En su visita a Chile, la relatora Gina Romero abordó particularmente las consecuencias y aprendizajes del Estado luego del estallido social.
El miércoles 23 de julio la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, terminó una visita de 10 días en Chile.
La relatora estuvo en Santiago, Valparaíso, Temuco y San Antonio. Durante su visita se reunió con autoridades de gobierno y de otras instituciones, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otras personas.
Romero señaló que con esta visita buscaba saber si el Estado tiene avances y aprendizajes en torno al derecho a la libertad de reunión pacífica. Esto, particularmente luego de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza durante el estallido social de 2019.
Justicia y reparación en el estallido social: Hay avances, pero son insuficientes
La Relatora Gina Romero abordó cómo los gobiernos han enfrentado el periodo posterior al estallido social, en particular, cómo ha sido el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los DDHH. “A casi seis años del estallido, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas siguen siendo muy limitados”, señaló.
Romero indicó que si bien ha habido programas de reparación y pensiones de gracia, han sido insuficientes, lo que provoca una sensación generalizada de impunidad para las víctimas y sus familias. Tampoco ha sido un aporte a la reparación integral el que no han existido medidas orientadas a la memoria colectiva, como disculpas públicas o actos conmemorativos.
Por el contrario, la relatora identificó discursos públicos que “tienden a deslegitimar las manifestaciones pacíficas y estigmatizar a quienes ejercen su derecho a la reunión pacífica”. Para la experta, es necesario que el país avance hacia un relato común del estallido, que recuerde las demandas colectivas que lo originaron y que siguen insatisfechas en su mayoría.
Desincentivos a la movilización en Chile
“El derecho de reunión constituye una de las garantías esenciales para el ejercicio de una sociedad democrática”, declaró la Relatora. Sin embargo, señaló, hay diversos aspectos que desincentivan la asociación y movilización ciudadana.
En el caso de Chile, señaló que algunas leyes como la ley “Antitomas”, la ley “Antibarricadas” y la ley de “Aula Segura”, además del control de identidad preventivo, comparten un “enfoque punitivo que tiende a criminalizar la protesta y a desalentar la movilización”.
Pero no solo las leyes desincentivan la movilización. Consultada por La Neta, la Relatora señaló que la sensación generalizada de impunidad luego del estallido social también genera que la ciudadanía no quiera reunirse para hacer demandas colectivas. “Sobre todo si todavía hay dudas sobre la posible acción policial”, añadió.
“Cuando no hay garantías de no repetición, cuando la justicia no ha llegado de forma completa y la reparación integral todavía está pendiente, eso desincentiva la acción de movilización y de reunión”, explicó a La Neta.
Preocupación por Reglas del Uso de la Fuerza
Si bien la Relatora sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación valoró la mejora de protocolos y formación de Carabineros luego del estallido, señaló que aún hay puntos de preocupación respecto a su actuar.
Uno de ellos es el proyecto de ley de Reglas del Uso de la Fuerza, que está en el Congreso en tercer trámite constitucional. Las reglas del uso de la fuerza son relevantes para la libertad de reunión pacífica, ya que deja en claro a la ciudadanía y a las fuerzas de orden y seguridad cuál puede ser el actuar en el caso de las movilizaciones.
La Relatora señaló que es “muy problemático, sobre todo por la eliminación del principio de proporcionalidad, que es la esencia para que el uso de la fuerza respete los derechos humanos”.
“El uso de la fuerza no puede ser utilizado de forma indiscriminada: cada acción requiere una fuerza proporcional”, explicó. Finalmente la recomendación de la Relatora fue no aprobar este proyecto de ley y que si el Estado vuelve a traer la discusión lo haga con unas normas que respeten los principios del uso de la fuerza según los estándares internacionales.
