El Juzgado de Garantía de Copiapó condenó por primera vez a un agresor bajo la figura de suicidio femicida, incorporada en la Ley Antonia. El caso marca un precedente en la persecución judicial de la violencia de género en Chile.
Primera condena por suicidio femicida
El Juzgado de Garantía de Copiapó dictó la primera condena por suicidio femicida contra Heraldo Alexander Brevis Maya. En este caso, se reconoció que la violencia física, psicológica y económica ejercida por el acusado provocó el suicidio de la víctima en 2023.
La sentencia estableció cinco años de presidio bajo libertad vigilada intensiva y marca un precedente en la legislación chilena, al reconocer la necesidad de investigar y sancionar con perspectiva de género este tipo de delitos.
Investigación con perspectiva de género
La condena fue resultado de una investigación liderada por la Fiscalía de Atacama, con apoyo de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional y la Brigada de Homicidios de la PDI. Se acreditó que la violencia de género fue ejercida de manera sistemática por Brevis contra la víctima.
Ivonne Sepúlveda Sánchez, directora de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional, destacó que este tipo de causas deben ser vistas como “una criminalidad compleja que requiere una mirada especial por parte de los agentes del Estado”.
La Ley Antonia y su alcance
La Ley Antonia, promulgada en 2022 tras el caso de Antonia Barra, incorporó en la legislación chilena dos figuras penales inéditas: la inducción al suicidio y el suicidio femicida. Ambas buscan visibilizar y sancionar situaciones en que la violencia de género y el hostigamiento empujan a las víctimas a quitarse la vida.
Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre 2016 y 2021 se registraron al menos nueve casos de mujeres que se quitaron la vida como consecuencia de violencia de género.
Con esta normativa, Chile reconoció la necesidad de investigar y castigar la violencia de género ejercida de manera sistemática que deriva en suicidio. La reciente condena en Copiapó marca la primera aplicación de esta figura legal, estableciendo un precedente judicial en la persecución de la violencia de género.
