*Por la abogada Natalia Reyes Inostroza
Hablar de violencia vicaria sigue siendo incómodo. No porque no exista, sino porque desvela una forma de agresión que se esconde tras el disfraz de la legalidad, la institucionalidad y, muchas veces, el discurso de “protección infantil”. Esta violencia, ejercida principalmente por hombres hacia mujeres a través del daño a sus hijos e hijas, representa una de las expresiones más extremas y perversas de la violencia de género.
La psicóloga Sonia Vaccaro acuñó el término en 2012, definiéndolo como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos con el objetivo de dañar a la madre. En Chile la evidencia disponible sobre violencia vicaria es todavía incipiente, mayormente proveniente de investigaciones periodísticas, las cuales han comenzado a visibilizar esta realidad, revelando cómo el uso instrumental de los hijos en conflictos familiares perpetúa el sufrimiento de las mujeres.
Lo más alarmante es que esta violencia no siempre se manifiesta en golpes o gritos. Se materializa en decisiones judiciales que despojan a las madres de la custodia, en visitas forzadas que exponen a niños y niñas a entornos violentos, en denuncias falsas que desacreditan a las mujeres, y en un sistema que muchas veces valida el relato del agresor. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2024) señala que el 98,7% de los niños y niñas que vivían con madres víctimas de violencia de género también sufrían violencia vicaria. ¿Cómo es posible que esta cifra no haya sacudido la agenda legislativa?
El Derecho puede ser una herramienta de protección, pero también puede transformarse en un instrumento de revictimización. La violencia vicaria encuentra espacio en los intersticios del sistema judicial, donde el interés superior del niño es a veces interpretado sin perspectiva de género y donde la aparente neutralidad institucional puede terminar facilitando el daño y perpetuando el control del agresor.
En este contexto, resulta preocupante que se intente instalar la idea de una “epidemia” de denuncias falsas por violencia de género, cuando los datos judiciales desmienten esa tesis. Tal como advierte la jurista Carla Vallejo, esta narrativa opera como una estrategia de desacreditación que revictimiza a las mujeres, debilita la confianza institucional y desplaza el foco desde el fenómeno estructural (la violencia contra las mujeres y sus hijos) hacia la sospecha contra quienes denuncian. En lugar de fortalecer la protección, se promueve una agenda de sospecha que favorece la impunidad y refuerza el control del agresor.
Es urgente que Chile avance hacia el reconocimiento explícito de la violencia vicaria en su legislación. Aunque socialmente este fenómeno está siendo cada vez más problematizado socialmente, hasta ahora no existe una figura jurídica autónoma que la defina y sancione de manera específica. No basta con condenar el femicidio o el maltrato físico; se requiere una mirada integral que comprenda que dañar a los hijos para castigar a la madre es una forma de violencia que debe ser prevenida, perseguida y sancionada.
La violencia vicaria no es un asunto privado, es una herida que atraviesa generaciones y una deuda pendiente del Estado con las mujeres y sus hijos. Mientras no se reconozca legal y culturalmente, seguirá perpetuando en silencio.
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