Ministro Jackson visita la Comisión de Normas Transitorias en Antofagasta

El secretario de Estado concurrió a la séptima sesión de la comisión para exponer los lineamientos del Ejecutivo para transitar de la actual a la nueva Constitución, en caso de ser aprobada la propuesta en el plebiscito de salida.

 

Jueves 19 de mayo 2022

 

Por Belén Pellegrini y Bianca González

 

Hasta la Biblioteca Regional de Antofagasta llegó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, donde esta semana se encuentra sesionando la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional.

 

La visita tuvo como eje central la presentación del informe con aportes al debate de normas transitorias realizado por la División de Estudios de la Segpres y enviado por el Ejecutivo a la Mesa Directiva. Este contiene insumos preparados para la construcción de estas normas que son fundamentales para implementar la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en el plebiscito de septiembre. 

 

Es importante destacar que de aprobarse este 4 de septiembre la propuesta constitucional realizada por la Convención Constitucional, será esta división del ministerio la encargada de implementar la nueva Constitución con las leyes vigentes. 

 

“Creemos que el énfasis para que sea un proceso exitoso es que el nuevo orden constitucional y su transición pueda entregar certeza jurídica y garantías de los derechos de las personas”, expresó el ministro Jackson al inicio de la exposición. En ese sentido, el secretario de Estado dio cuenta de dos temas que, desde su punto de vista, no serían deseables: Que las cosas que están en los artículos permanentes de la Constitución nunca lleguen a verse por la población y que existan normas que no sean aplicables. 

 

Por esta razón, Jackson explicó que los principios rectores sobre los que se ha realizado este informe responden al proceso de transición para “permitir la vigencia o entrada en vigencia en plenitud de la nueva Constitución y cómo son esos pasos. Que los cambios sean graduales para que las instituciones se puedan ir ajustando, lo mismo a nivel territorial en términos de gradualidad territorial”.

 

Convencionales escuchando presentación del ministro Giorgio Jackson

 

Respecto a la administración del Estado, el ministro enfatizó en la importancia de “entender cuáles son las capacidades que tiene el Estado y, por lo tanto, la experiencia en cuánto es lo deseable y cuánto lo materialmente realizable en determinados espacios de tiempo, la continuidad de la función pública y también el principio de cuán minimalista son los aspectos de transición, es decir, de la manera más simple, pedagógica, para que las personas también entiendan cómo va a ser la transición y no solamente lo entiendan juristas o personas dedicadas al ámbito administrativo”. 

 

La presentación abordó ocho puntos claves extraídos del informe de 55 páginas. El primer tema fue la entrada en vigencia de la nueva Constitución y derogación de la Constitución actual

 

De aprobarse la propuesta constitucional y tras 10 días de promulgada su victoria, en teoría, se deroga la actual Constitución. Sin embargo, el ministro Jackson expresó que “es importante entender que hay también muchas cosas que están actualmente en la Constitución y la pregunta es cómo algunas entran en vigencia inmediatamente o algunas pueden tardar un poco”. En ese sentido, desde la cartera del Gobierno vislumbran dos opciones para resolver este conflicto normativo sobre la continuidad de la función pública. 

 

“Por un lado, puede haber una norma transitoria que vaya derogando expresamente la Constitución actual señalando aquella que es la ultraactividad de aquellos capítulos o normas que se refieren a materias cuya subsistencia transitoria es deseable”, explicó Jackson. “Por otro lado, quizás en las normas transitorias reproducir aquellas disposiciones que regulan materias que se busca que subsistan provisoriamente y, de lo contrario, perderían fuerza vinculante como consecuencia de la derogación expresa”, agregó.

 

Ministro Jackson en Biblioteca Regional de Antofagasta – comisión Normas Transitorias

 

Uno de los temas claves responde a la vigencia de leyes dictadas con anterioridad a la nueva Constitución y reglas de quórum. Sobre la materia, Jackson enfatizó que la sugerencia que entregan es postergar la aplicación de aquellas normas referidas al poder Legislativo hasta que se renueve el actual Congreso, “con salvedad de lo que son las normas de quórum de aprobación de las nuevas leyes que van a ser importantes para poder implementar aquello que mandata la Constitución a la institucionalidad”.

 

Algo similar es lo que se recomienda en cuanto los nombramientos que corresponde realizar a las nuevas autoridades contempladas en la propuesta constitucional, dado que hay autoridades electas según los criterios de la Constitución vigente. “Nosotros lo que proponemos es que pueda ser el Congreso pleno, en una sesión conjunta, el que vaya resolviendo esos nombramientos para que pueda ajustarse y, por otro lado, la Corte Suprema pueda realizar los nombramientos”, explicó el ministro. 

 

Sobre los órganos existentes que son reemplazados por otros y los nuevos creados por la nueva Constitución, Jackson señaló que el informe técnico sugiere mantener las actuales instituciones mientras entran en vigencia las normas requeridas para que sus reemplazos se implementen. 

 

En su presentación, también se refirió a la estabilidad laboral para funcionarias y funcionarios públicos, destacando la importancia de que “existan traspasos de los órganos existentes a los que se están creando y en todo este proceso que continúen sus labores sin solución de continuidad, algo que creemos importante para que mantengan los derechos y todas las obligaciones que la ley les reconoce hasta la fecha”.

 

Otro tema abordado fue el régimen transitorio para autoridades en ejercicio. Sobre esto, Jackson mencionó que se sugiere permitir que las autoridades actualmente en ejercicio, que fueron elegidas por mandato popular, se rijan por las normas vigentes al momento de ser designadas, manteniéndose en funciones por el plazo por el cual fueron nombrados. En el caso del Presidente de la República esto se traduce en que no accedería el actual Presidente a la posibilidad de reelección inmediata, propuesto en la nueva Constitución. «Creemos que eso puede aumentar los niveles de confianza de que acá no hay ninguna idea de una normativa que fuera ad hoc a uno u otro Gobierno, que esto es algo que pasa en otros procesos de cambio de Constitución en el mundo”, puntualizó.

 

El último punto presentado por el ministro se trató de la recomendación del Ejecutivo de crear una Comisión de Implementación de la nueva Constitución. De acuerdo con su explicación, el rol de este espacio sería elaborar una hoja de ruta con propuestas de legislación, de adecuación normativa y distintas recomendaciones de políticas públicas que tengan que ser implementadas en el proceso de nueva Constitución.

 

Respecto a su integración, Jackson señaló que “tendría que quedar a la proposición y lineamientos definidos por la Convención». En particular, el ministro dio cuenta de las propuestas recogidas y expresadas en el informe, por ejemplo, «que no se retroceda en integración paritaria, que exista representación de las regiones, pueblos originarios, personas expertas, sociedad civil», entre otros. Para él, estos criterios logran «permitir que las personas digan que aquí hay un proceso de seguimiento que nos va a garantizar que ciertos aspectos sean realmente tangibles y visualizables”.

 

Por otro lado, sugirió la posibilidad de mandatar al Poder Ejecutivo que constituya esta comisión a través de una norma transitoria, entregándoles autonomía para operar y contemplar la posibilidad de que el ejecutivo preste apoyo financiero, técnico y administrativo, como también la definición de un plazo para su funcionamiento. Respecto a este último, el ministro indicó que “cerca de seis meses podrían ser más o menos para que tengan una hoja de ruta que tenga fuerza vinculante, de tal forma que el ejecutivo tenga que seguir esos lineamientos y todos los otros órganos también”.

 

Diálogo junto a convencionales

 

Al final de la presentación, se abrió un espacio para que las y los convencionales pudieran realizar preguntas y comentarios. Uno de ellos fue el de la convencional Constanza Hube (UDI), quien indicó que, a su parecer, el informe enviado por la Secretaría General de la Presidencia tenía un foco político. “Se señala en varias oportunidades que hay razones técnicas y jurídicas y yo analizo este documento y no tiene nada de técnico ni jurídico, sino que es uno político respecto a lo que al ejecutivo le conviene o considera que es mejor, tomando en consideración el escenario político actual”, opinó Hube.

 

Una visión distinta tuvo el convencional Tomás Laibe (Colectivo Socialista), quien señaló: “Creo que lo técnico es indisoluble de la política, a pesar de lo que nos han intentado decir por años la derecha, de que existe un carácter técnico de las discusiones. Efectivamente, son cosas indisolubles”. 

 

Por su parte, el convencional Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) se refirió a la propuesta de generar una Comisión de Implementación de la nueva Constitución. “Comparto que hay una especie de ambigüedad respecto a esta comisión que se propone para acompañar la implementación sobre cuáles son sus facultades, si es que es simplemente un órgano asesor del ejecutivo, puede nombrarlo y la responsabilidad es el del ejecutivo, pero si se quiere establecer un órgano que tenga ciertas competencias propias(…), hay que definir facultades y también integración. Creo que no hay un diseño institucional claro”.

 

Sobre los planteamientos realizados por las y los convencionales sobre la Comisión de Implementación, frente al requerimiento de mayores especificaciones, el ministro recordó este fue un informe elaborado con menos de 24 hrs. de aprobado el borrador constitucional. «Por lo tanto, hay muchos aspectos que, tal como se evidencian, no tienen una definición concreta, por ejemplo, cuál sería la composición», señaló.

 

Respecto a la consulta de la convencional Hube, el ministro contestó que «lo que vemos claramente es que para poder generar las adecuaciones hay algunas potestades que se podrían delegar en el ejecutivo que son más bien de carácter administrativo y creo que es conveniente que el ejecutivo se haga cargo, mientras que hay otras de carácter más político, que requieren de una deliberación. En esa deliberación, creemos que la sede del Congreso es donde debiesen resolverse las leyes (…), el calendario para ejecutar el proceso debiese estar en responsabilidad del ejecutivo».

 

Otra opinión sobre la exposición fue la del convencional Marcos Barraza (PC), quien estableció una relación entre la presentación realizada por el Contralor General de la República el día de ayer y la de hoy del ministro Giorgio Jackson. Para el convencional, el común denominador entre ambas exposiciones está en la cautela para establecer las normas que permiten el tránsito de la actual a la nueva Constitución. «Dicho en palabras del Contralor, que las capacidades institucionales limitadas que tiene el Estado para implementar las transformaciones que devienen de este texto constitucional estén equilibradas con el sentido de urgencia», manifestó Barraza. Además, el convencional del Partido Comunista agregó que «si ese equilibrio no está debidamente resguardado, el riesgo de prolongación de la crisis política del país es altísimo».

 

También intervino la convencional Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente), quien destacó que la presentación no profundizó en la cantidad de derechos sociales que se consagran en la propuesta constitucional. «Lo que se presenta son cosas administrativas, que fácilmente podríamos llegar a acuerdo, pero ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la implementación de los temas más complicados políticamente, financieramente y con respecto a qué transitorias correspondería hacerse? Invito a la comisión a generar ese destrabe de la conversación», expresó.

 

Ante lo expresado por la convencional Vallejos, Jackson respondió que «es un dilema difícil el congeniar la garantía de los derechos, sobre todo cuando no va a estar todavía legislada la tutela, un aspecto importante de los cuales tiene que legislarse. En el momento que sea una nueva Constitución si no hay un plazo, calendario o planificación en torno al ámbito de tutela, se hace imposible todo el catálogo de derechos, porque no habría como hacerlos exigibles». Para enfrentar esa dificultad, el ministro sugirió que, en torno a los derechos ya protegidos bajo el recurso de protección, pueda seguir operando dicho sistema hasta que esté regulada la tutela.

 

De acuerdo con el cronograma de la comisión, el plazo para presentar indicaciones a las normas transitorias aprobadas por las siete comisiones es hasta el 24 de mayo, Durante esta etapa, se podrán agregar nuevas disposiciones transitorias vía indicación, que pueden o no incluir las recomendaciones presentadas a la comisión, así como suprimir o modificar otras ya aprobadas.

 

 

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