A días de cumplirse 50 años del Golpe de Estado, la Cámara aprobó cuatro solicitudes de resolución para el cierre de Punta Peuco, penal símbolo para los condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, así como un nuevo uso de sus instalaciones.
*Por la pasante Javiera Castro junto al Equipo La Neta
La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó para analizar la existencia del Penal Punta Peuco, complejo penitenciario dónde se encuentran reos condenados por violaciones a los derechos humanos.
Junto con estudiar la posibilidad de trasladar a privadas de libertad embarazadas o con hijos a este recinto penitenciario. Conoce aquí la carta de diputadas y diputados oficialistas al Ministro de Justicia Luis Cordero.
Debate
Quien inició la sesión fue el diputado socialista Juan Santana Castillo (D-4) reflexionó sobre los avances en materia de justicia, pero también de aquellas medidas que, a su parecer, no se tomaron a tiempo.
Además, Santana aseguró que la discusión no es sobre si deben existir instalaciones con las características del recinto, sino cuestionar la existencia de estos penales exclusivos para personas condenadas por violación a los derechos humanos.
“El problema con Punta Peuco es que ante una situación de hacinamiento carcelario y de precarias condiciones, sus instalaciones sean ocupadas por violadores de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, observó el diputado PS.

Previendo el debate que se levantaría desde la oposición, Santana afirmó que no será fácil tomar una decisión de este tipo, pues existe una resistencia por parte de algunos sectores políticos. “Donde algunos vemos criminales de la peor calaña, otros siguen viendo a valientes soldados, a libertadores de la patria o héroes de la nación”, declaró.
En resumen, para el parlamentario socialista, las instalaciones debiesen ser ocupadas por “población penal más vulnerable y prioritaria”, como madres y mujeres embarazadas.
La resistencia de la oposición
El diputado republicano Luis Sanchez (D-7) aseveró que este es un tema que no le interesa a nadie y que “la izquierda solo quiere seguir victimizándose”. Igualmente comentó que se ha tejido un mito sobre Punta Peuco y que si verdaderamente hubieran ido al recinto sabrían que no es una “mansión”.

En el mismo tono, la Diputada Camila Flores (RN) secundó las palabras de Sanchez: “No es un resort, no hay cabañas”. E invitó a visitar el recinto para ver el hacinamiento, en que a su juicio, se encuentran los reclusos.
Por su parte, el diputado Gustavo Benavente (UDI) llamó a revisar si el cierre de este penal pasa a llevar acuerdos suscritos de nivel internacional.
Cifras
A pesar de las diferentes observaciones sobre el tema, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quién asistió en representación del Ejecutivo, entregó la cuota de realidad a través de cifras sobre la población penal nacional.
Gajardo expuso que actualmente hay un 124% de ocupación en los 80 centros penitenciarios del país y la sobrepoblación penal no permite una adecuada segregación por módulos, por lo que no están en condiciones de cerrar centros penitenciarios.

Refiriéndose particularmente a la situación de las mujeres privadas de libertad, el subsecretario aseguró que se trabaja por sus derechos humanos, lo que se materializaría en la remodelación materno infantil del Centro Penal Femenino de Santiago.
Lo anterior consideraría infraestructura penal femenina construida con perspectiva de género, según recomendaciones de organismos internacionales
Votación
Finalmente se aprobaron cuatro solicitudes donde transversalmente se solicita al Presidente la instrucción de medidas para el cierre de Punta Peuco y el traslado de sus internos a recintos comunes y anexos respectivos. Como alternativa, se propone su reubicación en un módulo especial en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1.
En cuanto a madres y mujeres embarazadas, se solicitó la instrucción al Ministro de Justicia, para reacondicionar la instalación del centro penitenciario.
En tanto, los proyectos de resolución de la oposición que solicitaban al Presidente evitar el cierre del Penal, así como el de “velar por el trato digno y el respeto a los derechos humanos de los presos mayores de 70 años y de las mujeres embarazadas privadas de libertad”, fueron rechazados.