Esta jornada, las comisiones de Sistema Político y Función Jurisdiccional comenzaron el estudio de los capítulos del anteproyecto de su competencia, para esto las y los integrantes de la Comisión Experta expusieron su trabajo y resolvieron las dudas de los consejeros.
*Por la pasante Javiera Castro junto al equipo La Neta
Mitad de semana y el Consejo Constitucional mantiene su agenda llena. Hoy comenzó el estudio del anteproyecto realizado por la Comisión Experta, específicamente en los capítulos dedicados al Poder Judicial y Sistema Político.
Comisión de Función Jurisdiccional
En doble jornada, la comisión estuvo abocada a las presentaciones de integrantes de la Comisión Experta, que participaron en la redacción de los capítulos.
Comenzando en la mañana por los capítulos dedicados al Ministerio Público y Justicia Electoral y Servicio Electoral. El primero fue presentado por la comisionada de RN, Katherine Martorell, quien destacó las innovaciones ingresadas al nombramiento del Fiscal Nacional.
Además, relevó la importancia de incluir en el anteproyecto la Defensoría de acceso a la justicia y defensa de las víctimas. Al respecto, la comisionada Paz Anastasiadis (DC), comentó que esta es una innovación que no se focaliza solo socioeconómica, sino que también considera las condiciones sociales de mayor vulnerabilidad que pudiesen implicar.
En la ronda de consultas, el consejero republicano Paul Sfeir expresó su inquietud respecto al quorum propuesto en el anteproyecto para la elección del Fiscal, que cambia de dos tercios a tres quintos. A juicio de Sfeir esto podría tender a decisiones “menos representativas”.
Consejero Paul Sfeir. Foto de Proceso Constitucional.
Respecto a esta inquietud, Martorell explicó que el quorum de tres quintos permitiría “gobernar y que las minorías no coarten el debate”. Aunque señaló que la implementación de este quorum deberá ser algo que deben discutir en la comisión.
La sesión PM estuvo dedicada a los capítulos de Poder Judicial y Banco Central del anteproyecto constitucional. Respecto a lo propuesto en el primero, hubo una duda que se repitió entre los consejeros y consejeras: la elección de jueces.
Los consejeros republicanos Diego Vargas y Sebastián Parraguez transparentaron su preocupación por la eventual “politización” de los jueces.
En respuesta, el comisionado Hernán Larraín (UDI) explicó que la fórmula planteada por la subcomisión evita los manejos “que puedan ser ajenos a las estructuras propias del Poder Judicial». Esto, a su juicio, porque las elecciones serán por territorio jurisdiccional y no nacional.
Sobre lo mismo, aclaró que “la gente no postula a un cargo determinado”, sino que eso lo determina el sorteo con la nómina de jueces.
“No es que este grupo quiera tomarse la comisión de nombramiento, porque si bien los jueces elegidos van a ser representativos de sus bases jurisdiccionales estos van a ser sorteados y, por lo tanto, a algún juez o jueza le va tocar estar en la comisión de nombramiento, a otro, un distinto ámbito y eso evita los problemas”, complementó el comisionado UDI.
En cuanto a la evaluación de los jueces, Larraín, explicó que la calificación de los jueces se le entrega a la comisión de nombramiento en la forma que determine la ley.
Comisión de Sistema Político
La primera sesión de esta comisión tuvo como principal punto en tabla recibir a las comisionadas y comisionados redactores de los artículos sobre Sistema Político, para conocer su trabajo en la redacción del anteproyecto.
Presidente de la comisión de Sistema Político, Edmundo Eluchans, junto al presidente de la subcomisión par, Juan José Ossa. Foto de Proceso Constitucional.
Y uno de los puntos que concitó más interés fue el de los mecanismos de participación, dispuestos en el capítulo tercero del anteproyecto. De hecho, el consejero republicano Luis Silva consultó respecto a las razones que llevaron a constitucionalizar los foros de deliberación ciudadana.
Al respecto, la comisionada Natalia González (UDI) comentó que estos son “una forma de ir involucrando poco a poco a la ciudadanía en cuestiones de debate de política pública y que sientan que también son parte de los procesos de toma de decisión”.
“Aún cuando su opinión en estos foros pueden no ser vinculantes, y no lo son de hecho en esta propuesta constitucional”, precisó González.
Por su parte, la única comisionada de Evópoli, Gloria Hutt, preguntó por las razones que tuvo la subcomisión para incluir en el anteproyecto la iniciativa de derogación total o parcial de ley.
Ante esta consulta, la comisionada González puntualizó que este mecanismo no es “un obstáculo o una forma de ir minando la democracia representativa”.
“Si no una forma de que los parlamentarios y la política se acerquen a sus electores antes de legislar y vayan acercando a los representantes a la legislación, para que ellos puedan hacer saber sus opiniones previamente y no terminar en el momento cúlmine de la derogación, que por lo mismo, además, es excepcional”, señaló González.
Además, indicó que junto al comisionado Francisco Soto (PPD) estaban a disposición de la comisión para revisar la legislación comparada y los resguardos que adoptaron para la iniciativa de derogación.
