Eduardo Soto Fernández, Matrón y subdirector de Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproductiva de Corporación Miles
En 1964, Chile dio un paso importante con su primera Política de Planificación Familiar, lanzada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En esos días, el país enfrentaba una crisis de mortalidad materna vinculada a abortos inseguros. Sesenta años después, el enfoque ha cambiado: hoy, se trata de ejercer el derecho a decidir cuándo tener hijos, cuántos y con quién. En la actualidad, los consultorios de atención primaria ofrecen una amplia gama de métodos anticonceptivos —orales, inyectables, DIU, implantes, anillo vaginal y anticoncepción de emergencia—, todos de forma gratuita para las mujeres afiliadas a FONASA.
Pero, a pesar de los avances, hay desafíos pendientes. Hoy, 26 de septiembre, en el Día Mundial de la Anticoncepción, las cifras cuentan una historia preocupante: el 47% de las mujeres encuestadas en la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género de 2023 dice que sus embarazos no fueron planificados.
Y hay más datos que desconciertan: según la USAID, el 13% de las mujeres en Chile no tiene acceso a los anticonceptivos que necesita, un porcentaje sorprendentemente alto para un país de ingresos altos. Y la desigualdad no se detiene ahí. La Encuesta CASEN 2017 muestra que el 39% de las mujeres del quintil más pobre tiene tres o más hijos, mientras que esta cifra se reduce al 20,6% entre las mujeres del quintil más rico.
Aunque la política pública de planificación familiar ha sido fortalecida en las últimas décadas, incluyendo la incorporación de nuevos métodos y normativas, como la ley 20.418, las barreras persisten, sobre todo para las mujeres más vulnerables. Urgen medidas concretas: aumentar la cantidad de matronas en atención primaria, ampliar los horarios para quienes trabajan, eliminar requisitos absurdos como exigir estar menstruando para ciertos métodos, y asegurar la anticoncepción inmediata después de un aborto.
Un avance reciente ha sido la Ley CENABAST, que permite acceder a anticonceptivos a menor costo. Sin embargo, a más de un año de su implementación, su impacto sigue siendo limitado por la falta de difusión, la escasa disponibilidad en algunas zonas y el desconocimiento de muchos profesionales de la salud.
En un país donde la anticoncepción ha recorrido un largo camino, todavía queda mucho por avanzar. Para que todas las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a decidir, es crucial que se tomen acciones concretas que derriben las barreras actuales y garanticen el acceso igualitario a los métodos anticonceptivos.
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