En doble jornada, el Pleno de la Comisión Experta aprobó la segunda tanda de propuestas constitucionales dirigidos a seis capítulos, entre los que se encuentra el Congreso Nacional, Gobierno y Administración Regional y Local, y Ministerio Público. Y si te lo perdiste, no te preocupes que aquí viene tu boletín favorito con el mega resumen.
*Por Equipo La Neta y los pasantes Raimundo Gallardo e Ignacia Gutiérrez
¿Qué se tenía presupuestado para hoy?
09:00 a 13:00 hrs:
- Sesión plenaria N°11 de la Comisión Experta
15:00 a 20:00 hrs:
- Sesión plenaria N°12 de la Comisión Experta
¿Qué pasó realmente?
¡Ingresan seis propuestas de normas constitucionales! En una doble tanda de sesiones plenarias, esta jornada la Comisión Experta aprobó en general la incorporación de las propuestas ingresadas por las subcomisiones de Sistema Político y Función Jurisdiccional a los siguientes capítulos:
4. Congreso Nacional
- Gobierno y Administración del Estado
- Gobierno y Administración Regional y Local
- Poder Judicial
- Corte Constitucional
- Ministerio Público
¿Cómo fue el debate? ¿Y con cuántos se aprobó cada una de estas propuestas? Aquí te respondemos.
Sesión plenaria AM
Capítulo 4: Congreso Nacional
A las 9:15 hrs. comenzó el primer debate de la jornada dedicado a las propuestas de normas ingresadas al capítulo sobre Congreso Nacional, trabajadas por la subcomisión de Sistema Político.
Algunos de los aspectos propuestos para este capítulo, fueron adelantados en el debate del Pleno de ayer. Como la propuesta que establece que la cesación de un cargo de diputado o senador sólo se realizará “por la renuncia o expulsión al partido que hubiere declarado su candidatura”, con el objetivo de evitar “transfuguismo político” o “discolaje”.
Además, se propuso incorporar “barreras electorales”, estableciendo que un partido tendrá representación parlamentaria sólo si alcanza al menos un 5% de votación. El presidente de la subcomisión, Juan José Ossa (RN), señaló que este “umbral electoral” operará “tanto para la Cámara como para el Senado”.
Sobre este umbral, el comisionado Gabriel Osorio (PS) estimó conveniente la propuesta realizada, indicando que esto no implica “la captura de partidos políticos fuertes”.
“Significa que son los partidos políticos los que se tienen que fortalecer, ya sea atrayendo más electores, o ya sea uniéndose en ciertos principios e ideales programáticos similares”, argumentó Osorio, agregando que esto traería un mayor ordenamiento del sistema político.
Sin embargo, y a pesar de considerarlo una buena idea, la comisionada DC, Alejandra Krauss, mencionó que el umbral propuesto “perjudica los liderazgos nacionales que no logran” el porcentaje.
Bicameralismo en la formación de ley
Respecto a este punto, la comisionada Leslie Sánchez (PPD-PL) mencionó que hay investigaciones sobre la tramitación legislativa que evidencian la “tardanza que tienen las cámaras al replicar y generar un efecto espejo”.
La comisionada hizo alusión a que un proyecto de ley pasa las mismas etapas en la Cámara de Diputados (si fuese la de origen) como en la del Senado cuando ésta actúa como cámara revisora “haciendo que el proceso legislativo sea extremadamente largo”.
Por este motivo, sugirió incluir una frase o párrafo “que permita entender el bicameralismo en su naturaleza como una cámara de origen y una cámara revisora”.
Sin embargo, la comisionada Natalia González (UDI) señaló que el rol de la Cámara Revisora en la formación de ley es necesario y relevante para darle “una voz a los representantes regionales”.
Comisionada Natalia González durante su intervención.
Foto de @procesoconsti23
“Es una oportunidad de plasmar una voz de las regiones, mejorando las iniciativas y dotandolas de mayor legitimidad”, afirmó la integrante de la subcomisión de Sistema Político.
Además, y usando de ejemplo al Senado, González desestimó las críticas referidas al retraso legislativo de la cámara revisora. “En promedio, ha sido más rápido que la Cámara de Diputados para tramitar las iniciativas legales. De hecho, le saca más de dos meses de ventaja”, sostuvo.
“Me parece muy importante que, en nuestra propuesta, el bicameralismo simétrico se plasma y se refuerza (…). Un Congreso que está organizado en forma simétrica, para la revisión de la legislación, con un Senado donde los miembros duran el doble de los que la Cámara de Diputados, y que se renuevan parcialmente, es parte de este diseño de los pesos y contrapesos que no podemos olvidar”, afirmó González.
Por otra parte, el comisionado Alexis Cortés, considera un acierto el que el Congreso pueda resolver urgencias legislativas, aunque advirtió preocupación respecto al establecimiento de quorums calificados, por ejemplo, en materias de indultos.
“No petrifiquemos con quorums excesivos las leyes de la República, particularmente los dos tercios, que en materia de ley contribuyeron a establecer tutelajes que coartaron el despliegue pleno de nuestra democracia”, declaró Cortés.
Paridad y escaños reservados
Gabriel Osorio (PS) y Antonia Rivas (CS), ambos integrantes de la subcomisión de Sistema Político, sugirieron que se incorporen normas de paridad y escaños reservados para pueblos originarios. Respecto al primer punto, Rivas señaló que es necesario “contar con reglas más fuertes” para la paridad que puedan responder a la “deuda pendiente”.
Foto de @procesoconsti23
Sobre los escaños reservados, la comisionada de Convergencia Social llamó al Pleno a “avanzar en un sistema de reconocimiento de la participación política de los pueblos indígenas, podemos entregárselo a la ley, pero es necesario reconocer este derecho mediante escaños reservados”.
Capítulo 5: Gobierno y Administración del Estado
Período presidencial
Pasada las once de la mañana, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, entregó la palabra al comisionado Sebastián Soto, quien indicó que las propuestas ingresadas al capítulo 5 “tienen elementos de continuidad y elementos de cambios”.
Ejemplo de esto, es la norma que propone mantener el período presidencial de cuatro años, sin reelección inmediata, con la posibilidad de “elección en dos vueltas” y solo con dos ciclos presidenciales.
Sobre este último punto, Soto explicó que es una “prohibición que establece que una misma persona solo puede ejercer el cargo de presidente hasta dos veces”.
Respecto a esta propuesta, el comisionado Alexis Cortés se mostró de acuerdo en establecer la no reelección inmediata del presidente de la República. Sin embargo, señaló que un período presidencial de cuatro años es un tiempo escaso para “un gobierno transformador”.
Para esto, Cortés sugirió tener en cuenta “conjugar de mejor forma la construcción de un orden justo y el cambio político” para la posterior discusión de la norma.
Equilibrio Poder Ejecutivo/Legislativo
Fue el comisionado y presidente de la subcomisión de Sistema Político, Juan José Ossa, quien declaró que para el presente capítulo, que fue redactado por el espacio que preside, están evitando las categorías que encasillan al actual sistema como presidencialista o parlamentario, porque a su juicio, no es un reflejo de la realidad.
Sobre lo anterior, Ossa apuntó que el texto no busca fortalecer al Presidente o al Congreso, sino que busca “mejores mecanismos de colaboración recíproca entre instituciones».
Fuerzas de Orden y Seguridad
Sobre las normas propuestas para este apartado, la comisionada Antonia Rivas llamó a sus pares a “ponerse más allá de la contingencia” e incorporar “un mandato constitucional explícito de los derechos fundamentales de las personas” para quienes integren Carabineros y Policías de investigaciones.
“Me parecería muy importante establecerse, como otras de sus atribuciones, también el resguardo de los derechos de las personas en una forma más profesional, menos militarizada, que responda a las soluciones reales que están pensando ahora las personas y que están sufriendo en materia de seguridad y, esto es, la vulneración de sus derechos fundamentales”, propuso Rivas.
Sobre la propuesta realizada por Rivas, el comisionado Máximo Pavez marcó una distancia al afirmar que “no es patrimonio solamente de un tipo de órgano constitucional el respeto a las garantías fundamentales”, sino que es un deber de todo el Estado.
El detalle de las intervenciones durante el debate AM, lo encuentras aquí:
https://twitter.com/lanetacl/status/1643241087820091393
Capítulo 6: Gobierno y administración local y regional
El capítulo octavo abrió la jornada PM de discusión. Y las integrantes de la subcomisión de Sistema Político, Antonia Rivas y Natalia Gonzalez, estuvieron a cargo de la exposición de fundamentos y las normas más relevantes de la propuesta de este capítulo.
Rivas abrió la exposición dando cuenta del anhelo que ha existido durante mucho tiempo para reconocer a las regiones, lo que a su vez implica una serie de regulaciones que se han plasmado en el proyecto.
“Como ha sido el diagnóstico consensuado por muchos años en Chile, nuestro país ha sido caracterizado como uno centralizado, tal condición ha generado un importante anhelo de descentralización”, expuso. En este sentido, la comisionada también destacó la importancia de la descentralización para avanzar en modernización.
La autonomía de los gobiernos regionales y locales, que respetan la indivisibilidad y unidad del Estado, principios constitucionales, como los principios de solidaridad, equidad territorial, pertinencia territorial, subsidiariedad territorial, coordinación y asociatividad, son parte de los principales cambios contenidos en la propuesta.
Por su parte, la comisionada González destacó la norma que establece mecanismos, instrumentos y fondos que aseguren la compensación económica interterritorial en las transferencias fiscales a gobiernos subnacionales. “No más traspaso de competencias sin el adecuado apoyo financiero y humano”, comentó González.
En cuanto al artículo 20 sobre “Territorios especiales”, Rivas señaló que ingresará una indicación para una “norma diferenciada” para Rapa Nui, para “la protección de su territorio y autonomía”.
Y esto no fue lo único sobre territorios especiales, ya que el comisionado Teodoro Ribera (RN) sugirió incorporar el territorio Antártico chileno. “La Antártida es parte esencial del país, lo que sucede en ella, además, tiene implicancias en materia ambiental”, señaló Ribera.
A pesar del consenso general en torno a la descentralización el comisionado, Jaime Arancibia, teme “que varias de las disposiciones en las que descansa nuestra conformidad con la descentralización tienen que ver con el desarrollo de normas del legislador”.
Para subsanar lo anterior, Arancibia, sugiere «la posibilidad de estudiar el hecho de que la descentralización política pueda ir acompañada de una debida representatividad de las regiones en el Senado o en el Congreso».
Capítulo 7: Poder judicial
Los integrantes de la subcomisión de Función Jurisdiccional, Leslie Sánchez y Hernán Larraín, fueron los comisionados encargados de exponer las propuestas de normas ingresadas al capítulo séptimo.
Sobre los fundamentos constitucionales de esta función, explicaron que se incorporan los principios de independencia, inexcusabilidad, imperio, inamovilidad. A esto, la comisionada Sánchez señaló que no se incluyó el acceso a la justicia y debido proceso como principios, ya que se determinó que estos al ser derechos fundamentales eran competencia de la subcomisión de Derechos.
“Sabemos hoy que no fueron contemplados (…). Pero hemos solicitado, y reiteramos la solicitud firmemente, de que ambos temas sean considerados en el capítulo de derechos fundamentales”, solicitó la comisionada Sánchez.
Además, dentro de las propuestas, se mantiene la Corte Suprema “como máximo tribunal del país, pero se limita el mandato de sus miembros”, es decir, se limita a 20 años el cargo de los ministros con el objetivo de “dotar de mayor movilidad el ascenso de jueces y juezas.
Por último, Sánchez hizo hincapié en que esta propuesta, en caso de ser aprobada, no afectará a los actuales integrantes de la Corte Suprema.
Junto con esto, señaló que: “Se separa la función jurisdiccional de la Corte Suprema de los demás roles que cumple hasta el día de hoy a fin de reforzar la independencia interna de los jueces. Y, además, facilitar al máximo tribunal el cumplimiento de su rol esencial. Este es precisamente un tribunal”.
Para el cumplimiento de esto, se crean cuatro órganos: uno destinado al nombramiento de jueces y fiscales; otro encargado de la administración y presupuestaria, sucesor de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAJ); un tercero para “velar por la disciplina interna”; y, por último, otro encargado de la formación y capacitación de funcionarios, sucesor de la Academia Judicial.
Corte Suprema
Respecto a este órgano, Leslie Sánchez, aboga por su continuidad y para reconocerla como máximo órgano del poder judicial, aunque plantea que no puede ser bajo la misma estructura actual, donde jueces y juezas ejercen una única función: la función jurisdiccional.
“Lo que diferencia a uno u otro, es la etapa del proceso en el que conoce del asunto y que no hay otra razón ni jurídica ni procesal para tal distinción”, señala Sánchez y añade que “de existir un rol más preponderante en la Corte Suprema, debería ser el rol de unificador de jurisprudencia y no otro”.
En esta misma línea, el comisionado Alexis Cortés comentó del consenso para que tribunales y, en especial la Corte Suprema “se dediquen en forma exclusiva a los asuntos estrictamente jurisdiccionales, liberándola de toda otra función ajena a la resolución de conflictos de relevancia jurídica”.
¿Dónde está la perspectiva de género?
Las comisionadas Alejandra Krauss y Antonia Rivas solicitaron incorporar los principios de paridad y perspectiva de género a los fundamentos constitucionales de la función jurisdiccional, contenidos en el artículo dos del capítulo.
“En este capítulo como en otros se omite el principio de paridad y perspectiva de género (…). Creo que debiésemos reconsiderar una propuesta del texto de la Convención en el sentido de que los tribunales, cualquiera su competencia deben resolver con enfoque de género», solicitó Krauss.
Foto de @procesoconsti23
Por su parte, la comisionada Rivas dijo extrañar un elemento de la propuesta de nueva Constitución rechazada el pasado 4 de septiembre: “el ejercicio de la función jurisdiccional con enfoque de género, que valga la importancia de señalar que no es lo mismo que la paridad”.
Sobre estas proposiciones, Máximo Pavez señaló que incorporar la paridad como principio de la función jurisdiccional, podría generar «un efecto adverso al que se busca». Por lo que, según el comisionado, sería importante para la futura discusión “tener en cuenta las diferentes dimensiones que se han planteado al hablar de la paridad y cómo impactaría esta en la práctica”.
Alexis Cortés señaló que se omitieron aspectos importantes en la propuesta como la «indispensable gratuidad de la función jurisdiccional», transparencia, orientación hacia igualdad sustantiva y paridad de género.
Independencia judicial
El comisionado Cortés expuso sus dudas respecto al Consejo de Nombramientos Judiciales para la designación de jueces propuesto, pero que “inexplicablemente entrega a la ley su conformación y atribuciones”, lo que a su juicio genera mayor incertidumbre y riesgos para la independencia judicial.
Desde otra vereda, el comisionado Flavio Quezada declaró que “sin independencia judicial ni imparcialidad de los jueces no hay Estado de derecho y sin Estado de derecho, no hay Estado social y democrático de derecho”.
Basándose en la experiencia extranjera de Francia e Italia, Quezada afirmó ser partidario de un Consejo de la Magistratura compuesto por mayoría de jueces.
La comisionada Catalina Salem también aseveró que el Poder Judicial y su independencia “es el garante de los derechos fundamentales”. Sobre esto mismo, dijo que hay que equilibrar tanto la independencia interna como la externa del poder judicial, con los demás poderes del Estado.
Capítulo 8: Corte Constitucional
Las normas constitucionales ingresadas a este capítulo fueron expuestas por la presidenta de la subcomisión de Función Jurisdiccional, Catalina Salem (RN), junto al comisionado Domingo Lovera (RD).
Salem en su exposición señaló que una de las principales innovaciones propuestas está en la integración y composición de la Corte Constitucional, el cual estará conformado por nueve miembros, los que serán renovados parcialmente cada año y se elimina “el voto dirimente de quien preside” este órgano.
El carácter técnico jurídico se complementará con nuevas exigencias para acceder al cargo. En cuanto a las atribuciones “se mantienen facultades que se encuentran en la Constitución vigente”, señaló la comisionada.
En cuanto al sistema de nombramientos de la Corte Constitucional, Domingo Lovera, señaló que “nos parece que es suficiente contar con un solo mecanismo que gobierne las designaciones de las y los nueve integrantes de la Corte. Se trata de un mecanismo en el que interviene de manera sucesiva el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Senado”.
Control preventivo de la Corte Constitucional
A pesar de valorar la propuesta, el comisionado Pavez adelantó que presentará una enmienda para reponer el control preventivo eventual de la Corte Constitucional para «controlar de manera sustantiva la constitucionalidad de fondo de los proyectos de ley que se encuentren en tramitación».
La ausencia de esta facultad también fue advertida por Marcela Peredo (RN) y sugirió “revisar el control de constitucionalidad preventivo que hoy existe”.
Quorums de la Corte Constitucional
El artículo 5 de la propuesta al capítulo de Corte Constitucional también fue objeto de debate dentro de la Comisión. Una de estas intervenciones fue la del comisionado del Partido Republicano, Carlos Frontaura, que sugirió revisar “la supramayoría” del quorum indicado en la resolución de “cuestiones de constitucionalidad por vicios de procedimiento”.
“Se ha reclamado mucho contra la supramayoría, pero resulta que el tribunal va a requerir dos tercios (…). Me llama la atención, no encuentro explicación ni razonabilidad”, afirmó Frontaura.
La comisionada González también señaló su disconformidad por el quorum de tres cuartas partes establecido para la resolución de “la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable”. Según la comisionada de la UDI, este se mantiene elevado y no soluciona “el problema que hoy día tenemos de los cuatro quintos”.
Máximo Pavez, destaca que en la propuesta se establezca un “mandato constitucional preciso” en el caso de la Corte Constitucional. “No parece razonable que esta Corte no pueda hacer control de elementos de fondo”, fue una de las críticas de parte del comisionado, señalando que se buscarán mecanismos para “insistir en que se mantenga el control preventivo de constitucionalidad”.
Capítulo 9: Ministerio Público
La presentación del último capítulo debatido y votado hoy, estuvo a cargo de las comisionadas Katherine Martorell y Paz Anastasiadis, quienes destacan la mantención de normas que “hoy fortalecen al Ministerio Público”, pero que además innovan para la reducción de la criminalidad. También relevaron las nuevas estructuras como las fiscalías supraterritoriales.
La comisionada Catalina Lagos presentó dudas respecto al órgano que se configura como Defensoría de las Víctimas. Señala que puede generar un sinfín de problemas interpretativos y también desconoce los motivos para su creación.
“La evidencia empírica arroja que las carencias de las víctimas deberían destinarse a los recursos para otras necesidades más urgentes como reparación”, argumentó Lagos. Pese a lo anterior, celebra la propuesta de constitucionalizar la creación de esta Defensoría.
El comisionado Jaime Arancibia también presentó dudas sobre el fiscal como una autoridad que no es acusable en juicio constitucional. Para esto sugiere tener un estatuto de fiscalización por parte del Congreso que “represente la voluntad ciudadana mayoritaria”.
Por su parte, Alexis Cortés valoró que las normas presentadas para este capítulo sean sensibles a los problemas de “nuestro tiempo”, aunque por otro lado, cuestiona el porqué no se establece una Defensoría del Pueblo o de los Derechos Humanos, señalando que debería orientarse a víctimas de todo tipo de delitos.
El detalle de las intervenciones durante el debate PM, lo encuentras aquí:
https://twitter.com/lanetacl/status/1643329925301116930
Votación de las propuestas normativas
En la primera sesión plenaria la mañana, los capítulos cuarto y quinto de la propuesta constitucional fueron aprobados por la unanimidad de las y los comisionados (24 votos a favor).
El detalle de cada una de estas dos votaciones, lo encuentras aquí: https://twitter.com/lanetacl/status/1643288824074625041
Y en la sesión plenaria de la tarde, nuevamente hubo unanimidad en la aprobación de los capítulos sexto, séptimo, octavo y noveno.
El detalle de cada una de estas dos votaciones, lo encuentras aquí:
https://twitter.com/lanetacl/status/1643403382063788032?s=20
¿Cuál es el itinerario para mañana?
09:00 a 13:00 hrs:
- Sesión plenaria de la Comisión Experta para discutir y votar en general las propuestas de normas ingresadas a los capítulos décimo, undécimo y duodécimo de la estructura constitucional, previamente aprobada, titulados Justicia electoral y Servicio Electoral; Contraloría General de la República; y Banco Central, respectivamente.
15:00 a 20:00 hrs:
- Sesión plenaria de la Comisión Experta para discutir y votar en general las propuestas de normas ingresadas a los dos últimos capítulos sobre Protección del Medio Ambiente y Procedimientos de cambio constitucional.
