Por: Jane Vignancour
En el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, organizaciones feministas se movilizaron en medio de un escenario marcado por retrocesos en materia de derechos de las mujeres. Las manifestaciones buscaron poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y alertar sobre las actuales barreras que dificultan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
Este 28 de septiembre, diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos participaron en distintas acciones de movilización para conmemorar esta fecha. Entre ellas, la Asamblea Permanente por la legalización dell Aborto convocó a una manifestación a las afueras del Ex Congreso Nacional.
Decenas de mujeres se sumaron a la actividad formando una cadena de pañuelos verdes, con el objetivo de visibilizar la demanda por una legislación que avance en la despenalización del aborto y garantice el acceso a este derecho.
Un recorrido histórico del aborto en Chile
En Chile, esta fecha tiene una importancia particular. El aborto terapéutico estaba permitido desde 1931, antes de ser prohibido en 1989, al final del periodo de la Dictadura Civico Militar. Hubo que esperar hasta 2017 y el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet para que el aborto volviera a ser despenalizado, pero únicamente en tres causales: cuando la vida de la mujer está en riesgo, en caso de inviabilidad fetal o cuando el embarazo es resultado de una violación.
Consultada por El Mostrador sobre la situación del aborto en Chile, Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, señala que «el aborto en 3 causales tiene más del 70% de apoyo en Chile». Sin embargo, agrega que «el desafío hoy es garantizar que pueda implementarse de manera efectiva para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan o del centro de salud donde se atiendan».
En efecto, en Chile, el debate sigue actualmente bloqueado. El proyecto de ley que busca permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, aprobado en marzo por un voto de diferencia en la Comisión de Salud, se encuentra actualmente paralizado. Al mismo tiempo, el Gobierno redujo este año en 2.741 millones de pesos el presupuesto del Ministerio de la Mujer. La ministra de la Mujer, Judith Marín, había afirmado en mayo que el Gobierno no tenía previsto modificar la ley de aborto en tres causales, señalando que «Chile ya zanjó esta materia».
Por otro lado, un proyecto impulsado por un diputado del partido del presidente Jose Antonio Kast contempla penas de cárcel para las personas que faciliten el acceso a medicamentos abortivos, entre ellos el misoprostol. En una columna publicada en El Mostrador, la exministra de la Mujer Antonia Orellana plantea la pregunta: «¿Por qué este medicamento y no otro?».
En este contexto, organizaciones feministas, sociales y de defensa de los derechos humanos piden al Congreso proteger los recursos destinados a la salud pública y, en particular, a la salud sexual y reproductiva. Piden evitar nuevos recortes presupuestarios que puedan afectar el acceso a servicios esenciales para mujeres, niñas y adolescentes. Entre sus demandas, está el garantizar el financiamiento de la atención primaria y de los hospitales públicos, proteger los recursos destinados a la implementación de la Ley 21.030 y su programa de acompañamiento, así como asegurar el acceso a anticonceptivos, medicamentos e insumos necesarios para la interrupción del embarazo. También reclaman un seguimiento de la disponibilidad de equipos médicos que no se acojan a la objeción de conciencia.
Es también por esto que las organizaciones salieron a las calles este 28 de septiembre: para defender un derecho reconocido desde 2017, pero cuyo acceso sigue marcado por obstáculos según el territorio y el establecimiento de salud.
