La indicación presentada por el Gobierno que obligaría a hospitales, colegios, jardines infantiles y otras instituciones a reportar antecedentes de personas migrantes en situación irregular para facilitar eventuales expulsiones representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Convertir espacios esenciales de protección social en mecanismos de vigilancia migratoria erosiona principios básicos del Estado de Derecho. La salud y la educación no pueden condicionarse al estatus migratorio de las personas. Cuando acudir a un consultorio, matricular a un hijo o asistir a un jardín infantil puede transformarse en una vía de identificación y expulsión, lo que se genera es miedo, desprotección y clandestinidad.
Este tipo de medidas no resuelve la crisis migratoria, sino que empuja a las personas fuera de los sistemas institucionales, dificultando el acceso a vacunas, controles de salud, educación y redes de protección, con especial impacto en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estos espacios deberían ser seguros para todos y todas.
Una política migratoria democrática requiere instituciones eficaces y regularización, no medidas que transformen derechos sociales básicos en herramientas de control y persecución.
Firman: Paula Salvo Del Canto, directora Corporación Humanas; Michel-Ange Joseph, presidenta Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS); Catalina Bosch Carcuro y Vanessa González Peña, directoras Organización Migrantas ; María Elena Vásquez, directora Corporación Colectivo sin Fronteras y Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo Movimiento Acción Migrante
