielo cuando el estudiantado marcha por la Alameda pidiendo condiciones dignas para educarse?
No hay que ser una genia para ver e interpretar las muchísimas diferencias en las condiciones materiales que existen entre los colegios públicos y privados. Los primeros, tienen en muchas ocasiones más de 40 estudiantes por curso, infraestructuras deficientes, sobrecarga laboral para las profesoras, profesores y trabajadores de la educación. Mientras que en los colegios privados las condiciones son completamente diferentes, especialmente cuando hablamos de aquellos colegios donde se educa la élite, aquellos que se pagan en UF y que suelen obtener los mejores puntajes.
Durante años, el caballito de batalla de la educación pública estuvo en el rendimiento de los reconocidos liceos emblemáticos, tales como el Instituto Nacional o el Liceo N°1 Javiera Carrera, en donde las hijas e hijos de la clase trabajadora podían tener la oportunidad de recibir una buena educación, siempre orientada al acceso a la educación universitaria. ¿Cómo obtenían estos brillantes puntajes? Seleccionando, trayendo a sus aulas a puras “sandías caladas”, estudiantes de excelente rendimiento, en general con un gran respaldo familiar. ¿De quién era el mérito de las instituciones educativas o de las y los estudiantes? Esto sin ahondar en la tremenda presión a la que eran sometidos, en donde a cada momento se les hacía sentir que eran muy privilegiados por estar ahí, llevándolos en muchas ocasiones a situaciones de estrés y problemáticas de salud mental. Nadie se merece eso a los 15 años, ni a ninguna edad.
Mientras esto ocurría, eran cientos los niños y niñas que pese a ser los mejores promedios de sus colegios en las periferias de Santiago, no lograban un cupo en los emblemáticos, y miles quienes no tenían siquiera la posibilidad de postular debido a sus notas, y que, por lo tanto, eran condenados a lo que había. La educación pública tiene que ser para todos y todas, para los estudiantes a quiénes les cuesta más o menos, para las estudiantes con o sin un respaldo familiar, para las y los que tienen buenos y malos promedios, es algo que debemos defender hoy con más fuerza que nunca frente a los chantajes y manipulaciones de los sectores que quieren volver a la selección.
De los 20 colegios que obtuvieron mejores puntajes, 19 son privados y 3 son de otras regiones que no sea la Metropolitana. La solución no puede ser que las familias deban desembolsar un tercio –por lo menos- de sus ingresos en colegios privados o que deban trasladarse a la capital nacional. Los esfuerzos deben ir siempre al fortalecimiento de lo público, en todos los rincones del país, más inversión, más infraestructura, más voluntad política y amor para las y los estudiantes.
*Carolina Rubilar Lozano es integrante de la Coordinadora Feminista 8M
