*Por Paulina Pávez Verdugo, investigadora y socióloga del Observatorio de Género y Equidad
Marzo 2024.- La conmemoración del 8 de marzo adquirió un matiz particularmente esperanzador para las mujeres chilenas este año. Esto, por la aprobación de la tan esperada Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres en razón de su género el pasado 6 de marzo. Este hito legislativo no solo representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en el país, sino que también simboliza un paso adelante hacia la justicia y la igualdad para todas las mujeres chilenas. En especial para aquellas que residen en entornos rurales y enfrentan desafíos muy complejos en su día a día.
Más de 2 millones de personas habitaban en zonas rurales y de ese total cerca de la mitad son mujeres, según el último Censo. Las mujeres rurales son más empobrecidas que las mujeres urbanas y por lo tanto carecen de una mayor autonomía económica. Esto es un factor clave a la hora de contar con un piso mínimo que les permita tomar decisiones y enfrentar la violencia de género.
Las mujeres rurales enfrentan una mayor vulnerabilidad a la violencia de género debido a una serie de factores interrelacionados. Estos incluyen la falta de acceso a servicios básicos, como atención médica y asistencia legal, la limitada presencia de instituciones gubernamentales y organizaciones de apoyo. También hay normas culturales arraigadas que refuerzan la desigualdad de género y la subordinación de las mujeres en las comunidades rurales. En todas estas variables la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que hoy es cuestionada por sectores de derecha y ultraconservadores del país, viene a dar una respuesta institucional y de cambio cultural.
El estudio ODEPA “Las percepciones de violencia contra la mujer en territorios rurales del plan buen vivir: Profundización de hallazgos Piloto Rural ENVIF-VCM 2021” del 2023, mostró que la educación es un factor esencial para modificar los patrones culturales que perpetúan los modelos de masculinidad que justifican la violencia contra las mujeres. Estas pautas se manifiestan como prácticas aceptadas para mantener y restaurar el orden familiar, así como para afirmar la identidad del «hombre de la casa».
Promover una educación no sexista y con igualdad de género, posibilita una transformación en relaciones sociales más equitativas y sanas, así como permitiría a niñas y jóvenes rurales y urbanas generar mecanismos de protección ante la violencia de género en todas sus expresiones.
Además de este factor destaco a lo menos 3 puntos que la ley podría impactar positivamente en las mujeres que habitan territorios rurales:
Considera la informalidad como espacio donde incide la ley
Por ejemplo, Ximena Valdés (2009), destacada investigadora en este campo, ha señalado que las mujeres rurales experimentan formas específicas de violencia de género que están intrínsecamente vinculadas a su contexto rural, por ejemplo, la explotación laboral en contextos de trabajo informalidad.
Incorporación de la Violencia obstétrica
Las mujeres, especialmente las adultas mayores y adultas, relatan experiencias de violencia, incluida la violencia obstétrica en servicios de salud locales y regionales.
Obligaciones especiales de atención, protección y reparación a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud
La falta de confianza para denunciar la violencia, especialmente la violencia sexual, representa un obstáculo significativo para las víctimas, debido al temor a represalias del agresor y a la desconfianza en las instituciones de protección y justicia. La vergüenza, el estigma social y el temor a no ser creídas también contribuyen a esta reticencia.
Es de esperar que esta ley pueda implementarse en un corto plazo y así permita que las chilenas de todos los sectores, colores políticos, territorios y generaciones podamos vivir una vida libre de violencia. Que ninguna niña, adolescente ni mujer interrumpa su vida por un hecho de violencia. Es el legado que podemos dejar para las futuras generaciones y la justicia para quienes no fueron protegidas debidamente por nuestro Estado.
