Ley TEA: reactivación educativa sin exclusión

Ley TEA: reactivación educativa sin exclusión

 

*Por Fernanda Ibieta y Eliza Sepúlveda

 

El 10 de marzo de 2023 se publicó la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. El valor de esta ley no sólo reside en su contenido, sino también en su proceso de construcción. 

 

El Congreso Nacional trabajó de manera coordinada con el Ejecutivo, recogiendo la perspectiva de los sectores de educación, salud, protección social y de la sociedad civil organizada. El resultado fue una ley producto del trabajo interministerial y con enfoque de derechos, que pone a la persona autista en el centro y que, por primera vez, reconoce y pone en valor la neurodiversidad al incorporarla como un principio para su aplicación. Sin embargo, para lograr una verdadera transformación social, no basta con la existencia de marcos legislativos y regulaciones, sino que se requiere de políticas públicas efectivas que los implementen.

 

La permanencia en la educación es uno de los ámbitos ampliamente desarrollados en la ley, en tanto promueve una participación consistente y significativa para las y los estudiantes en el espectro autista, facilitando su desarrollo personal, progreso, permanencia y trayectoria, refiriendo como responsabilidad del Estado al señalar que se asegura el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, en especial, su inclusión social y educativa, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. 

 

Las barreras para el aprendizaje y la participación aparecen en la interacción entre el estudiantado y los contextos en los que se desenvuelven, siendo éstas las que limitan el pleno acceso a la educación y las oportunidades de aprendizaje. Realizar acciones para disminuir y derribar dichas barreras es una oportunidad para transitar de paradigma educativo, desde uno integrador a uno inclusivo. 

 

Unesco (2017) define la educación inclusiva como el proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos y todas, que busca la equidad y calidad, relevando valores de justicia social y participación democrática. Implica que la comunidad educativa reconoce a sus estudiantes, como sujetos de derecho, facilitando su interacción en igualdad de condiciones, atendiendo además a barreras actitudinales como el estigma o el prejuicio.

 

El diseño universal y la accesibilidad son los principios consistentes con la idea de inclusión que deben ser considerados para permitir que todos los y las estudiantes puedan acceder a la información. Utilizar el “lenguaje fácil”, los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos o incorporar símbolos en el ambiente, son ejemplos que facilitan la participación y que pueden ser desarrollados a corto plazo, sin depender de acciones de capacitación específica al cuerpo docente. 

 

Para lograr una sociedad inclusiva debemos partir con la educación, la responsabilidad de su desarrollo es de toda la comunidad educativa; docentes, directivos, sostenedores, estudiantes y apoderados. Estrategias como las propuestas en el marco de la ley son puntos de partida que orientan  avanzar hacia una educación inclusiva. Concientizar a las comunidades por medio de acciones formativas, capacitar a directivos y docentes y certificar profesionales para la atención en desregulaciones emocionales y conductuales, nos permitirá formar liderazgos inclusivos que abandonen las  prácticas segregadoras, discriminatorias y estigmatizantes. Lo anterior es insuficiente si no lo desarrollamos en un permanente  proceso de reflexión sobre nuestra acción.

 

*Fernanda Ibieta es profesora e integrante de la Comisión de Discapacidad e Inclusión de Revolución Democrática; y Eliza Sepúlveda es profesora y Coordinadora Nacional de Comisión de Discapacidad e Inclusión de Revolución Democrática