*Por Virginia Guzmán
La masificación del reconocimiento de la violencia hacia las mujeres es visto como un problema a ser enfrentado por los Estados, gracias a la acción persistente de las organizaciones de mujeres y feministas. Esto ha dado lugar a convenciones, normas constitucionales e instancias jurídicas en pro de formas de convivencia más justas, respetuosas y democráticas.
La inclusión de distintos tipos de violencia en las agendas públicas es producto de largos procesos de aprendizajes personales, sociales y políticos. Han sido siglos de sufrimiento, pero también de resistencia, de protesta, de diagnósticos sucesivos y de producción de conocimiento para hacer visible la existencia de la violencia contra las mujeres y su consideración como una expresión de ejercicio de poder y dominación. ¿Cuántas hijas e hijos han sido testigos de madres maltratadas? ¿Cuántas madres quedan preocupadas de que sus hijas sean violentadas en el transporte y en las calles? ¿Cuántos padres y madres están atentos a las posibles manifestaciones de violencia de la que podrían ser objeto sus hijas por parte de sus parejas? ¿Y el temor extremo a que sean dañadas o asesinadas?
Ha sido la acción de las mujeres, de todos los sectores, clases, etnias y países que, a través de redes de solidaridad tejidas a nivel territorial, nacional y global, ha develado las distintas expresiones de violencia: física, psicológica, económica, sexual, digital, el irrespeto y los maltratos, entre otras. Fue necesario que pasaran años para que la violencia dejara de considerarse como un tema privado-cultural sin repercusión alguna en la convivencia democrática. Y otros largos años para que fuese definida como delito. Hoy requerimos que una vida sin violencia sea definida como un derecho fundamental.
El problema de la violencia contra la mujer es abordado en el derecho internacional, y a nivel regional, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Al suscribir estos tratados el Estado de Chile está obligado a adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres.
En el país se han aprobado distintas leyes al respecto a partir de 1994. Actualmente, en el Congreso Nacional continúa en tramitación, desde 2017, el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pese a los avances legislativos y la implementación de políticas y programas, es preocupante que la violencia de género no se elimine y pareciera exacerbarse cuando las mujeres avanzan en derechos, lo que pone de manifiesto fuertes resistencias culturales y miedo a la pérdida del poder patriarcal.
El reconocimiento al derecho a una vida libre de violencia es un avance que debería estar explícitamente señalado en la nueva Constitución, para consolidar nuevas formas de convivencia social y responder así a los anhelos de las niñas y las mujeres por una sociedad más humana y solidaria.
*Virginia Guzmán es subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM).
