*Por Equipo La Neta
El proyecto que crea la “ley de endometriosis” y el que busca establecer responsabilidad civil por anticonceptivos defectuosos quedaron a la espera de ser votados en la sala de la Cámara.
??Chin-chin ??Las fiestas de fin de año llenaron de magia la sala de redacción de La Neta y dejó un regalito para nuestras lectoras: El último boletín legislativo del 2023, dedicado a dos iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se encuentran en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La ley de endometriosis y la responsabilidad civil en caso de anticonceptivos defectuosos, fueron los proyectos que quedaron pendientes de ser votados en la sala de la Cámara. Ambas iniciativas están a un paso de terminar su primer trámite legislativo y pasar al Senado.
¡Partamos! La ley de endometriosis, ingresada vía moción parlamentaria a finales del 2021, propone promover y garantizar la atención médica para aquellas personas que presenten o pudiesen presentar endometriosis, como el diagnóstico temprano y derivación a centros para tratamiento.
¿Qué es la endometriosis?
Es una enfermedad en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor pélvico crónico, distensión abdominal, náuseas, fatiga y, en ocasiones, depresión, ansiedad e infecundidad, además de dificultar que se consiga un embarazo. Esta puede aparecer a partir de la primera menstruación y hasta la menopausia.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la endometriosis “afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo”. En nuestro país, la Fundación Chilena de Endometriosis (FUCHEN), organización impulsora del proyecto junto al exdiputado Raúl Celis, cifra que son más de 400 mil las personas que padecen esta enfermedad.
La directora de FUCHEN, Marcela Araya, explicó que esta iniciativa legislativa busca “preservar los derechos sexuales y reproductivos de las pacientes” a través de diagnósticos oportunos, tratamientos financiados por el Estado y protección laboral. En esto también coincidió la diputada y presidenta de la comisión de Salud, instancia encargada de la tramitación, Ana María Gazmuri (Acción Humanista), quien valoró que el proyecto avance en la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
“Con su aprobación, podríamos decir con claridad, que va a tener un impacto en muchas personas en Chile. Recordemos que las cifras rondan entre las 300 y 400 mil mujeres que padecen esta enfermedad, que no solo afecta a los órganos reproductivos, sino que también al sistema urinario y digestivo de quienes viven con esta patología”, señaló Gazmuri.
Desde FUCHEN, han seguido atentamente la tramitación de este proyecto y esperan un pronto avance de este, puesto que “las pacientes no pueden seguir esperando por una atención digna y de calidad, la salud es un derecho humano”, sostuvo Araya.
Al respecto, la diputada Gazmuri explicó que “el orden de los proyectos no depende necesariamente de las y los parlamentarios”, sino que de distintos factores como urgencias ingresadas por el Ejecutivo a otras iniciativas legislativas. Sin embargo, espera que en la primera semana legislativa de enero “vuelva a estar en tabla” y avanzar en su despacho al Senado.
¿Y los anticonceptivos defectuosos?
Esta iniciativa busca facilitar la determinación de la responsabilidad civil por los anticonceptivos defectuosos que hayan causado embarazos no planificados y que hayan sido objeto de una alerta por el Instituto de Salud Pública (ISP). La primera alerta de este tipo, de público conocimiento, data del 2020.
Según los datos del proyecto de ley, “a la fecha, al menos 140 mujeres usuarias de dichas pastillas anticonceptivas denuncian haber quedado embarazadas, situación que debido a la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo por causales diversas a las establecidas en la ley de 21.030, deberán enfrentar de manera forzada una gestación”.
La diputada Gazmuri señaló que “nadie se hizo responsable de esta situación y esto genera un impacto tremendo en la vida de las mujeres que tienen que cargar con un embarazo no deseado, siendo que habían tomado todas las medidas de responsabilidad justamente para poder evitarlo”.
Y agregó que este fue el caso de mujeres que tomaban la píldora Anulette, “principal anticonceptivo entregado en los recintos de salud primaria y que es fabricado por los laboratorios Andrómaco y Silesia”.
Según lo propuesto en el proyecto de ley despachado por la comisión, serán los laboratorios los responsables de probar que el defecto no podría haber generado dicho daño, esto al establecer una presunción de causalidad cuando exista embarazo y una alerta emitida por el ISP. Es decir, coincidiendo ambas circunstancias no será necesario que la usuaria pruebe que el embarazo fue producido por el anticonceptivo defectuoso, como correspondería siguiendo las reglas generales.
Junto con esto, el proyecto incluye una norma transitoria que establece el efecto retroactivo de esta ley para permitir su aplicación a los casos que dieron origen a esta moción, específicamente a aquellos registrados del año 2020 en adelante. Esto constituye una excepción, puesto que las leyes, por regla general, tienen efectos desde que son dictadas, por lo que de no considerarse esta norma transitoria, las reglas aprobadas no serían aplicables a casos ya ocurridos.
Para la presidenta de la comisión de salud este proyecto avanza “concretamente para brindar trazabilidad y que sea de cargo de los productores el demostrar que no fueron ellos los responsables y no de las personas afectadas”.
¿Qué pasó en el Senado?
El miércoles 21 de diciembre de 2023, la comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado despachó a la sala el proyecto de ley que modifica el régimen de sociedad conyugal del matrimonio.
La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, organización peticionaria en el caso de la señora Arce, indicó a La Neta que esto es “un paso muy importante” para el proyecto, el cual espera que sea aprobado en sala y remitido a la Cámara, que revisará las modificaciones ingresadas por el Senado.
“Esperamos que estas etapas siguientes de tramitación se lleven adelante con celeridad, especialmente, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido y el retraso en dar cumplimiento no solo a este acuerdo, sino principalmente por lo que significa para las mujeres en Chile seguir sometidas a un régimen que no garantiza su igualdad jurídica, que las discrimina, limita su capacidad jurídica y la subordina a las decisiones de sus maridos”, señaló Maturana.
¡Nos vemos a fin de mes!
¡Al agua pato! ?Aquí concluye nuestro boletín y esperamos compartir las novedades legislativas de enero en una nueva edición ?, antes del receso de vacaciones del Congreso Nacional.
