*Por Fundación Los Ojos de Chile
Es un nuevo aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la proclama fundamental de nuestro consenso por la dignidad, igualdad y libertad. Este irrenunciable e inexorable acuerdo emanado de nuestra humanidad compartida cumple 74 años inspirando política y sustancia democrática.
Aun considerando las implicancias globales que ha tenido este acuerdo planetario, para nuestro país esta fecha tiene una particular connotación. Chile nunca debe olvidar la supina ironía que significa que la muerte de nuestro infame dictador Augusto Pinochet haya coincidido con el Día Internacional de Los Derechos Humanos del 2006.
Nuestra memoria debe siempre situarnos y entusiasmar nuestro futuro. Como nos recuerdan incansablemente defensores y defensoras de Derechos Humanos de los desgraciados tiempos de dictadura, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Cuánta razón tienen, cuando un obstinado séquito de negacionistas nos tiene lamentablemente habituados a reversiones de nuestra más oscura historia reciente. El 50° aniversario del Golpe de Estado de 1973 se conmemorará en algunos meses y el ambiente que lo precede está lleno de discursos que ofenden tanto nuestro currículum escolar y verdad histórica como a sobrevivientes y familiares que sufrieron las consecuencias de lo indescriptible.
Vemos como esta atmósfera negacionista permite que cómplices, encubridores y autores de crímenes que vulneran la humanidad tengan lugar en la opinión y el mundo público, lo que trae consigo graves amenazas a los mismos pilares de nuestra sociedad democrática. Cuando Claudio “El Carnicero” Crespo, procesado por cegar a Gustavo Gatica, anuncia la inscripción y presidencia de un partido político en formación, y el único espacio que le corresponde por sus crímenes es la cárcel efectiva y no su pretendida articulación política.
Lo mismo cuando se insinúa y se permite, la presunción de detenidos desaparecidos por la dictadura; se le niega presupuesto público a reconocidos sitios de memoria; e incluso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como al propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo del Estado, que busca promover y proteger los derechos de todas las personas que habitan Chile.
Esto es un síntoma de la urgente necesidad de establecer la verdad histórica sobre la brutal respuesta estatal a las legítimas demandas ciudadanas durante el estallido social, para dificultar la proliferación de discursos y organizaciones que reivindiquen la muerte, la tortura y el abuso como práctica política. Y aunque frente al intento de que el negacionismo facilite la impunidad de ayer y hoy, siempre nos encontraremos alertas, como defensoras y defensores de Derechos Humanos, al igual que al Estado, nos cabe la obligación de impulsar y desarrollar garantías de no repetición hacia el futuro para no repetir los horrores del pasado.
Es tiempo de consagrar nuevos sitios de memoria que revindiquen a difuntos y sobrevivientes de las vulneraciones a los Derechos Humanos durante el estallido. Es tiempo de revitalizar nuestros consensos civilizatorios, y decretar un nuevo capítulo en nuestra historia que canalice un presente de memoria, respeto y reparación integral.
