Diversas iniciativas legales orientadas a garantizar derechos y reducir desigualdades continúan sin aprobación en el Congreso, pese a su impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía. En esta nota revisamos algunos de esos proyectos de ley pendientes.
*Por Sasha Ortega
Estamos a solo semanas de una nueva conformación de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la mitad del Senado, luego de las elecciones de noviembre de 2025. En esta nota, revisamos algunos proyectos de ley pendientes y que deberán ser tramitados por el próximo parlamento.
Proyectos vinculados a la violencia digital, el postnatal parental y el régimen de sociedad conyugal evidencian cómo la demora legislativa tiene consecuencias concretas, especialmente para mujeres, niñas, niños y familias.
Violencia digital
Uno de los proyectos más urgentes es el que busca prevenir y sancionar la violencia digital (Boletín 13928-07), una forma de agresión que se ha intensificado con el uso masivo de las redes sociales y las plataformas digitales, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. La falta de una normativa específica deja a las víctimas sin los mecanismos de protección, reparación y sanción, normalizando prácticas de acoso, hostigamiento y vulneración de derechos en entornos digitales.
Este proyecto, ingresado en 2020 como Moción a la Cámara de Diputadas y Diputados ya se encuentra en segundo trámite constitucional y ha recibido apoyo transversal de las bancadas. En específico, se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La aprobación de esta ley permitiría reconocer la violencia digital como una expresión de desigualdad estructural, fortalecer las políticas de prevención y avanzar hacia espacios digitales más seguros para mujeres, niñas y adolescentes.
Postnatal parental de un año
En el ámbito de los cuidados, el proyecto que extiende el postnatal parental (Boletín 17049-13) plantea una reforma sustantiva al esquema vigente, que actualmente otorga a los padres solo cinco días de permiso obligatorio, reforzando la concentración del cuidado en las mujeres. La iniciativa propone avanzar hacia un postnatal de hasta un año para las madres, junto con la ampliación del permiso paternal a 30 días, promoviendo una mayor corresponsabilidad en la crianza.
Esta moción fue ingresada en mayo de 2024 a la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasó por la Comisión de Economía, la de Trabajo y Seguridad Social y la de Hacienda. Desde noviembre de 2025 está pendiente a su votación general en la Sala para pasar al Senado.
El debate legislativo ha permitido identificar áreas de perfeccionamiento para evitar efectos no deseados en el mercado laboral. Expertas han advertido que, para no profundizar la brecha de contratación femenina, es clave transitar hacia un modelo de corresponsabilidad real, incorporando permisos exclusivos y no transferibles para los padres.
De aprobarse con estos criterios, esta medida podría mejorar el bienestar de niñas y niños en sus primeros meses de vida, contribuir a reducir las brechas laborales y salariales de género, y fortalecer la estabilidad económica y emocional de las familias.
Régimen de Sociedad Conyugal
También se mantiene en tramitación la modificación al régimen de sociedad conyugal (Boletín 7727-18), proyecto que cuenta con respaldo en la Sala del Senado y que acumula más de 14 años de discusión legislativa.
La propuesta legislativa reemplaza la figura del marido como administrador exclusivo de los bienes por un modelo de igualdad de derechos entre cónyuges -en matrimonios de distinto y mismo sexo- y deroga disposiciones del Código Civil que establecen un patrimonio reservado para la mujer casada.
Esta reforma permitiría que ambos cónyuges administren los bienes sociales y que los inmuebles adquiridos mediante subsidios habitacionales sean considerados bienes familiares con protección jurídica específica, fortaleciendo la autonomía patrimonial de las mujeres y la seguridad económica de las familias.
La aprobación de estos proyectos no solo supone avances normativos, sino también mejoras concretas en la calidad de vida de la ciudadanía. Mantenerlos postergados perpetúa brechas, inseguridades y desigualdades que afectan el ejercicio pleno de derechos. Avanzar en su tramitación representa una oportunidad para fortalecer la democracia y responder a demandas sociales largamente postergadas.
