Por Javiera Ramírez
El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por Corporación Humanas y ordenó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregar información sobre objeción de conciencia en hospitales públicos en el marco de la Ley N.º 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales.
La resolución, emitida el pasado 7 de mayo de 2026 (ROL C381-26), da respuesta a la acción presentada por la organización el 12 de enero de este año, luego de solicitar antecedentes desagregados por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia.
La solicitud requería información desagregada por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia, incluyendo médicos/as obstetras, anestesistas, profesionales no médicos y técnicos/as paramédicos vinculados a pabellón.
La decisión del Consejo reafirma el derecho de acceso a la información pública y el deber de los órganos del Estado de transparentar antecedentes vinculados a la implementación de políticas públicas relacionadas con derechos fundamentales.
Monitoreo y acceso a derechos
Desde el 2018, Corporación Humanas realiza monitoreos anuales sobre la implementación de la objeción de conciencia en el marco de la Ley IVE, elaborando informes con información desagregada por hospital para identificar barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y monitorear el funcionamiento de la red pública de salud.
Contar con información pública actualizada y desagregada permite identificar obstáculos en el acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva, evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales y contribuir a garantizar una atención oportuna y libre de barreras para mujeres, niñas y personas gestantes.
Asimismo, el acceso a la información estatal constituye una herramienta clave esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de las políticas públicas, especialmente cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos.
Desde Corporación Humanas señalaron que continuarán impulsando acciones orientadas a fortalecer el acceso a la información y el monitoreo de la implementación de la Ley N.º 21.030, como parte de las garantías necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.
