El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó los avances en las condiciones carcelarias de las mujeres privadas de libertad. Infraestructura, salud y reinserción fueron algunas de las aristas abordadas.
Esta mañana el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó la primera presentación de los avances en las condiciones de las mujeres privadas de libertad. Esto en el marco del plan que fue presentado el año pasado y que contempla medidas en torno a infraestructura, acceso a la salud, procedimientos penitenciarios y reinserción.
El Ministro Luis Cordero señaló que luego de décadas con una perspectiva de seguridad enfocada exclusivamente en lo punitivo se han visto consecuencias no previstas en las cárceles. “No solo problemas de disponibilidad de plazas, sino también degradación de las condiciones de los establecimientos y la dignidad de las personas en su interior”, explicó.
Cordero también afirmó que como Ministerio han hecho énfasis en mejorar el sistema penitenciario y en especial en lo que concierne a las mujeres. “Es crucial entender que las mujeres privadas de libertad no solo son infractoras de ley, también son víctimas de un sistema de persecución penal que perpetúa la exclusión social y que tiene consecuencias en las trayectorias de vida de esas mujeres, de sus familias y particularmente de sus hijos”, enfatizó.
Por esta razón es que una de las medidas del plan de trabajo fue realizar un estudio que caracterizara las trayectorias de vida de las mujeres privadas de libertad por delitos de la ley 20.000 (o Ley de drogas). Cabe mencionar que un 48% de las mujeres privadas de libertad están en esa condición por delitos de la ley de drogas, una cifra alta en comparación con la de los hombres, con solo un 16%. Los resultados de ese estudio también fueron presentados en esta instancia.
-
Avances en infraestructura
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, presentó los principales avances en el plan de mejoramiento de las condiciones carcelarias de las mujeres. En cuanto a infraestructura y habitabilidad se inauguró un Centro Penitenciario Femenino (CPF) en Bulnes y nuevas dependencias en la sección femenina de la cárcel de Punta Arenas, incluyendo la sección materno-infantil.
Sobre este último punto destacó que fue posible con la inversión, de casi 733 millones de pesos, del Gobierno Regional de Magallanes. “Nos hemos desplegado para conversar con todos los gobernadores regionales para que apoyen las materias vinculadas al sistema penitenciario y dándoles a entender la importancia de esto para el sistema de justicia”, relató.
La mayor inversión en infraestructura fue en el CPF de Santiago, con 1800 millones de pesos que permitieron mejorar las redes de incendios, el suministro de agua caliente y servicios higiénicos, y la reparación de suelos, muros y aislamiento.
-
Salud, procedimientos penitenciarios y reinserción
En cuanto a los ejes de salud y reinserción, el subsecretario señaló que se potenció el “Programa de Gestión Menstrual” al entregar 3254 kits de higiene menstrual. Además se crearon mesas de trabajo en torno a la salud, con un foco en las mujeres embarazadas y con hijos lactantes, para que pudieran acceder a todas las prestaciones de salud necesarias.
“Existe un monitoreo de estas mujeres, que son aproximadamente 10 o 15 en cada región -excepto la Metropolitana- por lo que es fácil hacer un seguimiento y asegurar esas atenciones para prevenir complicaciones de salud”, indicó el subsecretario Jaime Gajardo.
Agregó que en cuanto a procedimientos penitenciarios se están revisando todos los protocolos de Gendarmería para incluir perspectiva de género en ellos, al igual que una consulta a las mujeres respecto a la Gestión de Establecimientos Penitenciarios.
Sobre el eje de reinserción, una de los puntos críticos respecto a la situación carcelaria, señaló que se está revisando la oferta programática. Además se realizó un Programa piloto de Reinserción Económica y Emprendimiento en la cárcel de San Joaquín y que esperan replicar en otros centros.
-
Mujeres encarceladas por delitos de ley de drogas
Una de las medidas adoptadas en el plan de trabajo fue realizar el Estudio de Trayectorias de Vida de las Mujeres Privadas de Libertad por Delitos de la Ley N°20.000. El cual estuvo a cargo del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica.
Catalina Rufs, parte del equipo de investigación, dio a conocer los principales resultados del estudio que tuvo un abordaje cuantitativo, con datos administrativos, y cualitativo, con entrevistas a las mujeres.
Algunos de los datos entregados por el estudio es la prevalencia de las mujeres extranjeras en delitos de la ley 20.000, alcanzando un 90% de ellas. Otro dato entregado es la discordancia entre el nivel de compromiso delictual y el tiempo de las condenas, ya que un 62% de las mujeres condenadas por la ley de drogas tienen un compromiso delictual bajo, según los registros de Gendarmería, pero tienen condenas más altas.
“Pese a que tengan un menor nivel de compromiso delictual, producto del robustecimiento de la ley, tienen las condenas de mayor extensión. 6 de cada 10 mujeres privadas de libertad por esta ley tuvo condena de 3 años o más, en contraste con el 1,3 de cada 10 por otros delitos”, explicó.
La investigadora también indicó que un 90% de estas mujeres tienen hijos, con un promedio de 3. Por otro lado, si bien todas las mujeres tienen distintas trayectorias de vida, en su mayoría vivieron discriminación, violencia de distinto tipo, pobreza, deserción escolar y/o embarazo adolescente.
Finalmente el estudio entrega 13 recomendaciones de política pública para este grupo de mujeres, en la que se destaca la necesidad de una perspectiva interseccional, el abordaje de educación sexual integral, desarrollar redes para reinserción, entre otras.
REVISA EL ESTUDIO AQUÍ
