El grupo de 16 convencionales, liderados por Ruggero Cozzi (RN) y César Valenzuela (PS), presentaron una propuesta que “apunta a reconocer la seguridad como un Derecho Fundamental y un mandato expreso al Estado a proteger en forma equitativa a todas las personas”.
Martes 18 de enero 2022
Por Kathalina Araya (Estudiante en práctica)
Con el objetivo de garantizar el derecho de todas las personas a vivir en entornos seguros y libres de violencia, César Valenzuela menciona que de esta forma se transforma la idea de seguridad, pasando de una perspectiva abstracta de la misma, a una dimensión concreta que se aloja día a día en familias que “se encierran en sus casas por miedo a recibir un balazo y, en este sentido, el Estado no puede seguir condenando a miles de familias a seguir viviendo en un entorno inseguro con balaceras y fuegos artificiales provenientes de grupos narcotraficantes”.
La iniciativa que consagra el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, consta de tres elementos fundamentales:
- Reconoce el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia.
- Establece un mandato expreso al Estado de proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho, disposición que persigue eliminar cualquier arbitrariedad en la provisión de los servicios públicos de protección.
- La iniciativa considera una mirada integral de la seguridad, ordenando al Estado a desarrollar en forma coordinada y en relación a los derechos humanos, acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como también, de reinserción social de los condenados.
El proyecto consta de un solo artículo en el que se estima que es “deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas y comunidades”. Además, la propuesta dispone que “Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de los condenados, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos”.
Finalmente, quienes lideran la iniciativa explicaron que esta moción surge tras un “proceso de diálogo donde pudimos lograr consensos en beneficio de todos los chilenos y chilenas, y muy especialmente de aquellas familias de comunas populares que a diario sufren por el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico”. Agregando que “la seguridad y el orden público son temas que trascienden el eje de derecha e izquierda, que afecta a Santiago y el resto de las regiones, y por lo mismo, queremos que la nueva Constitución se haga cargo de esta urgente demanda social”.
Se espera que en los próximos días el Proyecto de Norma Constitucional “La Seguridad también es un Derecho” ingrese a discusión y votación en la Comisión de Derechos Fundamentales.
