La subcomisión de Derechos continuó el estudio en particular de las 32 indicaciones presentadas al capítulo de medio ambiente, recibiendo las exposiciones de Marcelo Mena, Ezio Costa y Edesio Carrasco.
Derechos de agua: problema de competitividad
Marcelo Mena, ingeniero bioquímico y ex ministro del Ministerio del Medio Ambiente, durante el segundo período de Michelle Bachelet, destacó algunas de las enmiendas ingresadas, en su mayoría oficialistas, por estar en sintonía con los puntos propuestos en el decálogo del constituyente verde como la protección a la biodiversidad, lucha contra el cambio climático y democracia ambiental.
Marcelo Mena exponiendo ante la subcomisión de Derechos. Foto de twitter de @procesoconsti23
Además, destacó la enmienda ingresada por las comisionadas DC y PS que establece que las aguas “son bienes nacionales de uso público”, dejando en manos del legislador su “concesión temporal y modos de aprovechamiento”. Según Mena esta enmienda recoge la recomendación realizada por la OEC el 2016 para establecer un régimen de concesiones de agua.
“La concentración de los derechos de agua otorgados en forma perpetua es un problema de competitividad para el país. En definitiva, un régimen de concesiones revocable parece ser más sensible”, afirmó el ingeniero bioquímico.
Enmienda 15 ingresada por las comisionadas DC, Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss, junto a comisionados del PS Catalina Lagos, Flavio Quezada y Gabriel Osorio.
Además, afirmó que los derechos de agua actuales son un problema no sólo para la competitividad del país, sino que en términos de concentración de riquezas: “Si tenemos un gini de concentración de riquezas importantes, en el agua es aún más. (…) Es fundamental que haya un régimen de concesiones porque esos derechos fueron otorgados en forma gratuita. Y nos encontramos, muchas veces, con estos absurdos de que habiendo sido otorgado este derecho de forma gratuita, el privado vende al estado el agua para camiones aljibe en zonas como punteando, como determinó hace poco un estudio en donde se veía el origen de esta agua”, señaló Mena.
Ezio Costa es profesor de Derecho y Regulación Ambiental en la Facultad de Ingeniería y académico del Departamento de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, donde actualmente imparte el ramo de Derecho de Aguas. Además, es Director Ejecutivo de la ONG FIMA desde 2012.
La exposición de Costa se centró en la revisión de las 32 enmiendas presentadas al Capítulo 13. Respecto a las tres primeras para el artículo 187, hizo hincapié en la inclusión del concepto naturaleza contenidas en las indicaciones 1,2 y 3.
Enmiendas 1,2 y 3 ingresada por las comisionadas DC, Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss, junto a comisionados del PS Catalina Lagos, Flavio Quezada y Gabriel Osorio.
“La especificación de la protección de la naturaleza implica que también se están protegiendo aquellos espacios naturales que no están en relación con una persona en ese momento”, dijo al respecto. De esta forma, se apela a la justicia intergeneracional.
Respecto a la enmienda 3, el abogado explicó que esta hace reconocimiento de la acción climática para con el “pueblo de Chile”, indicando que se requieren acciones específicas del Estado y las personas.
En cuanto a las indicaciones relacionadas con institucionalidad, el director de Fima Chile, hizo una valoración positiva. Sobre la que dicta la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, destacó su carácter autónomo.
Enmienda 14 ingresada por las comisionadas Bettina Horst (UDI), Katherine Martorell (RN), Marcela Peredo (ind- RN), Catalina Salem (RN) y los comisionados Jaime Arancibia (ind-RN), Carlos Frontaura (REP), Hernán Larraín (RN), Teodoro Ribera (RN) y Sebastián Soto (Evópoli).
“Que sea autónomo podría sacar la discusión política que hay hoy en día respecto a todos los proyectos”, expresó Costa.
En esta misma línea, destacó la Defensoría de la Naturaleza presentada por el oficialismo como una “hermana” de la enmienda 14.
Enmienda 17 ingresada por las comisionadas Magaly Fuenzalida (FRVS), Antonia Rivas (CS), Leslie Sánchez (ind-PPD) y los comisionados Alexis Cortés (PC) y Domingo Lovera (RD).
Sobre este órgano, el académico afirmó que servirá de contrapeso al eventual Servicio de Evaluación Ambiental, contando con la facultad de aprobar o rechazar proyectos. También indicó que su autonomía sería un contrapeso a las decisiones estatales respecto a las cuestiones ambientales.
En materia de aguas, Costa valoró la enmienda 15, apuntando a que en la actualidad ha habido “una falta de Estado” en la regulación.
Enmiendas 15 ingresada por las comisionadas DC, Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss, junto a comisionados del PS Catalina Lagos, Flavio Quezada y Gabriel Osorio.
Finalmente, remarcó las indicaciones 28 y 29, donde a juicio del abogado se innova estableciendo al Estado como custodio, lo que implica una labor intergeneracional.
La última exposición de la subcomisión estuvo a cargo de Edesio Carrasco, abogado ambientalista y Máster en Derecho con mención en Derecho Ambiental, University of California (USA).
En su presentación, señaló que la Constitución actual ha permitido avances en materia ambiental ya que, a través de la ley, se han creado instituciones con este fin. “El artículo 19, número 8, no ha sido un cerrojo. No ha sido una trampa ha habilitado, creo yo, los últimos 30 o 40 años, al legislador a crear instituciones”, afirmó Carrasco.
Edesio Carrasco exponiendo ante la subcomisión. Foto de twitter de @procesoconsti23
Y valoró lo aprobado en general respecto al capítulo décimo tercero, aunque manifestó que hay redundancias, como el artículo 187. Respecto a esta norma sugirió agregar junto a “toda persona” al “Estado como deberes”.
Artículo 187 aprobado en general por el Pleno de la Comisión Experta.
Sobre las 32 indicaciones ingresadas al capítulo, el abogado señaló que hay normas que “atrofian la sala de máquinas actual”, como la que buscan la creación de un órgano autónomo para la evaluación del impacto ambiental, propuesta de la oposición, y la Defensoría de la Naturaleza, enmienda patrocinada por el oficialismo.
“Veo en el futuro a un CEA autónomo y veo a una Defensoría de la naturaleza peleando entre sí, choque de trenes, defendiendo intereses distintos, ambos con rango constitucional, autónomo”, evaluó.
A su juicio, actualmente ya hay órganos que cumplen el rol que se propone tenga la Defensoría, como el Consejo de Defensa del Estado y la Superpotencia del medio ambiente.