Fabiola Gutiérrez, directora de La Neta
Hubo un tiempo en que las mujeres aprendimos que había cosas que era mejor no contar.
No porque no hubieran ocurrido. Sino porque contarlas implicaba volver a atravesarlas. Significaba responder preguntas que nunca se hacían a los agresores, justificar decisiones tomadas bajo el miedo, soportar la sospecha de quienes preferían dudar de una víctima antes que cuestionar una estructura que durante siglos había normalizado la violencia contra las mujeres.
Durante demasiado tiempo la violencia sexual no solo habitó los cuerpos de las mujeres. También habitó las palabras con las que decidimos contarla. Porque quien controla el relato también disputa la memoria. Habitó también el silencio. El de las familias que pedían olvidar, el de las amistades que miraban hacia otro lado, el de instituciones que desconfiaban antes de escuchar y el de un periodismo que, demasiadas veces, puso el foco en la vida de las víctimas antes que en la responsabilidad de quienes ejercían la violencia.
Por eso, cuando las mujeres comenzaron a hablar, no solo empezaron a compartir experiencias. Comenzaron a disputar el relato.
Cristina Fallarás entendió muy pronto que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de un caso judicial. Con #Cuéntalo ayudó a construir un archivo colectivo de la violencia narrada por las propias mujeres. Primero fue Ahora contamos nosotras (2019), nacido de aquella irrupción masiva de testimonios. Más tarde, No publiques mi nombre (2024) volvió sobre una pregunta igual de incómoda: cuánto sigue costando hablar cuando la violencia sexual continúa atravesando tantos espacios de la vida cotidiana. Entre ambos libros no solo hay cinco años. Hay una transformación en la manera en que las mujeres recuperaron el derecho a contar su propia historia.
Y fue en medio de ese cambio de época cuando ocurrió el caso de La Manada.
Como ha escrito la periodista Isabel Valdés al cumplirse una década del caso, La Manada modificó la conversación pública sobre la violencia sexual. No resolvió las desigualdades ni acabó con la impunidad, pero hizo que cuestiones como el consentimiento dejaran de ocupar un lugar marginal para instalarse en el centro del debate.
Hace diez años, aquella violación grupal durante los Sanfermines no solo conmocionó a España. Interpeló al mundo. No porque fuera el primer caso de violencia sexual ni el más brutal, sino porque dejó al descubierto algo que millones de mujeres reconocieron de inmediato: la violencia no terminaba con la agresión. Continuaba en los tribunales, en los titulares, en las conversaciones cotidianas, en cada intento por explicar por qué una mujer no había gritado lo suficiente, no había escapado a tiempo o no había denunciado antes.

La respuesta social fue inédita. Las calles se llenaron de personas que comprendieron que la pregunta nunca debió ser qué hizo ella, sino por qué seguimos buscando explicaciones para quienes ejercen la violencia. Aquella movilización también interpeló a los tribunales y a los medios de comunicación.
Las palabras nunca son inocentes. Cambiar la manera en que nombramos la violencia también transforma la forma en que una sociedad decide verla.
Porque aquello que no tiene nombre suele parecer excepcional, anecdótico o inevitable. Nombrar permite reconocer patrones, identificar responsabilidades y comprender que la violencia no es una suma de casos aislados, sino una expresión de relaciones de poder profundamente arraigadas.
Sin embargo, diez años después, quizás la pregunta más incómoda no sea cuánto hemos avanzado, sino cuánto ha aprendido también la propia violencia.
Porque las violencias mutan.
Por mucho tiempo pensamos la violencia sexual desde escenarios concretos: una calle, una fiesta, una universidad, un lugar de trabajo, un hogar. Hoy sabemos que esa separación resulta insuficiente. Lo que durante décadas ocurrió en el espacio físico encontró en el entorno digital nuevas formas de reproducirse, organizarse y amplificarse. No hablamos de violencias distintas. Hablamos de un mismo continuo de violencia que utiliza otras herramientas para perseguir el mismo objetivo: disciplinar la participación de las mujeres en el espacio público.
Los canales de Telegram donde se comparten imágenes íntimas sin consentimiento. Las campañas coordinadas de hostigamiento contra periodistas y defensoras de derechos humanos. La creación de contenido sexual mediante inteligencia artificial. La difusión masiva de fotografías para humillar, disciplinar o expulsar a mujeres del espacio público. No son fenómenos nuevos ni hechos aislados. Son comunidades organizadas que reproducen, ahora mediante otras herramientas, las mismas lógicas de complicidad y disciplinamiento que durante décadas conocimos fuera de las pantallas.
Durante mucho tiempo hablamos de violencia online como si ocurriera en un universo distinto. Hoy sabemos que esa frontera nunca existió. La violencia que antes se sostenía en el silencio de una oficina, de un colegio, de una universidad o de un grupo de amigos también encontró en las plataformas digitales un espacio para amplificarse, organizarse y multiplicarse.
Las plataformas son nuevas. Las lógicas que buscan controlar, humillar y disciplinar a las mujeres siguen siendo las mismas.
Y junto con las formas de violencia también se reorganizaron las resistencias a los avances conquistados. Los discursos sobre las falsas denuncias vuelven una y otra vez. Las estrategias para desacreditar a quienes denuncian reaparecen con nuevos lenguajes. La sospecha continúa siendo una herramienta eficaz para devolver a las mujeres al lugar del silencio.
La violencia rara vez es únicamente obra del agresor. Quizás por eso resultan tan vigentes las palabras de la antropóloga Ana Burgos cuando afirma que muchos hombres siguen callando cuando el denunciado es un amigo. Porque la violencia sexual nunca ha sido únicamente un problema de agresores. También necesita comunidades que relativicen, instituciones que demoren, plataformas que obtengan beneficios de la circulación del odio y personas dispuestas a no incomodar a los suyos.
Hace años Rita Segato advertía que la violencia sexual funciona también como un mensaje disciplinador dirigido al conjunto de las mujeres. Quizás por eso cada agresión pública produce un efecto que trasciende a la víctima: redefine los límites de lo que una sociedad considera tolerable.
Cuando Gisèle Pelicot decidió renunciar al anonimato durante el juicio que expuso décadas de violencia sexual sistemática, desplazó la vergüenza hacia quienes durante tanto tiempo habían logrado esconderla. Su decisión no sólo interpela a los agresores. También obligó a mirar las redes de silencio, complicidad e indiferencia que permiten que estas violencias persistan durante años.
Quizás ese sea el principal legado de esta década. Hubo un tiempo en que las mujeres aprendieron que había cosas que era mejor no contar. Hoy el desafío es otro: preguntarnos si realmente estamos escuchando mejor, si somos capaces de reconocer las nuevas formas que adopta la violencia antes de que vuelvan a parecernos normales y si quienes contamos estas historias -el periodismo, las instituciones y la sociedad en su conjunto- estaremos a la altura de esa responsabilidad. Porque las violencias cambian de forma. El silencio también.

