Las enmiendas propuestas por convencionales de izquierda contemplan un quórum de ? para modificar la nueva Constitución –en caso de aprobarse–, el fin del Senado en 2026 y la creación de una Comisión de Implementación del texto constitucional.
Miércoles 25 de mayo de 2022
A las 23:59 hrs. de este martes terminó el plazo para presentar indicaciones a las propuestas de normas transitorias y, luego de haberse reunido en el Palacio Pereira toda la semana con el fin de llegar a un consenso, las y los convencionales del Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Pueblos Originarios e Independientes No Neutrales (INN) pudieron definir un acuerdo transversal en torno a la presentación de indicaciones de normas transitorias.
Entre sus propuestas, se encuentra una transitoria sobre período presidencial, poder legislativo (actual Congreso) y autoridades regionales/locales. En esta se establece que las elecciones para renovar la Presidencia y el Congreso se realizarán en noviembre de 2025.
En cuanto al período de los gobernadores regionales, iniciado en 2021, y el de los consejeros regionales, iniciado en 2022, terminarán sus mandatos ambos en 2025.
Por su parte, el período de los alcaldes y concejales, iniciado en junio de 2021, terminará en diciembre de 2024.
Respecto a los y las senadoras recientemente electas, el período lo cumplirán hasta el 2026, acortándolo a la mitad. Podrán postular a la Cámara de las Regiones y Congreso de Diputados/as, elecciones que se realizarán en 2025, pero los representantes regionales serán electos, por esta vez, solo por tres años.
¿Por qué solo tres años? Porque la propuesta de nueva Constitución establece que los representantes regionales se eligen al mismo tiempo que las autoridades locales (alcaldes, asambleístas regionales, etc). Con el propósito de ajustar el periodo de elección, el cargo dura tres años.
Convencionales del Frente Amplio, Colectivo Socialista e independientes también acogieron la recomendación del Gobierno y acordaron una transitoria para que el Presidente Gabriel Boric convoque la creación de una comisión para la Implementación de la nueva Constitución.
Se trata de un “órgano paritario y que contará con participación de diversos sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas”. Según la propuesta, la comisión dependerá del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y tendrá por objeto implementar las normas constitucionales.
El mismo grupo de convencionales propone que las normas de reforma a la Constitución establecidas en el nuevo texto constitucional entren en vigencia a partir del 11 de marzo de 2026.
Además, plantean que los proyectos de reforma constitucional, durante la actual legislatura, sean aprobados con un quórum de dos tercios de los diputados/as y senadores/as vigentes. Así, se aumenta el quórum de mayoría simple con el fin de evitar que el Congreso pueda modificar la nueva Constitución con menos cantidad de votos.
Entre las normas acordadas por convencionales de centroizquierda e izquierda se encuentra la norma en relación a la Región Autónoma y la Comuna Autónoma, que corresponde a la continuación y sucesora legal del Gobierno Regional y de la Municipalidad, respectivamente.
En este sentido, la indicación plantea que los funcionarios de estas entidades pasarán a desempeñarse en estas nuevas entidades sin solución de continuidad. “Igualmente, los bienes y los derechos u obligaciones que el Gobierno Regional o la Municipalidad tenga en propiedad o a cualquier título pasarán a la Región Autónoma o la Comuna Autónoma, según corresponda”, estipula el texto propuesto.
También se acordó que en un plazo de dos años el Poder Legislativo deberá aprobará, progresivamente, las normas legales que regulen “los distintos aspectos de la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales”.
En relación a este punto, se propone que en un máximo de seis meses, desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, deberá constituirse el organismo encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer mecanismos de distribución de los ingresos fiscales.
Asimismo, se acordaron normas para implementar los cambios en relación a los servicios públicos. Para los y las funcionarias de esta área que se vean afectados por los cambios, la norma les entrega garantías de estabilidad y certezas, al establecer que estos continuarán desempeñando sus labores en los nuevos servicios u órganos públicos establecidos por la nueva Constitución.
Sobre la Agencia Nacional del Agua se acordó que en un plazo de seis meses, el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para su instalación, como también para los consejos de cuenca.
También se explicita que, mientras no entre en vigencia dicha legislación, la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas asumirá sus funciones establecidas en la Constitución y se coordinará con los organismos públicos competentes, además de contar con el apoyo de los Gobiernos Regionales.
Además, se incorpora la redistribución de los caudales de las cuencas, como una forma de regular el uso de agua. Este proceso será realizado por la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de “manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia”.
¿Y qué pasa si tengo derechos de agua? La propuesta norma señala que todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en la nueva Constitución.
La indicación que contempla este punto también explicita que en el plazo de cinco años los titulares de uso deberán concurrir a la Dirección General de Aguas o al organismo sucesor para poder solicitar la regulación de la autorización de uso, según corresponda.
Sobre el Poder Judicial, el texto propuesto señala que se respetará el período por el cual fueron nombrados los abogados que integran la Corte Suprema y la de Apelaciones y que desde la entrada en vigencia de la Constitución no se realizarán nuevos nombramientos.
En materia de centros penitenciarios, se pone fin de manera progresiva a las concesiones al establecerse que no se podrán abrir nuevas licitaciones en establecimientos penitenciarios desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución. En lo que refiere a las vigentes, se mantienen hasta que se acabe el plazo de la concesión.
¿Qué viene ahora? Estas indicaciones, junto con las presentadas por otros colectivos, se someterán a deliberación y votación de la Comisión de Normas Transitorias mañana jueves 26 de mayo, instancia en la que se definirá si estas u otras indicaciones planteadas para las disposiciones transitorias serán o no votadas posteriormente en el Pleno.
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