Más de 40 convencionales de todos los colores políticos han adherido a la solicitud para que se despache un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Gendarmería de Chile con el objetivo de promover y garantizar la participación de la población privada de libertad en el proceso constituyente.
Durante esta jornada se anunció el ingreso de un oficio a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional realizado por Amaya Álvez (Distrito 20), Benito Baranda (Distrito 12), Carlos Calvo (Distrito 5), Andrés Cruz (Distrito 20), Tomás Laibe (Distrito 27), Giovanna Roa (Distrito 10), Malucha Pinto (Distrito 13) y Constanza Schonhaut (Distrito 11), el cual está firmado por más de 40 convencionales en donde solicitan a la Mesa pedirle al Ministerio de Justicia que las personas privadas de libertad sean parte del proceso constituyente.
«Las personas privadas de libertad, ya sea que se encuentren condenadas o sujetas a prisión preventiva, están en una situación especialmente desventajosa para participar en la creación de una Constitución que les represente, pues el Estado de Chile no ha sido lo suficientemente diligente para asegurar la garantía y respeto de sus derechos humanos«, se señala en el documento al que tuvo acceso La Neta.
¿Por qué las personas privadas de libertad?
Uno de los objetivos principales de gran parte de los y las convencionales es que el proceso constituyente sea participativo desde el inicio entre todas las personas que formar parte de nuestra sociedad. Es por esta razón que, por ejemplo, las comisiones establecieron el proceso de audiencias públicas, donde distintas organizaciones de la sociedad civil expusieron propuestas de reglamento, lineamientos y definiciones para el trabajo de las comisiones a partir de sus experiencias.
El proceso constituyente ha sido histórico por diversas razones, entre ellas porque por primera vez se redactará la Constitución con un órgano electo mediante votación popular, paritario y con las voces de los pueblos originarios como protagonistas. Sin embargo, no todos los grupos sociales están representados y, el desafío, es incluirles en el proceso, pese a no tener representantes propios en el espacio. Uno de estos grupos son las personas privadas de libertad.
«Uno de los objetivos de la Comisión de Participación Popular y de Equidad Territorial consiste, justamente, en “Establecer mecanismos y estrategias que aseguren la participación de sectores históricamente excluidos, en base a criterios de inclusividad y accesibilidad, que permitan participar en igualdad de condiciones, considerando especialmente a las siguientes poblaciones (…) – Personas privadas de libertad.”», señala el oficio. Según las últimas estadísticas de Gendarmería, hay 45.824 personas a lo largo del país privadas de libertad. Del total, un 92,7% corresponde a hombres y un 7,3% a mujeres.
El documento que solicita la integración de este grupo de personas señala que, actualmente, «este impedimento de participación tiene directa relación con la invisibilización de vulneraciones de derechos fundamentales, precarias condiciones carcelarias e irreversibles consecuencias en las trayectorias vitales de las personas privadas de libertad. Ello vulnera, además, el objetivo de reinserción social que debe orientar la actividad penitenciaria, generando desafectación y distancia de presas y presos con la pertenencia a la sociedad y su valoración de la institucionalidad«.
¿Cómo se plantea la participación de las personas privadas de libertad en la nueva Constitución?
El oficio firmado por más 40 convencionales reconoce que para lograr el objetivo se necesita la coordinación entre distintas instituciones estatales «que intervienen en la custodia de personas privadas de libertad y de organizaciones de la sociedad civil que promueven sus derechos«. Es por esto que solicitan a la Mesa Directiva contactar mediante un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Gendarmería de Chile, para que juntos se logre la participación efectiva de los y las presas en el proceso constituyente.
La solicitud en concreto busca que:
- Se permita el ingreso a los establecimientos penitenciarios de todo el país a organizadores, facilitadores -previamente identificados- y convencionales constituyentes, que concurran a instancias de participación en el marco del proceso constituyente.
- Se adopten las medidas sanitarias adecuadas considerando la crisis sanitaria por el Covid-19.
- Se habiliten, al interior de los establecimientos penitenciarios, espacios y condiciones de conectividad remota adecuadas para llevar a cabo mecanismos de participación, tales como asambleas autoconvocadas, asambleas públicas convocadas por la Convención, consultas o encuestas ciudadanas; entre otros mecanismos que propuestos por la Comisión de Reglamento y de Participación popular y Equidad Territorial e incorporados en el Reglamento de la Convención Constitucional.
- Se habiliten mecanismos concretos para asegurar que las personas privadas de libertad tengan la posibilidad de informarse acerca del proceso constituyente.
- Se forme, desde ya, una mesa de trabajo con los objetivos de identificar las barreras que impidan la participación de las personas privadas de libertad a lo largo del proceso, incluyendo en éste el ejercicio de su derecho a sufragio en el plebiscito ratificatorio; y, de velar porque se adopten los cursos de acción necesarios para eliminar estos impedimentos. Dicha instancia debiera estar integrada, al menos, por el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, la Secretaría Técnica de Participación popular, la Secretaría de Participación y Consulta indígena, el Servicio Electoral y representantes de organizaciones defensoras de derechos de personas privadas de libertad.
El documento concluye diciendo que «este momento histórico nos obliga a realizar todos los esfuerzos para lograr un nuevo pacto social, representativo de la diversidad de Chile. Para ello, la inclusión y la participación de sectores históricamente excluidos será fundamental».
Actualización
Adjuntamos documento presentado
Moción a la Mesa Directiva participación PDL
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