La violencia digital contra las mujeres que participan en política dejó hace tiempo de ser un problema individual. Los ataques, amenazas y campañas de hostigamiento en redes sociales buscan limitar su participación en el espacio público, afectan el ejercicio de sus derechos políticos y generan consecuencias que trascienden a las víctimas. Cuando una mujer decide dejar de participar, reducir su exposición o autocensurarse para evitar nuevas agresiones, la democracia también pierde.

Aunque este fenómeno ha ganado visibilidad durante los últimos años, los avances normativos en América Latina siguen siendo desiguales. Países como México y Argentina han incorporado explícitamente esta forma de  violencia  en sus marcos normativos, mientras que en otros países de la región persisten vacíos para abordar integralmente esta manifestación y proteger a las mujeres que  participan en política.

En Chile se han registrado iniciativas normativas para contrarrestar este fenómeno, pero aún son insuficientes. La Ley N.º 21.675, promulgada en 2024, reconoce la violencia política contra las mujeres como aquella que busca menoscabar,  obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus  derechos políticos y de su participación. A ello se suma la discusión legislativa sobre violencia digital, que busca avanzar en su reconocimiento y sanción. 

 A nivel regional,  la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, adoptada en 2025 por el Comité de Expertas del MESECVI en 2025, constituye un referente para fortalecer las legislaciones nacionales y avanzar hacia estándares comunes de protección. 

Otro avance reciente en Chile es la puesta en marcha del Observatorio de Violencia Digital contra la Mujer en Política del SERVEL, creado para monitorear este fenómeno y generar información que contribuya a su prevención. Sin embargo, el Observatorio no tramita ni recibe denuncias individuales, por lo que persiste el desafío de contar  con  mecanismos efectivos de protección, acompañamiento y reparación para quienes enfrentan estas agresiones.

 La falta de protección institucional también se refleja en la experiencia de las propias candidatas. De acuerdo con el Primer Estudio sobre Violencia Política Digital de Género realizado por la Universidad de Santiago para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, quienes enfrentan violencia política digital encuentran apoyo principalmente en sus familias (61%) y amistades (59%), mientras que solo un 10% declara haber recibido respaldo de su partido político.

Estas cifras muestran que el apoyo a la violencia continúa descansando, en gran medida, en las redes personales de las propias víctimas. El escaso acompañamiento institucional contribuye a normalizar estas agresiones como parte del costo de participar en política y dificulta el acceso a mecanismos eficaces de prevención, denuncia y reparación.

La violencia digital no solo daña a quienes la sufren. También reduce la diversidad de voces presentes en el debate público, limita la representación política de las mujeres y debilita la calidad de la democracia. Garantizar que puedan participar en igualdad de condiciones requiere algo más que nuevas leyes: exige instituciones, partidos políticos y plataformas digitales que asuman responsabilidades concretas  en la prevención, protección y reparación.  Participar en política no puede significar enfrentar la violencia en solitario.

Temporada de eventos familiares y aparece la pregunta ¿Vendrás? En principio una pregunta inofensiva, hasta que sumamos esa historia que la llevó a terapia. Las sesiones parecen servir y como se ve mejor piensa ¿Debería ir? Para probar si ahora puede verlo sin tener una crisis… Pero mientras duda el discurso sigue “me imagino que ya lo perdonaste, no puedes seguir separando a la familia por eso que pasó hace tantos años”. Queda atrapada: si va tendrá que sentarse en la mesa con la persona que la agredió sexualmente y no ir ahora se siente como retroceder en la terapia. 

Meses de trabajo personal que ahora tienen un método impuesto de evaluación de eficacia con una exigencia adicional: mostrar el resultado perdonando al agresor. Ahí queda claro como la impunidad y la culpa siguen en el lugar equivocado, la “paz familiar” significa transgredir la historia de las supervivientes, quitándoles el poder de establecer límites. La violencia sigue minimizada y con una frase se refuerza la idea de que la buena víctima silencia su malestar para llevar “la fiesta en paz” y consigue que su historia deje de incomodar a la familia, aunque eso le incomode a ella. 

Lo que se espera de un proceso de terapia feminista es darle a la experiencia un lugar en la historia personal que deje de controlar las decisiones del presente, liberar la culpa ordenando las responsabilidades en quiénes ejercieron la violencia y fortalecer la autonomía para tomar decisiones priorizándose. Desde ese punto resignificar puede ser decidir no volver a espacios que permiten a esa persona y también poder ir, así como no pensar en eso más o seguir hablando desde un lugar que proteja las cosas valiosas que hay en el presente. Lo que sea que respete la decisión libre de la superviviente, porque implica dejar de esperar conductas específicas frente a un agresor para demostrar los resultados de la terapia.

Convertir el perdón en requisito para recuperar la convivencia familiar es responsabilizar de los efectos de la violencia a la superviviente al convertir una decisión personal en una condición para restaurar la normalidad que la violencia rompió y permite la impunidad de los verdaderos responsables de ejercer, tolerar y encubrir estos hechos, eso también es violento. Situaciones así requieren posturas claras y erradicar la violencia de género exige elegir el lugar de las supervivientes, apoyando sus límites al reconocer que hay cosas imperdonables y dándoles la libertad de decidir cómo va a relacionarse con quién la violentó o con las personas que lo supieron y guardaron silencio o protegieron al responsable, respetando sus decisiones incluso cuando no es la forma en la que tu elegirías para abordar la violencia. Resignificar un trauma y compartir un espacio por otras motivaciones es posible sin perdonar.  

Este año la pregunta debe cambiar, en lugar de pedirle que asista, pregúntate ¿Por qué sigues esperando que ella vuelva? ¿Qué te enseñó que una superviviente debe ocuparse de reparar lo que otro destruyó con su violencia? Si la familia no puede estar junta es porque alguien decidió ejercer violencia y esa persona no fue la superviviente.

Sobre Minka

Minka Psicólogas Feministas es una red de profesionales de la salud mental que brinda atención psicológica especializada a mujeres mayores de 18 años, con un enfoque feminista y una perspectiva de género. Nacida durante la pandemia de COVID-19 como respuesta al aumento de la violencia contra las mujeres y a las dificultades de acceso al apoyo psicológico, Minka trabaja por ofrecer espacios terapéuticos seguros, accesibles y libres de revictimización.

Sigue a Minka en Instagram: @minkapsicofem

El trabajo sexual ha evolucionado de la mano de diversos cambios socioculturales, desde las olas feministas hasta las crisis de los modelos socioeconómicos, siendo capaz de sostenerse en el tiempo. Frente a ello, cabe cuestionarse cómo ha logrado reinventarse a pesar de los últimos y crecientes cuestionamientos a la estructura patriarcal dentro de la cual opera y de la que forma parte.

Para ello, resulta necesario caracterizar sus raíces, que surgen no desde la libertad, sino más bien movilizadas por la necesidad, en un contexto en que las trabajadoras sexuales eran sometidas física y económicamente por la dominación masculina y, socialmente, por el estigma asociado a sus labores. Así, se generaba una de las primeras y más grandes contradicciones de esta práctica: ser buscadas y deseadas por quienes mismo las marginaban.

Ante esto, se observa una constante: los hombres consumen el trabajo sexual, pero repudian a la mujer que lo ejerce, ¿cómo lo hacen? Por medio de la despersonalización de las mujeres. El cuerpo pasa a ser un objeto dispuesto para el uso y goce masculino, mientras que la mujer en sí no se concibe como un ser completo y complejo. Bajo esta lógica, el valor de la trabajadora sexual no es más que aquel que tiene en el mercado.

Ahora bien, con el paso de los años, la globalización y digitalización han llevado al trabajo sexual a masificarse a través de los medios, adaptándose a su formato y requerimientos. Este proceso lo ha vuelto más accesible, haciendo transitar a las mujeres desde las sombras hacia la palestra por medio de un discurso de empoderamiento y liberación sexual. Aunque esta narrativa puede mitigar la deshonra asociada al oficio —dejando de reducir a la mujer a un mero cuerpo—, al brindarle una voz como figura pública, resulta necesario tensionar la clase de discurso que se transmite y de dónde proviene.

Parte de este cuestionamiento surge de una creciente naturalización y promoción de la industria sexual, una que históricamente ha violentado y sometido a las mujeres y que ahora se plantea como emancipadora y revolucionaria. Esto no solo estimula la disociación entre el ser y el cuerpo, banalizando este último y relegando su valor a una moneda de cambio, sino que además abstrae lo humano del sexo y lo reduce a un servicio. 

Esta transición resulta particularmente preocupante, dado que, mediante el rebranding del patriarcado, se convoca a las jóvenes como reclutas sin autonomía sobre sus cuerpos más allá de la rentabilidad de su sexo. Parte de la normalización de las nuevas formas de proxenetismo se evidencia a partir del uso de eufemismos como “creadora de contenido”, con lo que se intenta resignificar o disimular el trabajo sexual en línea, abstrayéndolo de su posición como engranaje dentro del sistema patriarcal y sopesando la responsabilidad del consumidor y de quien provee el contenido como partícipes activos de este.

Con esto no se intenta delegar la culpa a las mujeres ni retroceder a discursos conservadores y moralistas, estrategia que exime al hombre de toda responsabilidad como principal consumidor y sometedor en la pirámide social. Lo que se busca, en realidad, es repensar de forma crítica cómo hablar de trabajo sexual sin humillar y censurar a las trabajadoras, pero tampoco ocultar que el mercado de los cuerpos femeninos encuentra sus cimientos dentro del patriarcado y las dinámicas de explotación que este produce. 

Porque este intento de blanquear la industria resulta contraproducente en la lucha por la emancipación de las mujeres como colectivo y adopta las lógicas individualistas y neoliberales de autoemprendimiento de los cuerpos. La creadora de contenido se posiciona como individuo-emprendedora y, si bien puede ampararse bajo el paraguas de la emancipación femenina que defiende el colectivo feminista, este modelo prioriza una lógica de éxito personal que dificulta la articulación colectiva y desvincula a la trabajadora de la realidad  de sus colegas que ejercen en la calle, negando la continuidad de un mismo mercado, incluso en cuestiones tan básicas como el modo en que se diferencian a través de su denominación.

Al glorificar las ganancias del trabajo sexual en línea como ente separado de la prostitución, se crea una brecha entre este y los efectos directos sobre las otras ramas más precarizadas e invisibilizadas. Dicha separación termina borrando la violencia intrínseca que implica la sumisión del sexo al consumo masculino mediante su mercantilización. De este modo, el control sobre sí mismas no es más que el control para monetizarse y, al naturalizar la sexualización de la mujer, se pueden legitimar desigualdades bajo la idea de que, si yo acepto mi cosificación, esta deja de ser vulnerante.

Resulta incluso más alarmante cuando esta funciona como una vía más atractiva para las jóvenes, usando como referentes los lujos y facilidades que ostentan una minoría excepcional, pero idealizable desde las redes sociales. Tal como advierten recientes estudios sobre el impacto de estas plataformas en las nuevas generaciones, se presenta como una herramienta que desincentiva a las chicas de estudiar y trabajar, planteando esto como una alternativa viable de independencia económica, aún cuando su sustento depende del deseo y financiamiento masculino.

En definitiva, las personas no solo padecen la historia, también la hacen. Por ello, urge cuestionar nuestro rol como agentes productoras y reproductoras de estructuras que nos someten. Hoy dar este mensaje, lejos de contribuir a nuestra libertad, puede terminar truncando aquella que por tantos años fue el motor de nuestra lucha, transando nuestros derechos en la medida que sea posible sacar provecho económico de ellos.

Durante años he visto cómo los cuidados pueden transformar la vida de una persona. Mi mamá es cuidadora de mi abuela, una mujer de 94 años que lentamente ha perdido su chispa. No logro rememorar una vida donde esta no necesitará cuidados; lo que sí recuerdo es a mi mamá año a año, pese al amor y compromiso, más cansada, cargando con el peso de observar la transformación de un ser querido, y cómo su propio tiempo se iba reduciendo hasta desaparecer. El observar esto me genera una serie de emociones: tristeza, pena e impotencia; sin embargo, lo que más me inquieta es que mi realidad y la de mi mamá distan de ser una experiencia única. 

Cuando hablamos de cuidados, solemos pensar en una madre que cuida hijos pequeños. Sin embargo, el rápido envejecimiento poblacional que está experimentando Chile ha transformado esa realidad: la demanda de cuidados aumenta y se diversifica; el 22,2% de personas mayores de 60 años se encuentra en situación de dependencia. La realidad es que esta necesidad continúa creciendo, y los cuidados siguen recayendo en las mujeres de las familias. El 76% de las personas cuidadoras de la población mayor son mujeres; estas se concentran entre los segmentos etarios de 45 a 59 años y 60 años o más, y suelen tener relación de parentesco con la persona dependiente  . Estos datos muestran que la realidad presentada no es aislada, y responde a desigualdades estructurales más grandes. Es importante visibilizar a estas mujeres y ponerlas en el centro de las discusiones.

Al hablar de dependencia, el centro suele estar en las personas que reciben los cuidados, y rara vez nos detenemos a pensar sobre las personas que los proporcionan en el día a día. Detrás de cada persona que necesita apoyo, hay otra que reorganiza su vida entera y realiza sacrificios que eventualmente afectan su cuerpo y bienestar emocional. Este deterioro no es inevitable, es el resultado de cómo repartimos las responsabilidades de los cuidados.

Así, durante años esta carga ha sido absorbida principalmente por las familias, y dentro de ellas, por las mujeres. Al mirar a mi mamá hoy en día, ya no veo solo a una hija cuidando a su madre; veo una realidad que comparten miles de mujeres en Chile, cuyo bienestar y autonomía continúa siendo limitado frente a la desigual distribución de los cuidados. Sin embargo, los cuidados son un asunto público, y cuando el Estado no interviene de manera suficiente, las mujeres asumen los costos económicos, físicos y emocionales de su ausencia.

Bajo este contexto, en febrero de 2026 entró en vigencia la Ley n.º 21.805, Chile Cuida,  que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y que reconoce que los cuidados no pueden continuar recayendo únicamente en las familias. No obstante, el desafío no termina en la creación de la institucionalidad. El Estado debe ser capaz de ofrecer políticas que respondan a la diversidad territorial y que garanticen apoyos oportunos a las personas cuidadoras. Al mismo tiempo, es necesario impulsar un cambio cultural profundo; ninguna ley por sí sola logrará corregir la feminización de los cuidados. La corresponsabilidad debe ser asumida tanto por el Estado como por las familias, especialmente por los hombres. Solo así podremos construir una sociedad donde cuidar no implique sacrificar la propia vida.

La adopción, entendida correctamente, constituye una institución destinada a proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia cuando ello no sea posible dentro de su entorno familiar de origen. Sin embargo,  bajo  ningún motivo puede ser un mecanismo mediante el cual se legitime una separación producida mediante engaño, coerción, falsificación documental, ocultamiento de información o abuso de una situación de vulnerabilidad, como ocurrió durante décadas en Chile, con especial intensidad durante la dictadura cívico-militar.

Cuando hablamos de adopciones irregulares no nos referimos simplemente a errores administrativos que ocurrieron en el pasado. Hablamos de niños y niñas separados de sus familias, de madres a quienes se les arrebató su capacidad de decidir sobre sus hijos e hijas y de un Estado que, durante décadas no ha sido capaz de investigar adecuadamente, siendo insuficiente en materias tan fundamentales como la verdad, la justicia, la reparación y la restitución de vínculos familiares. 

No basta con afirmar o reconocer que los hechos ocurrieron hace décadas, la distancia temporal no elimina ni limita la responsabilidad estatal cuando existen antecedentes que permiten investigar, esclarecer los hechos y garantizar mecanismos de reparación. 

Mientras otros Estados, como Noruega, se encuentran revisando críticamente su participación en procesos de adopción internacional y documentando las irregularidades ocurridas, el Estado chileno se encuentra debilitando las instituciones encargadas de esclarecer su propio pasado respecto de las vulneraciones de derechos humanos, cuestión que para este gobierno no se considera una prioridad.

Esto se puede ver claramente, mediante la Resolución Exenta N°207, de 22 de junio de 2026, donde la Secretaría de Derechos Humanos dejó sin efecto la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares (UBAFI), que apenas cuatro meses antes había sido creada para abordar las adopciones ilegales, forzadas o irregulares, teniendo como fin, investigar y entregar apoyo a las víctimas, quienes nuevamente fueron desplazadas. Demostrando una vez más que el Estado todavía no ha desarrollado una respuesta institucional adecuada frente a esta vulneración histórica de derechos humanos.

Las adopciones irregulares constituyen una de esas situaciones en que el derecho debe mirar más allá de los expedientes y comprender las historias humanas que existen detrás de ellos. Se afectaron derechos fundamentales no solo de aquellos niños y niñas que fueron separados de sus familias, sino también los de todas esas mujeres que fueron vulneradas y privadas de su capacidad de decisión reproductiva y de su derecho a ejercer su maternidad, mujeres que, hasta el día de hoy siguen buscando a un hijo o hija con la esperanza de algún día reencontrarse con ellos o incluso, obtener finalmente la tranquilidad vacía de saber dónde yacen sus cuerpos.

Las adopciones irregulares pueden haber modificado legalmente la filiación, pero la vulneración del derecho a la identidad no desaparece por el mero transcurso del tiempo, y mientras existan personas que todavía buscan a sus madres, hijos, hermanos o familias de origen, la obligación del Estado de buscar la verdad y justicia estará pendiente. Esta deuda histórica no puede darse por cerrada y el Estado no puede permitirse mirar hacia otro lado.

Organizar la Copa de Fútbol Femenino en Punta Arenas en torno a Lady Florence Dixie trascendió lo deportivo: fue un acto político, cultural y de justicia histórica para las mujeres que disputan espacios masculinizados en la Patagonia.

En 1879, a los 24 años, Dixie realizó una expedición a la región que inmortalizó en Across Patagonia (1880). Su obra rompió con la mirada colonial e imperial de la época, mostrando que el paisaje no es un fondo inerte, sino un territorio vivo cruzado por la memoria y la experiencia humana. La historiadora María Eugenia Allende-Correa la define como «Lady Patagonia», destacando que su viaje fue un medio de emancipación para demostrar públicamente las capacidades físicas e intelectuales de las mujeres, desafiando la domesticidad victoriana.

Dixie combinó su faceta de amazona y escritora con el activismo: en 1895 asumió la presidencia del British Ladies’ Football Club en Inglaterra, entendiendo la actividad física y la autonomía corporal como pilares de la igualdad de género.

Inspirada en esta genealogía de resistencia, la Copa de Fútbol Femenino en Punta Arenas rinde un homenaje activo a su legado. En el marco del 8 de marzo, el torneo reunió a la comunidad en un encuentro masivo entre Colo-Colo Femenino y la selección local, convocando a más de seis mil personas (CSD Colo-Colo, 2023). El evento no se limitó al marcador; se complementó con conversatorios académicos que articularon historia regional, feminismo, literatura y la lucha contra las brechas estructurales en el deporte. Medios locales como La Prensa Austral y Radio Polar destacaron el hito como un puente entre memoria, cultura y la visibilización del fútbol practicado por mujeres.

En conclusión, esta iniciativa demuestra que el fútbol es un campo de disputa política. Al articularlo con la figura de Dixie, la cancha se transforma en un espacio para despatriarcalizar la memoria, subvertir el control sobre los cuerpos y reafirmar el derecho de las mujeres a habitar el espacio público. Asimismo, el legado de Dixie nos invita a reflexionar sobre una igualdad radical: pionera en tensionar las jerarquías de su época, desmanteló los límites entre la realeza europea y los pueblos originarios —como los tehuelches con quienes convivió—, cuestionando incluso el dominio humano sobre la naturaleza y las demás especies. Su expedición no solo visibilizó a la Patagonia ante los ojos de Europa, sino que operó como un aprendizaje situacional sobre la igual dignidad de todas las culturas, civilizaciones y formas de vida, sentando las bases de una ética, empática e interseccional indispensable para la construcción de un mundo genuinamente justo.

En el universo online sentirse, pensarse y narrarse varón es una realidad tan palpitante como polarizada. Por un lado, están quienes imaginan formas de ser menos violentas y rígidas; por otro, quienes se han replegado en la machósfera, recurriendo a la violencia misógina para perpetuar la dominación. La machósfera es el conjunto de discursos y prácticas difundidos en blogs, YouTube, Instagram, TikTok y chats, que alojan movimientos masculinistas y antifeministas.

Este fenómeno transnacional ha proliferado bajo la cuarta ola feminista, que instaló una interpelación inédita hacia las masculinidades, en lo que el Instituto de Masculinidades y Cambio Social llamó «la fractura del bloque hegemónico», abriendo un escenario de disputa por cómo se debe ser hombre hoy. Estas subculturas digitales son parte de la reacción antifeminista que busca librar «la batalla cultural contra la ideología de género».

De esta manera, abierta la supuesta “crisis de la masculinidad”, la socióloga española Beatriz Ranea (2021) plantea que la masculinidad hegemónica se ha ido resquebrajando. Y si bien por esas grietas puede entrar la luz, también puede hacerlo la sombra: primero voces sueltas -—influencers machosféricos—- que convirtieron el malestar masculino en modelo de negocio; después, un programa vía YouTube «La Cofradía», que le dio casa y bandera a esa reacción, a nivel macro, alineado con la ultraderecha chilena.

La Cofradía, panel de streaming vinculado al Partido Nacional Libertario, entró en la palestra recientemente por los comentarios de Ítalo Omegna —de «humor negro», según él— sobre abuso sexual infantil contra infancias autistas. Este espacio es vitrina de los mandatos más rígidos de la masculinidad: la burla a la otredad y la humillación como muestra de virilidad. Para muestra, cuando el sociólogo Andrés Kogan, recientemente, escudriñó a La Cofradía en Le Monde Diplomatique, la respuesta fue denostarlo: «maricón», «fleto», «no ponerla nunca», de manual.

A todas luces, estamos ante un germen machosférico chilensis, analizable bajo la homosocialidad masculina, concepto acuñado por Eve Sedgwick (1985) que ahonda sobre los profundos lazos de camaradería entre varones, blindados por una negación hiperbólica de la homosexualidad, donde el distanciamiento homofóbico opera como mecanismo regulador. Reírse no es un gesto espontáneo sino una contraseña —reír te hace pertenecer, dudar te vuelve posible blanco—. Por eso la burla escala: en la Cofradía y preocupantemente en muchos espacios masculinizados, la crueldad es la moneda con que se paga la pertenencia.

Así Omegna, recientemente desvinculado como asesor del diputado libertario Hans Marowski, es apenas un nombre, lo relevante es la estructura que lo produce y reproduce. Rita Segato la llama «fratría» (2003): una hermandad masculina cuyo valor supremo no es la vida, sino la lealtad. «Si no se obedece, se es expulsado», explicó en una entrevista reciente en 2025. Ni la familia escapa a la burla, el líder del grupo, Emiliano Fernández, preguntó si María Gracia Omegna —hermana de Ítalo y reconocida actriz— estaba casada, y ante la negativa lanzó una broma sexual, Ítalo no lo frenó, incluso insinuó la posibilidad de «negociarla», riendo junto al resto. Cambiar de protagonista no cambiaría el libreto. Sobre la misma tónica, días después, Fernández declaró que el femicidio no existe, pese a los 50 casos que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró solo en 2024.

La fisura de la masculinidad está abierta, intermediada por la arquitectura algorítmica, precisamente por el alcance que esta otorga a los contenidos extremistas, propiciando que se masifique este tipo de discursos. Disputarla no depende solo de interpelar al próximo Omegna, sino de ocupar ese territorio, digital y cotidiano, con más brío que el odio, buscando desenmarañar la telaraña digital de la masculinidad.

Hay aprendizajes que las mujeres incorporamos desde muy pequeñas sin que nadie los cuestione, como volver acompañadas, compartir la ubicación cuando regresamos de noche, desconfiar de ciertas situaciones, cambiar de recorrido si algo nos parece extraño y mantenernos siempre alertas. Son conductas que repetimos casi de manera automática porque crecimos escuchando que nuestra seguridad dependía también de esas precauciones. Lo inquietante es que ese esfuerzo permanente por enseñarnos a prevenir rara vez encuentra un equivalente cuando la conversación se dirige hacia quienes ejercen la violencia.

El proyecto de ley «Escucha su corazón» volvió a instalar un debate que divide opiniones. Habrá quienes consideren que representa una medida de protección de la vida y quienes sostengan que incorpora una presión innecesaria sobre mujeres que enfrentan circunstancias dolorosas. Ambas posiciones forman parte de una discusión democrática. Sin embargo, mientras esa controversia ocupa el centro de la agenda, otra realidad continúa desarrollándose con una normalidad que debería incomodarnos mucho más.

En Chile, una de las tres causales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo corresponde a los casos de violación. Esa sola circunstancia basta para recordar que antes de cualquier procedimiento médico existió un delito, una víctima y un agresor. Sin embargo, cuando la discusión pública se instala, la atención parece desplazarse hacia lo que sucede después, dejando en segundo plano aquello que hizo posible llegar hasta ese escenario.

Seguimos enfrentando investigaciones que se prolongan durante años, víctimas que abandonan los procesos por agotamiento o desconfianza y sistemas de protección que reaccionan cuando el daño ya está hecho. La violencia sexual continúa siendo una de las formas más invisibilizadas de violencia, pese a que sus efectos atraviesan la vida de quienes la sufren mucho después del proceso judicial.

La prevención sigue ocupando un lugar secundario. Hablamos poco de educación afectiva, consentimiento, relaciones basadas en el respeto y políticas públicas capaces de intervenir antes de que una agresión ocurra. Tampoco existe la determinación para mejorar la persecución penal, reducir la impunidad o fortalecer el acompañamiento de las víctimas. Pareciera más sencillo debatir sobre las decisiones que una mujer debe adoptar después de una agresión que asumir la responsabilidad colectiva de evitarla.

Durante décadas hemos construido un discurso que deposita buena parte de la prevención sobre las mujeres. Cambiamos nuestras rutinas, adaptamos nuestros horarios y desarrollamos estrategias para sentirnos un poco más seguras. Mientras tanto, la conversación dirigida a quienes ejercen la violencia sigue siendo insuficiente.

Proteger la vida también significa impedir que una niña, una mujer o cualquier persona sea víctima de abuso sexual. Significa poder denunciar sin temor a sufrir revictimización y contar con un sistema que responda con eficacia frente a quien cometió el delito.

El debate sobre «Escucha su corazón» continuará porque toca convicciones profundas. Lo preocupante sería que, una vez más, concentráramos toda nuestra atención en las consecuencias y dejáramos intactas las condiciones que permiten que miles de mujeres y niñas sigan enfrentando violencia sexual cada año. Ninguna sociedad puede conformarse con administrar el daño cuando todavía tiene una enorme deuda: impedir que ese daño ocurra.

Llega a consulta una mujer llamada Emilia.

Cuenta que hace años fue a terapia porque sufría episodios de violencia con su pareja. Le sirvió; pudo ser escuchada, pudo llorar, pudo expresarse. Pero esta vez vuelve porque sigue sintiendo el cuerpo en alerta. Desconfía de los demás; reacciona de forma abrupta ante ciertos sonidos y no logra conectar sexo afectivamente con otras personas. Queda claro que algo no se resolvió. No porque la terapia anterior haya sido mala, sino porque hablar de lo que pasó no es lo mismo que trabajar las consecuencias traumáticas que la violencia de género puede dejar en la forma de habitar el mundo.

Casos como el de Emilia llegan con frecuencia a nuestra consulta. Y su historia no es excepcional. Los femicidios en Chile superan los 40 casos al año desde hace más de una década. A julio de 2026 ya se registran 19 femicidios consumados y 157 frustrados. Pero esas cifras representan solo la expresión más extrema de una violencia mucho más extendida, cuyas secuelas suelen persistir incluso cuando la agresión ha terminado. Hoy sabemos que la violencia de género no deja únicamente recuerdos dolorosos: también puede alterar la manera en que el sistema nervioso responde al entorno, manteniendo al cuerpo en un estado permanente de alerta.

Frente a esa realidad, surge una pregunta que en Minka nos parece central: ¿qué sígnica, en lo concreto, la reparación psicológica de una mujer en el contexto de una consulta terapéutica?

El derecho a la salud mental suele entenderse como un derecho de acceso: que exista una atención disponible, que una profesional pueda recibirte. Y eso importa. Pero no es suficiente. Ser escuchada no es lo mismo que trabajar en la propia reparación. La calidad de la atención también forma parte del derecho a la salud, y en muchos casos, ejercer plenamente ese derecho requiere una profesional con conocimientos específicos sobre las consecuencias psicológicas de la violencia de género.

En el caso de Emilia, no solo necesita calidez, ni empatía. Necesita que la terapeuta comprenda cómo opera el poder en una relación violenta; cómo el cuerpo aprende a anticipar el peligro en espacios donde debería sentirse seguro; cómo ciertos síntomas son respuestas que adquieren sentido en un contexto de desigualdad. Sin esa lectura, resulta mucho más difícil comprender por qué el miedo persiste, por qué algunos vínculos vuelven a reproducir patrones de violencia o por qué el cuerpo continúa reaccionando cuando, aparentemente, todo ya terminó.

Esa perspectiva puede ser necesaria en muchos espacios terapéuticos, no solo en el nuestro. Por eso, el equipo de Minka reúne especialidades diversas y enfoques distintos, pero comparte una misma mirada de género para comprender las experiencias de las mujeres que consultan. Como psicólogas, creemos que la especialización no es un valor agregado: es una condición mínima para que la reparación sea posible y los efectos de la psicoterapia perduren en el tiempo. Reducir nuestro trabajo a la disponibilidad de una hora de consulta es pasar por alto lo necesario para proteger, de manera efectiva, el derecho de las mujeres a una atención de calidad.

Si creemos que el derecho a la reparación psicológica se cumple únicamente cuando alguien escucha a una mujer, estamos haciendo solo la mitad del trabajo. Esa escucha debe estar sostenida por una mirada de género y por un saber técnico capaz de comprender y transformar las huellas que la violencia y la desigualdad dejan en la vida de quienes las han experimentado.

Nuestra apuesta es alta, pero justa. Que Emilia sea atendida bajo el ala del feminismo significa ofrecerle un espacio donde su experiencia no sea minimizada ni individualizada, sino comprendida en toda su complejidad. Porque reparar no consiste solo en sobrevivir a la violencia; también implica recuperar la posibilidad de vivir sin que el miedo siga organizando la propia vida. Y esa también es una forma de justicia.

Sobre Minka

Minka Psicólogas Feministas es una red de profesionales de la salud mental que brinda atención psicológica especializada a mujeres mayores de 18 años, con un enfoque feminista y una perspectiva de género. Nacida durante la pandemia de COVID-19 como respuesta al aumento de la violencia contra las mujeres y a las dificultades de acceso al apoyo psicológico, Minka trabaja por ofrecer espacios terapéuticos seguros, accesibles y libres de revictimización.

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Hubo un tiempo en que las mujeres aprendimos que había cosas que era mejor no contar.

No porque no hubieran ocurrido. Sino porque contarlas implicaba volver a atravesarlas. Significaba responder preguntas que nunca se hacían a los agresores, justificar decisiones tomadas bajo el miedo, soportar la sospecha de quienes preferían dudar de una víctima antes que cuestionar una estructura que durante siglos había normalizado la violencia contra las mujeres.

Durante demasiado tiempo la violencia sexual no solo habitó los cuerpos de las mujeres. También habitó las palabras con las que decidimos contarla. Porque quien controla el relato también disputa la memoria. Habitó también el silencio. El de las familias que pedían olvidar, el de las amistades que miraban hacia otro lado, el de instituciones que desconfiaban antes de escuchar y el de un periodismo que, demasiadas veces, puso el foco en la vida de las víctimas antes que en la responsabilidad de quienes ejercían la violencia.

Por eso, cuando las mujeres comenzaron a hablar, no solo empezaron a compartir experiencias. Comenzaron a disputar el relato.

Cristina Fallarás entendió muy pronto que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de un caso judicial. Con #Cuéntalo ayudó a construir un archivo colectivo de la violencia narrada por las propias mujeres. Primero fue Ahora contamos nosotras (2019), nacido de aquella irrupción masiva de testimonios. Más tarde, No publiques mi nombre (2024) volvió sobre una pregunta igual de incómoda: cuánto sigue costando hablar cuando la violencia sexual continúa atravesando tantos espacios de la vida cotidiana. Entre ambos libros no solo hay cinco años. Hay una transformación en la manera en que las mujeres recuperaron el derecho a contar su propia historia.

Y fue en medio de ese cambio de época cuando ocurrió el caso de La Manada.

Como ha escrito la periodista Isabel Valdés al cumplirse una década del caso, La Manada modificó la conversación pública sobre la violencia sexual. No resolvió las desigualdades ni acabó con la impunidad, pero hizo que cuestiones como el consentimiento dejaran de ocupar un lugar marginal para instalarse en el centro del debate.

Hace diez años, aquella violación grupal durante los Sanfermines no solo conmocionó a España. Interpeló al mundo. No porque fuera el primer caso de violencia sexual ni el más brutal, sino porque dejó al descubierto algo que millones de mujeres reconocieron de inmediato: la violencia no terminaba con la agresión. Continuaba en los tribunales, en los titulares, en las conversaciones cotidianas, en cada intento por explicar por qué una mujer no había gritado lo suficiente, no había escapado a tiempo o no había denunciado antes.

La respuesta social fue inédita. Las calles se llenaron de personas que comprendieron que la pregunta nunca debió ser qué hizo ella, sino por qué seguimos buscando explicaciones para quienes ejercen la violencia. Aquella movilización también interpeló a los tribunales y a los medios de comunicación.

Las palabras nunca son inocentes. Cambiar la manera en que nombramos la violencia también transforma la forma en que una sociedad decide verla.

Porque aquello que no tiene nombre suele parecer excepcional, anecdótico o inevitable. Nombrar permite reconocer patrones, identificar responsabilidades y comprender que la violencia no es una suma de casos aislados, sino una expresión de relaciones de poder profundamente arraigadas.

Sin embargo, diez años después, quizás la pregunta más incómoda no sea cuánto hemos avanzado, sino cuánto ha aprendido también la propia violencia.

Porque las violencias mutan.

Por mucho tiempo pensamos la violencia sexual desde escenarios concretos: una calle, una fiesta, una universidad, un lugar de trabajo, un hogar. Hoy sabemos que esa separación resulta insuficiente. Lo que durante décadas ocurrió en el espacio físico encontró en el entorno digital nuevas formas de reproducirse, organizarse y amplificarse. No hablamos de violencias distintas. Hablamos de un mismo continuo de violencia que utiliza otras herramientas para perseguir el mismo objetivo: disciplinar la participación de las mujeres en el espacio público.

Los canales de Telegram donde se comparten imágenes íntimas sin consentimiento. Las campañas coordinadas de hostigamiento contra periodistas y defensoras de derechos humanos. La creación de contenido sexual mediante inteligencia artificial. La difusión masiva de fotografías para humillar, disciplinar o expulsar a mujeres del espacio público. No son fenómenos nuevos ni hechos aislados. Son comunidades organizadas que reproducen, ahora mediante otras herramientas, las mismas lógicas de complicidad y disciplinamiento que durante décadas conocimos fuera de las pantallas.

Durante mucho tiempo hablamos de violencia online como si ocurriera en un universo distinto. Hoy sabemos que esa frontera nunca existió. La violencia que antes se sostenía en el silencio de una oficina, de un colegio, de una universidad o de un grupo de amigos también encontró en las plataformas digitales un espacio para amplificarse, organizarse y multiplicarse.

Las plataformas son nuevas. Las lógicas que buscan controlar, humillar y disciplinar a las mujeres siguen siendo las mismas.

Y junto con las formas de violencia también se reorganizaron las resistencias a los avances conquistados. Los discursos sobre las falsas denuncias vuelven una y otra vez. Las estrategias para desacreditar a quienes denuncian reaparecen con nuevos lenguajes. La sospecha continúa siendo una herramienta eficaz para devolver a las mujeres al lugar del silencio.

La violencia rara vez es únicamente obra del agresor. Quizás por eso resultan tan vigentes las palabras de la antropóloga Ana Burgos cuando afirma que muchos hombres siguen callando cuando el denunciado es un amigo. Porque la violencia sexual nunca ha sido únicamente un problema de agresores. También necesita comunidades que relativicen, instituciones que demoren, plataformas que obtengan beneficios de la circulación del odio y personas dispuestas a no incomodar a los suyos.

Hace años Rita Segato advertía que la violencia sexual funciona también como un mensaje disciplinador dirigido al conjunto de las mujeres. Quizás por eso cada agresión pública produce un efecto que trasciende a la víctima: redefine los límites de lo que una sociedad considera tolerable.

Cuando Gisèle Pelicot decidió renunciar al anonimato durante el juicio que expuso décadas de violencia sexual sistemática, desplazó la vergüenza hacia quienes durante tanto tiempo habían logrado esconderla. Su decisión no sólo interpela a los agresores. También obligó a mirar las redes de silencio, complicidad e indiferencia que permiten que estas violencias persistan durante años.

Quizás ese sea el principal legado de esta década. Hubo un tiempo en que las mujeres aprendieron que había cosas que era mejor no contar. Hoy el desafío es otro: preguntarnos si realmente estamos escuchando mejor, si somos capaces de reconocer las nuevas formas que adopta la violencia antes de que vuelvan a parecernos normales y si quienes contamos estas historias -el periodismo, las instituciones y la sociedad en su conjunto- estaremos a la altura de esa responsabilidad. Porque las violencias cambian de forma. El silencio también.