*Por Janis Meneses Palma
La diversidad de proyectos educativos es una característica fundamental de cualquier sistema educativo. En el debate actual, nos preguntamos ¿de dónde surge o debe surgir esa diversidad?
Hoy existe la idea que la diversidad de proyectos educativos está vinculada a la voluntad de los particulares de fundar y administrar establecimientos. Se delega en ellos la capacidad y responsabilidad de agregar pluralidad al sistema educativo; el supuesto de fondo es que mientras haya más particulares, habrá “más diversidad” de proyectos educativos y «más variedad» de elección.
Sin embargo, el sistema educativo ha sufrido una creciente homogeneización producto de las políticas de mercado que se instalaron con la Constitución del ‘80 y las políticas de estandarización agregadas y perfeccionadas estos últimos 30 años. Las pruebas estandarizadas se han convertido en el perfecto dispositivo igualador de proyectos educativos y, con tal de tener “buenos resultados” en ellas, la diversidad es oprimida, negada y ocultada pues nadie quiere ser señalado con el semáforo rojo de Joaquín Lavín (exministro de educación UDI).
Los principales promotores de estas políticas han sido quienes se han beneficiado con ellas, es decir, los dueños de colegios. El traspaso de matrícula pública a sus escuelas los transformó en empresarios millonarios de lucrativos negocios.
Ellos se han encargado de trabajar con la menor diversidad posible para, de esa forma, maximizar los resultados. Negando matrículas, segregando, escondiendo estudiantes en el baño o pidiéndoles que no asistan el día del SIMCE, han creado espacios exclusivos y excluyentes. Actualmente, los dueños de colegios son quienes deciden por la escuela, como si se tratara del gerente y dueño de un negocio cualquiera. Les importa el marketing, ser establecimientos atractivos para sus potenciales futuros clientes. Cumplir con el estándar y ocultar la diversidad.
Sin embargo, las comunidades educativas son entidades con el potencial y la capacidad de dinamizar las características de cada experiencia educativa y, por tanto, del proyecto educativo. No hay dos escuelas iguales porque no hay dos comunidades iguales. Es hora de darle el apoyo y los derechos que le corresponden.
El artículo 43 de la propuesta de Nueva Constitución habilita la participación vinculante de las comunidades educativas, lo que constituye un cambio significativo en las facultades y el rol de la comunidad dentro de la escuela. Las decisiones relativas al establecimiento y el proyecto educativo ya no serán tomadas sólo por los dueños y directores.
En adelante, la diversidad no va a emanar de la voluntad de aquellos particulares, dueños o directores de los establecimientos, del gerente de marketing del colegio, sino que provendrá principalmente de la comunidad educativa. Por esta razón, las escuelas estatales son capaces de ofrecer diversidad de proyectos, incluso corren mínima ventaja en este sentido pues aunque aún insuficiente, son los espacios donde más se escucha a la comunidad.
En la propuesta, la escuela privada continúa con las mismas facultades de existencia; no obstante, al ser donde la estandarización ha calado más profundo, será donde más se deberá avanzar en diversificar mediante la participación y expresión libre de su variedad interna. La escuela privada se democratizará. Asistentes, estudiantes, profesores y apoderados tendrán más derechos que antes. Ya no más «si no le gusta el colegio búsquese otro», ahora las apoderadas deberán ser escuchadas con respeto a sus derechos.
La diversidad intrínseca a cada comunidad educativa transformará y dará orientación a los proyectos educativos, cada establecimiento será único. De este modo, la propuesta habilita la existencia de establecimientos más democráticos y, sin duda, más diversos.
La propuesta es pasar de una diversidad clientelar, de consumo y de marketing a una diversidad real, originada en la variedad misma de la comunidad humana. Hablar con todo derecho de nuestra escuela y nuestra educación.
*Janis Meneses Palma es exconvencional distrito 6 de la región de Valparaíso. Meneses nació en Quilpué, estudió en la Universidad de Valparaíso y hoy es trabajadora social. Como candidata, fue independiente, impulsada por los movimientos sociales y la Asamblea Vecinal Los Pinos de su comuna, de la cual fue vocera. En la Convención, fue coordinadora de la comisión Derechos Fundamentales.
