Junto a dos académicos y a la exconsejera UDI, Carolina Navarrete, revisamos este nuevo organismo, que representa una innovación en la historia constitucional del país.
*Por Equipo La Neta
En cinco años, la percepción de inseguridad en el país llegó a su máximo histórico. Según el Índice Paz Ciudadana, medición realizada desde inicios del milenio, este año un 30,5% de personas señaló sentir miedo a sufrir un delito, subiendo 20 puntos desde el 2018.
Gráfico elaborado por la Fundación Paz Ciudadana, contenido en el último Índice Paz Ciudadana
Además, el estudio de la Fundación Paz Ciudadana, expuso que Santiago es la ciudad con mayor miedo a la delincuencia, marcando un 33,1%. En cuanto al ítem por género, el temor es mayor en las mujeres, con un 35,4% y los sectores económicos bajos, donde se llega a un 34,6%.
La inseguridad se tomó la agenda política, incluyendo el proceso constitucional de este año. Entre las medidas propuestas para enfrentar esta problemática se encuentra la creación del «Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas», propuesto tanto en el anteproyecto de la Comisión Experta como en la propuesta de nueva Constitución del Consejo Constitucional.
Capítulo X de la propuesta constitucional
En tres artículos y dos páginas se desglosa el nuevo organismo que, además, representa una innovación en la historia constitucional del país. De acuerdo al artículo 174, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas estará “dotado de personalidad jurídica, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente”.
Su objetivo. Garantizar el derecho de acceso a la justicia, junto con “poner a las personas en conocimiento de sus derechos, así como de los medios para ejercerlos”¿De qué forma?:
- Entregar orientación, asesoría y representación jurídica a las personas que así lo requieran.
- Brindar apoyo integral, de carácter psicológico y social, especialmente a las personas víctimas de delitos.
- Promover la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos.
Es necesario recalcar que según lo dispuesto en el texto, se establece que “la ley determinará los casos en que sus servicios se otorgarán gratuitamente”.
Su organización. Liderada por un Director Nacional y un Consejo Superior, que fiscalizará y asesorará al primero, además de proponer políticas públicas sobre la materia al Presidente. Será una ley la que determinará su nombramiento, atribuciones, organización, y otros aspectos.
¿Y la Defensoría? Está tendrá un trabajo conjunto con el servicio y tendrá como fin “procurar que las personas naturales víctimas de delitos sean debidamente asistidas”. Para cumplir con lo anterior, deberá:
- Dar orientación, asesoría y representación jurídica a las víctimas de delitos, especialmente en lo relativo a la persecución penal de los delitos y en la interposición de acciones tendientes a obtener la reparación del daño causado.
- Entregar orientación, asesoría y acompañamiento psicológico y social.
- Otorgar atención especializada e integral, evitando la revictimización.
- Elaborar planes, políticas y programas que tengan por objeto asegurar el oportuno y adecuado ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas.
¿Qué delitos contempla la Defensoría? El literal c del artículo 16.6 señala que “la ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas”.
Una mirada crítica
Desde La Neta nos contactamos con el abogado, magíster y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, para conocer su análisis respecto a la incorporación de este organismo en la propuesta.
Aunque el abogado reconoce que la creación de este organismo tendría un impacto a nivel simbólico para las personas víctimas, remarcó que este no resuelve los problemas de seguridad de fondo, como el aumento en la comisión de delitos violentos.
Junto con esto mencionó que, basado en estudios de la materia citados en su columna, los reclamos de las víctimas tienen que ver “con la poca disposición del sistema a escucharlo; de entregar información; de adoptar medidas de protección, de reparación”.
En vista de esto, Duce sostuvo que la presencia del querellante en los procesos penales, básicamente el servicio jurídico que entregaría la Defensoría, no cambia la eficacia en la persecución penal de los casos que se presenten. Argumento que esgrime en relación al estudio “La eficacia del querellante en el juicio oral” del abogado y magíster Danilo Baéz.
Ante este escenario, el académico abrió la siguiente pregunta: ¿Queremos gastarnos los recursos en abogados o queremos gastarnos los recursos en las prestaciones que pueden ayudar a saltar muchas de las brechas concretas que tienen las víctimas?
En este sentido, señaló que además del alto costo de los abogados, se va a tener que contratar a un “ejército” de estos para poder satisfacer la oferta que se está haciendo. Asimismo, vislumbró que los querellantes pueden introducir “distorsiones” para los propios fines de la víctima, opinión compartida por el académico, Cristián Riego.
“Al haber más intervinientes los procesos se complejizan, las audiencias son más largas y hay más trámites. Pero lo principal es que los querellantes tenderán a dificultar la decisión de archivo o cualquier otra que signifique terminar la causa”, comentó Riego.
Y agregó: “Esas decisiones son fundamentales para gestionar el enorme volumen de casos y entonces se puede generar una saturación inmanejable que les impedirá a los fiscales a las causas verdaderamente importantes”.
¿Entonces?
Para Duce, la Defensoría de las Víctimas debería constituirse como un organismo de fiscalización de la política pública, de concientización y de mejora paulatina de los derechos de las víctimas en distintas áreas.
“Un organismo que estuviera mirando qué es lo que pasa en el sistema, que informara proyectos de ley, que hiciera investigación para mostrar dónde están las brechas, que pudiera ayudar a fortalecer la capacidad estatal de las prestaciones no jurídicas, atención psicológica, eventualmente médica, de otro tipo”, detalló el académico.
¿Qué dicen desde el disuelto Consejo Constitucional?
La exconsejera por la región del Ñuble, Carolina Navarrete (UDI), señaló a la Neta que la Defensoría «es un anhelo ciudadano«, que busca que las personas se sientan seguras después de haber sido víctimas de algún delito.
Respecto a las críticas que se centran en los costos aparejados de los abogados querellantes, la exconsejera reformula: ¿Por qué no hacerlo o por qué no defender que efectivamente exista esta Defensoría de las Víctimas? Si lo que se busca es resguardar el derecho de acceso a la justicia de todas aquellas personas que son víctimas de un delito.
Para Navarrete no hay problema que hayan más abogados para defender a personas víctimas de delito, puesto que, actualmente, a su juicio, «las personas tienen que peregrinar por tribunales y Fiscalía esperando que alguien les dé una respuesta o le dé información respecto a su caso«.
Finalmente, la consejera UDI señaló que “el financiamiento se verá en su minuto”, aunque cree que de acuerdo a lo que quedó establecido en la propuesta, “debe ser una figura muy similar a la Defensoría Penal Pública, con un patrimonio propio”.
Independiente del resultado del plebiscito, Navarrete considera que sea cual sea el resultado del plebiscito, va a estar la voluntad política transversal de poder dotar al organismo de los recursos necesarios para cumplir “con este anhelo ciudadano”.
