El derecho a decidir sobre nuestros bienes naturales estratégicos

Por Ivanna Olivares Miranda, Convencional del distrito 5

 

El día de ayer se aprobó en general, en la comisión de Medio Ambiente, la nacionalización de la gran minería del cobre. Para que esto sea realidad falta todavía que se apruebe en particular en la comisión, y luego por ⅔ del pleno de la Convención. Sin embargo, medios nacionales e internacionales ya resaltan esta importante noticia.

 

El control de un pueblo sobre sus bienes naturales ha sido uno de los mayores dilemas humanos y políticos de los últimos cien años, motivando guerras, revoluciones y, también, exitosos procesos de modernización. Tal es su importancia que en 1962 las Naciones Unidas establecieron el derecho de los países a disponer de sus bienes naturales sin trabas ni impedimento alguno.

 

Hoy, cuando las y los chilenos escribimos por primera vez una Constitución en democracia, el debate sobre la propiedad de la riqueza de nuestros bienes naturales no se puede soslayar. La aprobación de esta norma de nacionalización de la gran minería del cobre y otros minerales estratégicos es una invitación, a la Convención y a todo el pueblo de Chile, a que debatamos democráticamente sobre qué hacer con la enorme riqueza que yace en nuestro subsuelo.

 

Dicho debate no puede omitir el hecho que hoy, el 70% de la gran minería está en manos de privados, nacionales como trasnacionales. Entre los años 1990 y 2019, las empresas de la gran minería privada han exportado alrededor de 88.823.500 toneladas de cobre fino, lo que, considerando el precio real del cobre para cada año, representa ingresos por casi 500 mil millones de dólares.

 

Según los datos de la Comisión Chilena del Cobre, durante esos mismos casi 30 años, el impuesto a la renta, más impuesto específico a la minería, ha sido solo de $47,057 millones de dólares que esas mineras han aportado a las arcas públicas del país. Muy lejos de los $497,670 millones de dólares por ingresos por exportaciones.

 

Muchos invocarán tratados y tribunales internacionales para decir que es imposible nacionalizar la gran minería. Pero lo cierto es que el derecho internacional al hacerlo existe, y con la voluntad política necesaria, se puede abrir un diálogo con las otras naciones involucradas. La conciencia de la gradualidad no puede negarnos de discutir cuál es la dirección que queremos tomar como pueblo.

 

Chile se merece un debate abierto y democrático sobre la nacionalización de la gran minería. También, sobre las consecuencias ecológicas de la producción minera. ¿Qué país queremos ser y qué queremos hacer con nuestras riquezas? Esa es nuestra invitación, esta es la oportunidad.

 

Documento con la propuesta:

270-5 – Iniciativa sobre Bienes Naturales Estrategicos

 

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