El diseño de la norma anunciada, sin embargo, evidencia limitaciones estructurales que impiden sostener que se trate de una reparación integral, transformadora y acorde a los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. La propuesta contempla tres medidas principales. 

La primera consiste en una pensión mensual de $160.000 para hijos e hijas menores de 18 años. Este monto es inferior al estándar mínimo que el propio ordenamiento jurídico fija para un alimentario, equivalente al 40% del Ingreso Mínimo Mensual.

Considerando que el Ingreso Mínimo Mensual vigente asciende a $529.000, dicho porcentaje corresponde a $211.600, lo que demuestra que la pensión establecida por la ley se sitúa por debajo de los mínimos reconocidos por el Estado para garantizar la subsistencia. A ello se suma que esta pensión se extingue automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, incluso en casos de discapacidad o dependencia, reforzando su carácter insuficiente y transitorio. 

La segunda medida corresponde al establecimiento de un fuero laboral por un año para víctimas de femicidio frustrado o tentado. Su alcance resulta insuficiente y meramente simbólico, en tanto no guarda proporción con la duración ni con la complejidad de los procesos judiciales asociados a estos casos. Paradójicamente, esta disposición se inspira en el caso de Alda Reyes, madre de Yini Sandoval Reyes, asesinada el 29 de diciembre de 2016 junto a sus tres hijos —Ignacio, Valentín y Daniel—, quien, durante el extenso proceso judicial, concluido recién en marzo de 2020, fue desvinculada de su trabajo. Incluso si esta norma hubiese estado vigente en ese período, no habría alcanzado a brindarle protección efectiva. 

A estas insuficiencias se suma una tercera medida: la calificación administrativa de las víctimas de femicidio. Presentada como un avance, su redacción termina por vaciarla de sentido, al restringir su aplicación retroactiva al año 2010, dejando fuera a la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas por esta violencia extrema.

Se trata, además, de una medida que no implicaba costo fiscal alguno y que habría permitido algo esencial y profundamente humano: reconocer, aunque fuera tardíamente, a todas las mujeres víctimas de femicidio, devolverles nombre, historia y lugar en la memoria colectiva. Esa posibilidad, sin embargo, no fue considerada.

Y era lo mínimo.

Porque el reconocimiento importa.

Porque nombrar es existir.

Esta omisión duele aún más si se considera que en Chile los nombres de las mujeres víctimas de femicidio anteriores al año 2010 son escasos o derechamente inexistentes en los registros oficiales, prolongando su desaparición más allá de la muerte y consolidando un borramiento institucional y simbólico que el Estado tenía la oportunidad —y la responsabilidad— de reparar.

* Por Coordinadora 19 de diciembre

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

Fiscalizar no es un trámite: es la línea que separa la ley de la realidad. Ocho años después de la Ley 21.030, nuestro estudio sobre la primera aplicación del Manual de Fiscalización IVE, en el año 2023, muestra luces y sombras. Primero, lo justo: el Manual fue un avance indudable para supervisar la implementación de la ley, porque define una pauta común y eleva el estándar de control.

Pero la existencia de fiscalizaciones no garantiza por sí sola que los derechos se cumplan. Cuando las SEREMI aplican la pauta oficial, los resultados se pueden evaluar y mejorar; cuando la reemplazan por actas genéricas, la opacidad manda y la trazabilidad se pierde. Persisten, además, desigualdades territoriales y brechas entre prestadores. Al mismo tiempo, hay hospitales que alcanzan 100% de cumplimiento: sí se puede cuando hay reglas claras y decisión de aplicarlas.

¿Qué hacer ahora? Tres pasos simples y medibles: uso obligatorio y exclusivo de la pauta de fiscalización, para estandarizar la supervisión; fiscalización periódica con plazos y consecuencias efectivas por no cumplir o registrar mal; planes de mejora y seguimiento trimestral ante irregularidades críticas.

Finalmente, la sociedad civil es clave. Sin su vigilancia, incidencia y colaboración técnica, la política pública corre el riesgo de quedar en el papel. Los derechos se materializan con reglas comunes, datos completos, consecuencias reales… y ciudadanía activa.

Luz Reidel Wagner
Subdirectora de Incidencia Social y Política
Miles Chile

Hablar de violencia vicaria sigue siendo incómodo. No porque no exista, sino porque desvela una forma de agresión que se esconde tras el disfraz de la legalidad, la institucionalidad y, muchas veces, el discurso de “protección infantil”. Esta violencia, ejercida principalmente por hombres hacia mujeres a través del daño a sus hijos e hijas, representa una de las expresiones más extremas y perversas de la violencia de género.

La psicóloga Sonia Vaccaro acuñó el término en 2012, definiéndolo como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos con el objetivo de dañar a la madre. En Chile la evidencia disponible sobre violencia vicaria es todavía incipiente, mayormente proveniente de investigaciones periodísticas, las cuales han comenzado a visibilizar esta realidad, revelando cómo el uso instrumental de los hijos en conflictos familiares perpetúa el sufrimiento de las mujeres.

Lo más alarmante es que esta violencia no siempre se manifiesta en golpes o gritos. Se materializa en decisiones judiciales que despojan a las madres de la custodia, en visitas forzadas que exponen a niños y niñas a entornos violentos, en denuncias falsas que desacreditan a las mujeres, y en un sistema que muchas veces valida el relato del agresor. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2024) señala que el 98,7% de los niños y niñas que vivían con madres víctimas de violencia de género también sufrían violencia vicaria. ¿Cómo es posible que esta cifra no haya sacudido la agenda legislativa?

El Derecho puede ser una herramienta de protección, pero también puede transformarse en un instrumento de revictimización. La violencia vicaria encuentra espacio en los intersticios del sistema judicial, donde el interés superior del niño es a veces interpretado sin perspectiva de género y donde la aparente neutralidad institucional puede terminar facilitando el daño y perpetuando el control del agresor.

En este contexto, resulta preocupante que se intente instalar la idea de una “epidemia” de denuncias falsas por violencia de género, cuando los datos judiciales desmienten esa tesis. Tal como advierte la jurista Carla Vallejo, esta narrativa opera como una estrategia de desacreditación que revictimiza a las mujeres, debilita la confianza institucional y desplaza el foco desde el fenómeno estructural (la violencia contra las mujeres y sus hijos) hacia la sospecha contra quienes denuncian. En lugar de fortalecer la protección, se promueve una agenda de sospecha que favorece la impunidad y refuerza el control del agresor.

Es urgente que Chile avance hacia el reconocimiento explícito de la violencia vicaria en su legislación. Aunque socialmente este fenómeno está siendo cada vez más problematizado socialmente, hasta ahora no existe una figura jurídica autónoma que la defina y sancione de manera específica. No basta con condenar el femicidio o el maltrato físico; se requiere una mirada integral que comprenda que dañar a los hijos para castigar a la madre es una forma de violencia que debe ser prevenida, perseguida y sancionada.

La violencia vicaria no es un asunto privado, es una herida que atraviesa generaciones y una deuda pendiente del Estado con las mujeres y sus hijos. Mientras no se reconozca legal y culturalmente, seguirá perpetuando en silencio.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

En medio de las recientes apelaciones y ajustes en las candidaturas parlamentarias, el debate sobre la representación política de las mujeres vuelve a estar sobre la mesa. La discusión no es nueva: Chile ha avanzado en presencia femenina, pero la paridad sigue siendo una deuda pendiente para construir una democracia verdaderamente igualitaria.

Hoy las mujeres representan el 35,5% de la Cámara de Diputadas y Diputados -55 de los 155 escaños- y apenas el 24% del Senado -12 de 50 integrantes-. A nivel local, en las elecciones municipales de 2024 sólo el 16,2% de las alcaldías fueron ocupadas por mujeres -56 de 345-, mientras que en los concejos municipales alcanzaron un 40% y en los consejos regionales un 34%. Estos números, aunque muestran avances respecto de décadas pasadas, confirman una verdad incómoda: la democracia chilena sigue siendo una democracia a medias.

Para las próximas elecciones al Congreso Nacional, las cifras muestran que en el Senado un (44,8%) de las candidaturas corresponde a mujeres y un 55,2% a hombres, mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputados un 44% son mujeres y un 56% hombres. Sin embargo, hay regiones especialmente preocupantes: Tarapacá (84,2% hombres y solo 15,8% mujeres), Los Lagos (64,2% hombres) y Arica y Parinacota (64% hombres).

La Ley de Cuotas, vigente desde 2017, abrió una grieta en ese muro. Al exigir que ningún sexo superara el 60% de las candidaturas al Congreso y al entregar incentivos por cada mujer electa, permitió un salto cuantitativo en representación. Pero es una medida temporal que concluye en 2029. La pregunta es evidente: ¿qué pasará después? ¿Volveremos a una política masculinizada que invisibiliza a la mitad de la población?

Las cuotas han sido necesarias porque, sin acciones afirmativas, la promesa de igualdad se vuelve un espejismo. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no puede hablarse de democracia plena cuando las mujeres están excluidas de los espacios de poder. A su vez, la CEDAW en su artículo 4 obliga a los Estados a adoptar medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

No obstante, las cuotas son solo un primer peldaño. Aseguran presencia, pero no transforman las estructuras. La verdadera revolución democrática es la paridad: un principio organizador que redistribuye el poder entre mujeres y hombres en igualdad de condiciones. La experiencia de la Convención Constitucional en 2021 lo demostró: por primera vez un órgano constituyente funcionó bajo reglas paritarias y permitió visibilizar agendas históricamente relegadas en materia de derechos de las mujeres

La paridad no es una concesión a las mujeres: es un mandato de justicia y un estándar internacional. La Plataforma de Acción de Beijing señaló con claridad que la participación igualitaria de las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones es condición indispensable para la democracia y la paz. Más aún, diversos países latinoamericanos ya han incorporado la paridad en sus constituciones -México, Bolivia, Ecuador, Costa Rica- mostrando que es posible resignificar la democracia y hacerla más representativa.

Quienes se oponen sostienen que la paridad atenta contra el mérito individual. Pero ¿qué mérito existe en un sistema que históricamente ha privilegiado a los hombres? ¿Qué mérito hay en heredar redes, financiamiento y visibilidad que las mujeres nunca tuvieron? La paridad no elimina el mérito: elimina los obstáculos estructurales que impiden que el mérito femenino siquiera tenga la oportunidad de desplegarse.

Estamos, entonces, en una encrucijada. La vigencia de las cuotas hasta 2029 nos da una ventana de oportunidad para dar el salto definitivo hacia la paridad como principio constitucional y democrático. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de retroceder en un derecho conquistado con décadas de luchas feministas y sociales.

La democracia no puede seguir siendo patrimonio de unos pocos. Las mujeres no son una minoría: somos la mitad de la población. Y sin nosotras, no hay democracia plena.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

A fines de noviembre de 2023, Sandra Almeida, de 58 años, fue asesinada por Christopher Pino en Lo Barnechea, quien a punta de golpes y con una pala, terminó con su vida. Su familiares decían que la razón fue porque ella se identificaba como lesbiana, y en el momento del hecho, Sandra defendió a otras mujeres a las cuales el asesino estaba acosando. En un hecho histórico, la Fiscalía regional Metropolitana Oriente pudo acreditar que la motivación del crimen fue la orientación sexual de la víctima. La sentencia fueron 15 años de cárcel, pese a que se había solicitado cadena perpetua.

Hace unos años, la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, presentó una indicación al proyecto de ley que sería conocido después como Ley Gabriela, o ley 21.212 en que se amplía la definición de femicidio, reconociendo este delito en otros ámbitos y no solamente dentro de una relación. Esta ley, si bien muy importante para el movimiento feminista, carecía de una mirada interseccional donde también podía caber la diversidad de mujeres que habitamos este país. Con ello me refiero a quienes se identifican como mujeres, pero también como lesbianas, bisexuales, o trans, por ello se solicitó añadir la orientación sexual, la identidad y expresión de género como causantes de un femicidio.

Si bien se mantuvo la indicación hasta su total aprobación, no existió oportunidad para aplicarlo, y en este lamentable caso donde una compañera fue vilmente asesinada solo por ser lesbiana, se pudo emplear por primera vez.

Ello nos recordó la larga lista de mujeres lesbianas que han sido asesinadas en Chile por su orientación o lesbo odio como le llaman la activistas a este tipo de crímenes. Desde el caso de Mónica Briones, artista y escultora asesinada en 1984 y considerado el primer caso documentado de un crimen de lesbo odio, o el de Nicole Saavedra, la joven de Limache que fue secuestrada, torturada y asesinada por esta misma causa, no lograron sus abogadas y familiares que pudiese aplicarse este agravante. La primera, porque en la década de los ochenta, el contexto era una dictadura conservadora y un sistema judicial antiguo con nula existencia de un enfoque de género; y la segunda, porque el caso ocurrió en 2016 y no alcanzaba a estar dentro de la promulgación de la ley que ocurrió en marzo de 2019.

Por eso, resulta de vital importancia para las comunidades LGTBIQA+ estas sentencias porque nos hablan de que al menos puede existir un poco de justicia y reparación para la violencia histórica contra las personas de las diversidades. Y es crucial también, la incidencia que logran establecer las organizaciones. Muchas veces acceder a estos espacios, conlleva obstáculos para los activistas LGTB, sobre todo, para quienes recién comienzan a activar por esta causa y no tienen las herramientas necesarias para incidir por ejemplo en el Congreso, hacer seguimiento a las leyes o presentar indicaciones.

Apoyadas a veces por grupos feministas, muchas organizaciones se han ido curtiendo en solitario para llegar a estos espacios. Es necesario entonces fortalecer esta incidencia que pueda generar un impacto tan grande como la indicación mencionada, ya que, al menos, trae un poco de justicia y tranquilidad para sus familiares y para nuestras comunidades.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

En mi trabajo diario acompañando sobrevivientes de abuso sexual infantil, no es extraño escuchar relatos donde niñas y niños —hoy personas adultas— cuentan cómo alguna vez intentaron develar el abuso ante sus madres, abuelas, tías. Mujeres que muchas veces también fueron víctimas. Mujeres que, desde sus propias historias no resueltas, no les creyeron. Minimizaron. Justificaron. Encubrieron. Les culparon por «querer destruir la familia». Les pidieron que callaran, por el bien de todos. Les exigieron actuar como ellas lo hicieron en su momento.

Este es uno de los rostros más crudos del trauma transgeneracional: el de quienes, habiendo sido víctimas, se vuelven incapaces de mirar la violencia cuando vuelve a aparecer cerca. Porque mirar el abuso de otro significaría volver a abrir su propia herida; aquella que un día encapsularon para poder seguir viviendo.

Lo que escuchamos recientemente en palabras de María José Prieto es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Una mujer que enfrentó con valentía a su propio abusador, que fue validada por la justicia, que incluso ayudó a abrir caminos para otras víctimas, hoy sostiene un discurso que replica —casi palabra por palabra— los mecanismos con que históricamente tantas víctimas fueron desacreditadas. Descalifica el relato de la denunciante, la acusa de inconsistencias, de influencias externas, de intenciones espurias. Y lo hace, no desde el negacionismo clásico, sino desde su propio dolor encapsulado.

Lo que aquí podría estar en juego no es solo el horror de enfrentar la posibilidad de un nuevo abuso ahora vinculado a quien eligió como compañero de vida, sino algo que suele ser infinitamente más devastador en estas trayectorias traumáticas: tener que aceptar que, huyendo del hombre que abusó de ella en su infancia, pudo haber construido su proyecto de vida junto a otro hombre capaz de hacer lo mismo. Que la historia de abuso que marcó su niñez no quedó atrás, sino que —de manera brutal— podría haber viajado con ella disfrazada de elección adulta, de amor, de familia reparadora. La sola idea de sostener esa posibilidad suele ser aniquiladora.

Y aunque no podemos conocer exactamente lo que internamente sucede en ella, sabemos que en estos contextos es humanamente comprensible que, ante un abismo emocional de esa magnitud, alguien busque refugio en narrativas que le permitan sostenerse. El costo emocional de aceptar la repetición puede ser insoportable.

Pero es precisamente aquí donde la dimensión ética y perversa de este escenario se vuelve aún más cruda: mientras ella pelea por controlar la narrativa y así sostener su relato para no derrumbarse, el acusado —su marido— asiste desde el palco, beneficiándose del fichaje simbólico de su esposa como escudo perfecto. Se aprovecha del peso de su historia para expiar culpas y debilitar el relato de su víctima, como si la credencial de ser amado por una sobreviviente lo absolviera de todo.

Esta forma de integración selectiva de la experiencia es profundamente peligrosa. No es simple negación superficial, sino un complejo mecanismo defensivo que necesita convencerse de que, habiendo vivido el horror, hoy es capaz de reconocerlo siempre. Que su propia historia la legitima como filtro absoluto de verdad. Y desde ese lugar, establece patrones de cómo debe ser una víctima creíble: cuándo debe hablar, cómo debe recordar, qué tipo de adolescente debió ser, cuánto debe sufrir, cuántas pruebas debe exhibir.

Este desplazamiento no solo funciona como defensa emocional, sino que introduce comparaciones lineales profundamente riesgosas. Así, descalifica el relato de la denunciante porque —a diferencia de su propio caso— necesitó apoyo para escribir su testimonio, no advirtió a terceros durante años, o demoró en denunciar. Como si el modo en que ella procesó su abuso pudiera ser el patrón universal de cómo deben reaccionar otras víctimas. Incluso proyecta su propia experiencia judicial —donde la Corte de Apelaciones terminó dándole la razón— como argumento para anticipar el resultado en esta causa. Es palmario cómo permanece atrapada en su propia experiencia, utilizándola como único filtro válido de credibilidad. Esta lógica, simplificadora y autorreferente, desconoce la complejidad de los procesos traumáticos y refuerza estereotipos peligrosos sobre lo que sería una «víctima legítima».

El peligro de este discurso es enorme, porque instala la falacia del «testigo autorizado»: la idea de que, si alguien que sufrió abuso no cree a otra víctima, entonces es porque la otra miente. Este es el argumento más apetecido por los defensores de abusadores: poder exhibir a una víctima como escudo para invalidar a otras.

Ese daño no queda circunscrito al caso concreto. Cada vez que una víctima pública, validada, desacredita el relato de otra víctima, el efecto repercute sobre todas las personas que hoy están intentando romper el silencio. Sobre quienes todavía dudan si contar su historia. Sobre quienes ya saben que, cuando hablen, enfrentarán no solo la defensa del abusador, sino también el juicio social alimentado por figuras que antes abrieron el camino y hoy se transforman en piezas útiles para los discursos de descreimiento. Este tipo de relato alimenta el escepticismo estructural que tantas veces debemos enfrentar en la justicia penal cuando intentamos demostrar la credibilidad de relatos complejos, fragmentados y tardíos.

Este caso es el espejo brutal de cómo el trauma no tramitado, el dolor nunca completamente elaborado, puede reproducirse —no necesariamente como repetición del abuso activo, sino como reproducción de la lógica de silenciamiento, descrédito y control del relato de otros—. Es una forma de perpetuar el ciclo desde otro lugar.

Este es, precisamente, el desafío más complejo cuando litigamos y acompañamos víctimas de abuso sexual infantil: entender que no existe un solo patrón de relato. Que las víctimas no son todas iguales. Que las revelaciones tardías, los recuerdos fragmentarios, las contradicciones aparentes, no son sinónimo de falsedad, sino a menudo manifestaciones del propio trauma.

Y también, que ser víctima no garantiza saber acompañar a otras. Lo que importa es qué hicimos con el trauma que vivimos. Si logramos integrarlo y transformarlo en capacidad empáticas y compasiva, o si, para protegernos, nos volvimos piedra frente al dolor de otras.

Este es el riesgo del trauma transgeneracional. No sólo que el abuso se repita, sino que el silencio vuelva a imponerse, ahora disfrazado de experiencia, de autoridad, de «sabiduría de quien sabe lo que es el abuso». Y así, cuando el horror reaparece, la persona que una vez alzó su voz puede, desde su herida aún abierta o desde una renovada, volver a callar el grito de otras.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

«Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo»

Así reza una de las consignas que cientos de mujeres año tras año han voceado en las marchas del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer (28 de mayo), en el Día Internacional de Acción contra la violencia hacia las Mujeres (25 de noviembre).

Y es que nuestra cultura, basada en un orden patriarcal que subordina a las mujeres a los designios de una autoridad masculina, tiene graves consecuencias en su cuerpo y su vida. Es un orden tutelado, en que la biología -la reproducción de la especie- está por encima de la condición humana de un ser que vive en sociedad, un ser sujeto de derechos en una comunidad política. La “Naturaleza” por sobre la Cultura, un “orden natural” por sobre la comunidad de seres humanos conscientes.

Hace más de dos siglos mujeres -y algunos filósofos- comenzaron a exigir su reconocimiento como “humanas” con igualdad de derechos y dignidades. En la antropología, la sociología, la psicología se fue documentando la construcción de un orden cultural basado en una división sexual del trabajo asentada en los cuerpos sexuados de mujeres y hombres, revelando que no era la biología, sino la cultura la que subordinaba a las mujeres. Lentamente, en el siglo 20, organizadas en movimientos feministas, las mujeres lograron salir del encierro del mundo privado, habitar el mundo público y competir por los liderazgos, hasta llegar a las más altas responsabilidades políticas y sociales.

Lee sobre el proyecto de ley de aborto legal en esta nota

Sin embargo, el cuerpo de las mujeres, en muchas sociedades se ha mantenido ausente, es decir: puede ser Presidenta de la República, pero no puede decidir sobre su fecundidad si la biología le juega una mala pasada y se embaraza sin haberlo deseado. Hasta allí no más llega la autonomía conquistada. La ciencia y la técnica han contribuido decididamente en la entrega de herramientas para controlar la propia fecundidad, permitiendo la separación entre la sexualidad, la vida sexual y el placer y la fertilidad -la procreación-, es decir, entregando libertad en un ámbito fundamental de la existencia humana para decidir los embarazos. Sin embargo, distintas circunstancias, incluida la falla de los métodos anticonceptivos, llevan a que se produzcan embarazos no planificados.

Un embarazo no planificado puede ser aceptado y así lo han hecho y hacen miles de mujeres, especialmente cuando la maternidad forma parte de su proyecto de vida, pero la investigación revela que en cierta proporción, ese embarazo no es aceptable para la mujer con severas consecuencias para ella y también para la criatura que llega así al mundo.

Esa niña o niño nace en condiciones de desventaja, más allá del mito del “instinto maternal” que sugiere que biológicamente, las hembras -las mujeres- por instinto van a cuidar, amar, sostener, acompañar a sus crías hasta que sean autónomas, independientemente de sus condiciones de gestación. En nuestra sociedad, sin duda, un derecho humano que deberíamos reconocer es el derecho a nacer habiendo sido deseado, el derecho al afecto, al apego, que marca toda la vida, como muy bien lo documenta hoy día la psicología. No debe extrañar que sean miles los abortos que se producen año a año, en condiciones de clandestinidad, con riesgo para la salud y para la seguridad personal de las mujeres, que no sólo cautelan sus propios proyectos de vida, sino también ese derecho de un posible hijo o hija de nacer habiendo sido deseado.

¿Cómo es posible, entonces, que en pleno siglo 21 se mantenga la tutela sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y que no se reconozca que tanto la mujer como la hija o hijo requieren condiciones objetivas y subjetivas para un embarazo? Avanzamos en 2017, al reconocerse por ley el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones de extrema necesidad, sin embargo, sólo en esas causales, desconociendo otras causales.

Es un asunto de poder, sin duda, y es por ello que la lucha de las mujeres por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por su sola decisión pone en jaque un ámbito material y simbólico de ese orden patriarcal que pretende que las mujeres, más que sujetos, sean “sujetadas”.

La presentación de un proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en un cierto plazo, es decir, que reconoce la decisión de las mujeres como razón suficiente para el aborto, pone sobre la mesa este reducto de poder patriarcal, que en nombre de otras autoridades externas, sean religiosas o filosóficas, busca mantener la tutela sobre el cuerpo y la vida de las mujeres criminalizándolas y exponiendo su salud.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

¿Por qué no estuvo la Educación Sexual Integral en la Cuenta Pública?

Nos hacemos esta pregunta con una mezcla de preocupación y urgencia. En la Cuenta Pública del 2022, el presidente Gabriel Boric anunció que presentaría un proyecto de Ley en esta materia durante el segundo semestre de ese mismo año, abarcando todos los niveles de enseñanza, tal y como estaba estipulado en su Programa de Gobierno. El incumplimiento no solo fue legislativo; desde el MINEDUC comprometieron realizar jornadas de Educación No Sexista entre el 2022 y el 2025, las que a la fecha solo se han realizado tres.

La demanda por consolidar estas iniciativas y una legislación que las regule como políticas no es nueva. El año 2018 fue especialmente relevante en el posicionamiento de sentidas necesidades por justicia, libertades y protección en cuánto a temáticas de género y sexualidad.

Particularmente en el ámbito educativo se instaló decididamente la necesidad de repensar la educación para que propusiera una alternativa a los problemas que hoy vemos desbordados: la degradación de la convivencia, la proliferación de violencias públicas e íntimas, la discriminación basada en odio y la crisis de salud mental, entre otras.

Sabemos que el contexto es complejo: un Congreso adverso y una ofensiva conservadora como fenómenos global. Aún así, podemos preguntarnos cuándo acaso ha sido útil en esos escenarios seguir postergando conversaciones pendientes.

Lee aquí sobre la declaración de organizaciones de ESI previo a la Cuenta Pública

No se trata de los anhelos de un sector en particular; la Educación Sexual Integral nace de la realidad de escuelas, liceos, colegios y universidades en todo el país que se expresa en múltiples malestares y desafíos aún sin conducción. Nos referimos por ejemplo, a un mundo digital hostil para la niñez y adolescencia, donde la información falsa, la distorsión explícita del cuerpo y los sentidos, la debilidad de la privacidad y los vínculos, la incitación a la violencia, o los mandatos nocivos de belleza y consumo de plano no están teniendo respuesta adulta debido al extendido analfabetismo en sexualidad.

La responsabilidad cae en todo sector y liderazgo que aspiran dirigir Chile. Hoy, quienes pudieron hacer algo abandonaron el tema, y aquellos que en algún momento mostraron señales de recapacitar en sus rígidas clausuras del debate han vuelto a su apatía habitual. Esperamos que en este nuevo ciclo político la Educación Sexual Integral ocupe el lugar que le corresponde en el debate educativo: Un debate en el que Chile sigue estando ausente a nivel internacional, pero más grave aún, uno que está ausente en cada sala de clase. Es allí donde se está formando el futuro de nuestro país, un futuro que aspiramos sea más igualitario y seguro para todas las personas.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

Cada 8 de marzo, las trabajadoras ocupamos las calles no solo para recordar la batalla histórica por nuestros derechos, sino también para proteger lo que hemos conseguido y reclamar lo que todavía nos deben. En un escenario donde la derecha extrema avanza con un discurso y propuestas reaccionarias, la actividad feminista se vuelve más importante que nunca.

Así, aunque jamás nos cansaremos de celebrar avances, no podemos detenernos ahí. Es cierto que en los últimos años se han logrado cambios legislativos relevantes, que el país ha actualizado su legislación interna conforme los estándares internacionales ya ratificados por Chile y que se encontraban vigentes, expresados en normas como la Ley Karin, la Ley Antonia y la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, y que innegablemente han impactado positivamente en la percepción de justicia de miles de mujeres e infancias.

Estas normas responden a luchas históricas del movimiento feminista, que ha exigido justicia para las víctimas de violencia de género y mayor protección en el ámbito laboral. Sin embargo, estos siguen siendo “avances de papel” cuando no hay voluntad real para su implementación efectiva o cuando el resultado legislativo se queda corto.

Si bien dichas leyes, entre otras, establecen como obligación ciertos derechos con perspectiva de género, tanto derechos laborales, como derechos procesales y otros; en la práctica este mandato u obligación legal no ha logrado permear ni adaptar nuestra rígida y cuestionada cultura judicial.

Como mujeres feministas, trabajadoras por y para la clase trabajadora, nos negamos a mecernos eternamente en la cuna de la autocomplacencia normativa, donde nos hemos convencido de vivir con una justicia con perspectiva de género, que en la práctica, no es tal. Aunque entendemos que varias de estas normas se encuentran en pleno proceso de implementación, buscando financiamiento e intentando ser viables, también decidimos no renunciar a miradas críticas que nos permiten evaluar con desconfianza el futuro de nuestros derechos.

En cuanto a los no-avances que nos refieren estas leyes, es necesario referirnos a derechos procesales que aún están lejos de implementarse. En particular, en el marco del derecho a la no revictimización en procesos judiciales, quienes litigamos vemos con frecuencia a mujeres sometidas a interrogatorios innecesarios y degradantes, que la inducen a retractarse, y donde la justicia muchas veces las presiona a llegar a acuerdos que no las protegen y en definitiva, procesos donde cuestionan su testimonio. Estos casos aún se dan en materia penal, de familia, laboral y hasta administrativa. Todavía nos encontramos con datos personales de las víctimas en las actas y documentos judiciales, presenciamos el escaso uso de la regulación de oficio que deberían hacer los tribunales en los interrogatorios, atestiguamos preguntas humillantes o intimidatorias por parte de policías, operadores/as de justicia y litigantes, que cuestionan a las mujeres, sus relatos y su credibilidad en base a sesgos y estereotipos de género. 

Es fácil firmar leyes llenas de derechos, pero aunque nos duela, hay que asumir algo importante: el Estado ha creado una legítima expectativa de justicia con enfoque de género, que las mujeres víctimas no ven reflejadas en sus procesos judiciales. 

Frente a este escenario, la organización y la sindicalización son claves. Este 8M no es solo un día de memoria, es un llamado a la acción. No basta con leyes que prometan igualdad sin mecanismos de fiscalización y sanción. Necesitamos fortalecer la sindicalización de las mujeres y a todas sus organizaciones, exigir auditorías salariales obligatorias, impulsar la ratificación plena del Convenio 190 de la OIT contra la violencia laboral y garantizar medidas efectivas para la conciliación del trabajo y el hogar, que tiendan al avance real en corresponsabilidad del trabajo de cuidados. 

Sabemos que el camino no es lineal y que cada derecho conquistado puede ser arrebatado si no nos mantenemos en pie de lucha. No olvidamos a las que nos precedieron, ni dejamos solas a las que vienen delante. En tiempos de amenaza, nuestra respuesta es la organización. En las calles, en los sindicatos, en cada espacio donde se nos quiera silenciar, seguiremos gritando:

¡Arriba las que luchan!

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta