Tras meses de debate y votaciones, la comisión de DDHH de la Cámara amplió el concepto de “no discriminación”, innovando también en los medios de prueba para demandas por discriminación.
La promulgación y publicación de la “Ley Antidiscriminación” fue un hito histórico en julio de 2012, ya que instauraba “un mecanismo judicial” para restablecer el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación contra la identidad de género, apariencia personal o nacionalidad, entre otras categorías contempladas. La aceleración del trámite legislativo de este fue impulsado, ese mismo año, por organizaciones como el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) e Iguales, por el asesinato del joven Daniel Zamudio por causa de su orientación sexual.
Luego de siete años de vigencia, un grupo de senadores presentó una moción para modificar dicha ley con el “objeto de fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad”. El Senado finalizó el primer trámite legislativo de dicho proyecto en agosto de 2021 y remitió este a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, donde residió casi dos años entres discusiones y votaciones.
Respecto a esta última etapa, la diputada y presidenta de la instancia, Lorena Fries (CS), comentó que el proyecto tuvo una difícil tramitación, sobretodo de un sector de la ultraderecha ??“porque en materia de derechos humanos, hoy día, hay una regresión en la discusión, se los cuestiona permanentemente, se los relativiza”. Junto con esto, aseguró que este grupo realizó «un cuestionamiento al principio de igualdad y no discriminación tal como se trabaja en el ámbito de los derechos humanos”.
Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, el proyecto logró ser despachado a sala en enero de este año, con las indicaciones ingresadas tanto por el Ejecutivo, como por las y los diputados integrantes. De acuerdo a Fríes, los principales cambios a la también conocida “Ley Zamudio” fueron la ampliación del concepto de “no discriminación” y su vinculación “en todas sus formas a una acción, a una medida precautoria y también a una acción indemnizatoria”.
Además, la diputada señaló que con la modificación se establece las personas que pueden invocar esta ley, además de “la institucionalidad que va a estar a cargo de pensar, de diseñar y llevar a cabo políticas públicas en materia de no discriminación en coordinación tanto con otros espacios gubernamentales como también a través de la creación de un Consejo con la sociedad civil”.
Novedad: Robustecer la institucionalidad
La creación de una División de Igualdad y no Discriminación va orientada al fortalecimiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo objetivo será recomendar a los órganos del Estado criterios para la elaboración de políticas públicas en la materia. Esta innovación fue valorada por el coordinador del área de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Goméz, aunque guarda incertidumbre en torno al presupuesto.
“Estamos hablando de 650 millones de pesos al año para que esta institucionalidad funcione a lo largo de todo el país. Entonces, cuando uno saca la cuenta, dividir por 16 regiones, los 600 millones de pesos, uno dice ¿Cuántos funcionarios habrán? ¿Uno por región? ¿Dos por región? ¿Esto alcanzará para algo que no sea más que el sueldo, la remuneración de alguien?”, señaló el coordinador.
Y agregó: “La dificultad que estamos viendo es que puede ser un saludo a la bandera, de que si no tiene una perspectiva de un presupuesto marco, pueda convertirse simplemente en un ente simbólico, un ente que no tenga mucho poder ni injerencia para poder resolver el tema más importante, que es dar asesoría legal y psicológica gratuita a quienes sufren discriminacion”.
Otra novedad: Inversión en la carga de prueba
Un punto que viene a marcar diferencia con la normativa vigente, es la inversión en la carga de prueba, es decir, hace responsable al demandado de presentar la justificación razonable en una demanda de discriminación con antecedentes que hagan creer que hay indicios suficientes de esta.
El coordinador del área de DDHH del Movilh explicó que actualmente la carga está en la víctima que denuncia, la cual se lleva “toda la carga de la prueba” lo que, a su juicio, genera “una dificultad de poder demostrar la discriminación”.
Entre lo aprobado, Gómez también destacó que con esta reforma se da la posibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias. “Yo creo que hay claridad, por ejemplo, que no se puede considerar la orientación sexual como patología, que no puede haber terapias de conversión de la orden sexual ni de identidad de género”, explicó.
Proyecciones
La diputada comentó que al proyecto aún le queda camino por recorrer, puesto que deberá ser revisado y discutido por la comisión de Hacienda para la revisión de su informe técnico financiero, que le permitiría instalar la institucionalidad que propone. Y, una vez finalizada esta etapa, el proyecto quedará listo para ser remitido a la sala para su discusión y votación.
Sin embargo, Fries adelantó que el proyecto deberá “irse a (comisión) mixta” debido a las diferencias entre ambas Cámaras en la tramitación del proyecto. Por lo que en esta instancia se deberá alcanzar un acuerdo que será votado como un todo en el Senado y, posteriormente, en la Cámara. Pero para esto aún queda mucho, puesto que la iniciativa quedará pendiente para la vuelta del receso legislativo.
