Organizaciones sociales y convencionales se unieron para defender el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, la cual establece el rol de Estado en garantizar derecho a la alimentación para que todas las personas tengan “acceso físico y económico a una alimentación sana, saludable y diversa.
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (CODEMA) y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en conjunto con la constituyente, Alejandra Flores Carlos, presentaron una propuesta única que canaliza distintas iniciativas populares de norma presentadas por las organizaciones en torno al Derecho de Alimentación para ser discutida en la Convención Constitucional.
Desde distintas partes del país, llegaron hasta calle Compañía un grupo de personas, mayoritariamente mujeres, con alimentos típicos de sus territorios y pueblos, con un único propósito: promocionar y defender el derecho a la alimentación. «De la tierra sale el trigo, y del trigo sale el pan, y del pan nace el derecho, el derecho a comer pan», era el cántico que inundó el ex Congreso.
Alimentos típicos de los territorios
Estas organizaciones sociales plantean que para garantizar el Derecho a la Alimentación se requiere el fortalecimiento de “la agricultura campesina e indígena, de la recolección artesanal, y del canal alimentario agropesquero tradicional”, sectores que, según dicen, “han sido históricamente postergados y desfavorecidos por décadas de políticas agrícolas y alimentarias que han privilegiado la agroexportación y la distribución y comercialización de alimentos a través de canales altamente concentrados”.
Además, ponen especial énfasis en que las más perjudicadas del sector “son las mujeres, que contribuyen con porciones crecientes y en algunos casos mayoritarios de la producción y el trabajo, pero no cuentan con los apoyos necesarios ni con acceso igualitario a recursos y oportunidades”.
Mujeres defensoras del Derecho a la Alimentación en el ex Congreso. Fotografía de Javier Morales.
Aurora Cayo es una cocinera tradicional Aymara, ganadora del Premio de la Cultura Margol Loyola 2020 y Yapiri, es decir, mujer sabia espiritual andina. Junto a las otras mujeres, Aurora llegó hasta el ex Congreso para apoyar la iniciativa de norma.
“Que tu alimento sea tú medicina, hablamos nosotros los pueblos originarios. Es importante que dentro de las normas de la nueva Constitución estén los derechos de los alimentos y los derechos de la madre tierra”, nos dijo Aurora. La integrante de la agrupación Anamuri, que vino desde el norte del país, agregó que “el alimentarse no es solamente comer, no es llenarse solamente el estómago, sino que lleva toda una connotación, para nosotras, el tema del alimento”.
«Papa chuño»: se cosecha en junio para iniciar un proceso de deshidratación, el cual permite conservarla hasta por 30 años. Es un proceso ancestral con su ritualidad, nos explicó Aurora Cayo.
Con esta motivación y lucha, Anamuri presentó una Iniciativa Popular Constituyente: “Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos”. Esta busca reunir las 15 mil firmas necesarias para ser deliberada en la Convención Constitucional.
En la plataforma digital, hay al menos cuatro INP que hablan del derechos a la alimentación y soberanía alimentaria. Sin embargo, reunir esta cantidad de firmas es un difícil misión. Por esta razón, los y las convencionales idearon esta propuesta de norma constitucional que aborda dichos temas, unificándolos e ingresándolos directamente a la comisión de Derechos Fundamentales.
En el texto presentado las y los patrocinantes explican que “el modelo agroexportador chileno, por su parte, ha hecho de Chile un país cada vez más dependiente en relación a la alimentación(…) Una consecuencia es que el abastecimiento alimentario en Chile está crecientemente fragilizado y sometido a los vaivenes del comercio internacional; en momentos como los de la pandemia que actualmente nos afecta, esto se ha traducido en un aumento de la inseguridad alimentaria especialmente entre los sectores más pobres”.
En un articulado de seis puntos, buscan que se establezca el deber del Estado en garantizar derecho a la alimentación para que todas las personas tengan “acceso físico y económico a una alimentación sana, saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre”.
Asimismo, establece que “es deber del Estado resguardar, promover y apoyar la agricultura campesina e indígena, la recolección artesanal y el canal alimentario agropesquero tradicional”.
Para que conozcas los detalles, te adjuntamos la propuesta de norma aquí:
Derecho a la Alimentación ANAMURI (1)
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El derecho a una alimentacion saludable y justicia a la violencia de género