* Por María José Vargas
*Fotografía de Kenny Palma (Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres)
Los recientes casos de violencia sexual que han conmocionado a la opinión pública, son solo la punta del iceberg. Según estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2023 se registraron 51 agresiones sexuales al día, es decir, una cada 28 minutos.
¿Las principales víctimas? Mujeres y niñas, siendo el 86% de las afectadas. Se estima que 9 de cada 20 son niñas y adolescentes menores de 18 años. Además, en 2023, un 83% de los ataques fueron a niñas menores de 14 años.
Durante ese año, también se registraron 1.231 víctimas del delito de explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) en Chile. De ese total, 86% fueron mujeres y 14% hombres, de acuerdo a información proporcionada por Actuar es Urgente.
Cabe mencionar que estos datos refieren solo a los casos que se denuncian.
¿A quién recurrir? Los mecanismos del Estado
En este complejo contexto, revisamos la forma en la cual las instituciones están trabajando para acoger las denuncias, investigar y otorgar protección y justicia a las víctimas.
Pese a los esfuerzos desplegados por instituciones como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde se encuentra un banner “¿Estás viviendo violencia?”, con los canales institucionales de comunicación, o Sernameg, que muestra un botón “Sernameg te orienta”, que señala dónde denunciar y contactos para acceder a acompañamiento, aún se aprecian falencias en los procesos.
Por ejemplo, en el caso de Carabineros de Chile, pues en su web, solo lista sus números de contacto, no se nota, a simple vista, cómo se denuncia. En el sitio de Comisaría Virtual tampoco hay información referente a delitos sexuales. Incluso, si se ingresa al botón de “Apoyo a Víctimas”, que se encuentra al final de la página, lleva a un enlace roto.
Las cifras muestran que existen múltiples barreras para recibir justicia. En 2020, sólo el 26% de los procesos judiciales asociados a delitos sexuales tuvo salida judicial, y solo un 7% lo hizo con una condena para el agresor. Además, estos procesos “suelen extenderse más allá de los plazos que el mismo Poder Judicial estipula, con múltiples barreras a enfrentar para acceder efectivamente a la justicia”, indica el Dossier informativo: 2023 – 2024: Violencia contra Mujeres en Chile, de Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres.
Francisca Millán, abogada socia de AML Defensa de Mujeres, explica que hay muchas falencias en los procesos: cómo se toman las denuncias, si se investigan o no. “Existe una desidia institucional que no creo que tenga que ver con una posición ideológica o apatía sobre el tema. Sino más bien de lo que le resulta institucionalmente relevante al Ministerio Público, y aquello que es desplazable”, señaló en este episodio de La Informante.
Dificultades para reconocer la violencia
Según Millán, hay un imaginario social de la violencia sexual, un estereotipo de cómo debe ser el ataque, y todo aquello que no entre en este escenario es cuestionado por la sociedad. Así, la abogada explica que se asume que las agresiones sexuales ocurren en entornos públicos y mediante el uso de la fuerza.
Pero la realidad es que se presentan mayormente en contextos cotidianos y son perpetrados por personas conocidas, valiéndose de manipulación y abuso de poder. Esta situación levanta una pregunta a ojos de la experta: “¿Le importa a la sociedad la violencia sexual? Sí. Pero, ¿es capaz de reconocerla?”.
Además, en esta problemática de reconocer la violencia sexual, está la dificultad de que se ha tratado históricamente como un problema de carácter privado en lugar de ser uno que incluya a toda la sociedad.

En este contexto, hay nociones machistas que culpan a mujeres y niñas y cuestionan la veracidad de sus relatos, impidiendo muchas veces que las denuncias se realicen por el temor a ser cuestionadas. “Hay sesgos instalados que hacen más difícil que la mujer denuncie, hay una naturalización y una normalización de este tipo de violencia”, señala Mónica Maureira, periodista y representante para Chile del Mecanismo de Seguimiento de los Compromisos de la Convención Belém do Pará.
Así, indica que esto ocurre en instituciones donde la jerarquía de poder es muy marcada, o donde hay sujetos que tienen un poder muy férreo o mucho control en su entorno. En este contexto, se genera una protección ante el agresor, de silenciamiento, lo que termina naturalizando una conducta que debiese ser sancionable por el entorno y por el Estado. “(El Estado) está sujeto a garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas”, señala Mónica Maureira.
Falta de prevención de la violencia sexual
Es en la prevención donde no se han puesto los esfuerzos, indica Maureira. “Hay menos creatividad e innovación respecto de cómo garantizar la no violencia hacia las mujeres. Efectivamente se ha avanzado, pero todavía se lee que la violencia hacia las mujeres es un delito menor, cotidiano pero menor. Hay un problema en las instituciones jerarquizadas, iglesias, fuerzas armadas, educación, salud. Y en el ámbito de las familias no nos hemos podido meter. Guste más o guste menos, se tienen que hacer esfuerzos desde el Estado en promover ese tipo de cambio a nivel educativo”, cerró la periodista.