El 14 de abril se promulgó en Perú la Ley APCI, una serie de medidas que irían en detrimento de las organizaciones de la sociedad civil al integrar mayor control y requisitos a estas. El anunció causó alarma en el resto de América Latina, pues se suma a una ola de «leyes anti-ONG» en diversos países del continente.
En una votación que podría repercutir en las organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina, el parlamento peruano aprobó la ley APCI, más conocida como “Anti-ONGs”. La razón de este nombre se debe a que, según las ONGs de la región, la nueva legislación “amplía las facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) e impone un sistema de autorización previa sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento internacional”, según señalan en un comunicado conjunto, firmado por más de 65 organizaciones de toda Latinoamérica.
“La ley peruana impone un sistema de control y censura contra las organizaciones de la sociedad civil, va a tener un impacto negativo para el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión”, señaló Paula Salvo, presidenta de Corporación Humanas, quienes firmaron este comunicado.
La situación peruana no es aislada, y en distintos países de América Latina se vive una situación similar con diversos proyectos y mociones que endurecen los requisitos y fiscalización hacia las organizaciones de la sociedad civil, al igual que en nuestro país.
Escenario en Chile
Según el informe “Nuevas Regulaciones para Impulsar la Transparencia en las Organizaciones de la Sociedad Civil”, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, actualmente hay diversos estatutos legales que rigen a las organizaciones, fundaciones y corporaciones, tales como el título XXXIII del Código Civil, la Ley N° 19.418, la Ley N° 19.712 del deporte, entre otros.
Además, hay un gran número de registros que tienen que llevar a cabo las ONGs, según sea el tipo de organización. Dependiendo de sus actividades, están obligadas a inscribirse en diferentes registros, como el Registro Central de Colaboradores del Estado establecido en la Ley N°19.862, el Registro de Donatarios establecido en la Ley N° 21.440, el Registro de Donatarios de la Ley N° 19.885 y el Registro de Proveedores del Estado establecido en la Ley N° 19.886, entre otros. Esta situación provoca que muchas veces se duplique la información, que esté disgregada en diversos lugares o que no esté actualizada.
Debido a lo anterior, y a los casos de corrupción que han tenido que ver con ONGs, es que en Chile han presentado varias iniciativas destinadas a aumentar su transparencia. El primero de estos es el proyecto que modifica la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, más conocido como Transparencia 2.0. La moción propone ampliar la aplicación de la ley de transparencia a organismos que no forman parte del Estado. También plantea mejorar la respuesta a requerimientos de transparencia activa; y modernizar el Consejo para la Transparencia.
A eso se suman otras propuestas como la creación de registros de beneficiarios finales o la modificación de normas sobre fiscalización y probidad en corporaciones municipales y fundaciones.
Así, las recomendaciones de los expertos, reunidas en el informe del Centro de Políticas Públicas UC, apuntan a que en lugar un “exceso” de requisitos y propuestas, lo ideal es que haya una propuesta unificada, o que las existentes dialoguen entre ellas, para evitar lo que se llamó «informatología», donde sólo se duplica la información, no conversa, es un proceso burocrático y carga a las ONGs con trabajo extra y los gastos que eso implica.
Leyes anti-ONG: Situación internacional
En el último tiempo, los gobiernos y parlamentos de México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela también han tomado medidas hacía la regulación y control de las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) de sus respectivos países.
En México, se ha señalado que hay una falta de transparencia de parte de las ONGs, pues no están obligadas a hacer públicos sus estados financieros ni hacía dónde, o quiénes, se destinan los fondos que estas reciben. Desde el gobierno mexicano se ha planteado la necesidad de que exista una regulación para las ONGs y asociaciones civiles, pues estarían involucradas en actividades políticas con el fin de que países extranjeros puedan influir en materias internas del país.
Venezuela, en tanto, ya aprobó en el parlamento la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. El nuevo marco legal exige a las ONGs a registrarse y a reportar las donaciones que reciban, detallando si cada uno de los donantes son venezolanos o extranjeros. Esto con el mismo objetivo que México, que es disminuir la injerencia internacional en sus materias internas.
El caso de Nicaragua es más extremo porque desde 2018 se han cerrado más de 5.000 ONGs, y se anunció un “nuevo modelo” de operaciones para las organizaciones sociales. Este nuevo método incluye la exigencia hacia las ONGs de unirse en “alianzas de asociación” con instituciones del Estado si desean realizar sus proyectos. Este requisito supondría obligarlas a que trabajen alineadas con los intereses del gobierno nicaragüense y las leyes nacionales.
En Paraguay también se ha abierto la discusión al promulgarse la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Este proyecto contempla establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, según el presidente Santiago Peña en X. Organizaciones como Amnistía Internacional han declarado preocupación ante el texto aprobado, pues no distingue entre aquellas ONGs que reciben fondos públicos o privados, teniendo ambas los mismos requisitos de registro y control estatal, entre otros puntos.
“Lo que estamos viendo en la región -desde Nicaragua hasta Perú- es un patrón preocupante porque restringe la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. El riesgo no está solo en una ley, sino que en la suma de medidas que sin un adecuado enfoque desde los derechos humanos, afecta a las organizaciones sociales que cumplen un rol fundamental en la defensa y protección de la democracia”, cerró la presidenta de Humanas, Paula Salvo.
