Boletín diario: ¿Qué pasó este lunes 7 de febrero en la Convención Constitucional?

Las comisiones Forma de Estado y Sistemas de Justicia comenzaron sus votaciones en particular, mientras que el resto termina la deliberación y votación en general de las normas presentadas. En la tarde, la presidenta María Elisa Quinteros dio cuenta de los avances de la consulta indígena en la comisión de Pueblos Originarios. Todos los detalles los encuentras en el boletín de hoy.

 

¿Qué pasó el pasado viernes 4 de febrero?

 

Comisión Sistemas de Justicia: La comisión deliberó y aprobaron en general las iniciativas populares indígenas que fueron distribuidas a la comisión, que fueron dos. Una de ellas establece que “el pueblo mapuche administrará su sistema de Justicia y aplicará su Derecho propio, a través de sus normas y procedimientos tradicionales, en atención al principio de pluralismo jurídico” y fue aprobada con 12 votos a favor y 7 en contra.

La segunda norma indica que el Estado Plurinacional “debe respetar, garantizar y promover los sistemas jurídicos indígenas con perspectiva de género y de forma descentralizada, esto a través de la creación de tribunales indígenas” y fue aprobada con 16 votos a favor y 3 en contra. 

Puedes revisar el detalle de los resultados de esta votación haciendo click aquí 

 

Comisión Sistemas de Conocimientos: Se sometieron a deliberación y votación en general a nueve iniciativas de norma, entre ellas, propuestas de normas presentadas por convencionales y también populares e indígenas. 

Entre lo aprobado, se encuentra una norma que consagra el derecho a la protección de los datos personales de carácter personal y otra que exige al Estado la implementación de políticas que propicien ambientes favorecedores del conocimiento.

Asimismo, se aprobó una iniciativa indígena ingresada por Luis Carvajal, del pueblo aymara, que busca garantizar una educación de calidad orientada al conocimiento de la cultura indígena, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Revisa el detalle de las votaciones aquí

 

Comisión Medio Ambiente: Se debatieron y votaron en general cuatro iniciativas: “incorpora mecanismos de democracia directa y contiene otras normas”; “establece los derechos de la naturaleza, el medio ambiente y los animales, establece los deberes patrios y culturales y determina el idioma oficial”; “reconoce el derecho de libre acceso a lugares, sitios o bienes naturales comunes o paisajísticos”; y “regula el derecho a un medio ambiente sano y desarrollo sostenible”.

Una de las normas aprobada fue la relativa a mecanismos de democracia directa, que señala que “toda autorización de actividades económicas o productivas que impliquen: riesgo para la salud de la población, reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona (…) deberá ser ratificada por una consulta comunal vinculante, universal, libre, secreta e informada”. Fue aprobada con 13 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Puedes revisar el detalle de los resultados de esta votación haciendo click aquí

 

¿Qué estaba presupuestado para hoy?

 

09:30 – 13:30 hrs:

 

  • Comisión Forma de Estado
  • Comisión Derechos Fundamentales
  • Comisión Medio Ambiente
  • Comisión Sistemas de Justicia

 

15:00 – 17:30 hrs:

 

  • Comisión Principios Constitucionales
  • Comisión Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad
  • Comisión Participación Popular

 

15:30 

  • Comisión Forma de Estado 

 

18:00 – 21:00 hrs:

 

  • Sesión plenaria

 

¿Qué se llevó a cabo realmente?

 

Comisión Forma de Estado

 

 

Para esta sesión, estaba agendado proceder con la elección del miembro suplente de la comisión para integrar la Comisión de Participación Popular y también elegir a los nuevos enlaces transversales. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado candidatos para ninguno de los dos cargos, por lo que se optó dejar ambas votaciones para la sesión de mañana.

Luego, se dio inicio a la votación particular del texto sistematizado de las iniciativas aprobadas en general por la Comisión, junto con 727 indicaciones y solicitudes de votación separada presentadas. Tras una extensa jornada, se aprobaron alrededor de 20 artículos en particular, quedando listos para su votación en el Pleno. 

Entre lo aprobado, se encuentra el primer artículo de la comisión, que establece que Chile es un “Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas” y que “el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo, adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”.

El segundo artículo refiere a las Entidades Territoriales y señala que el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Asimismo, define que «las regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas y las comunas autónomas cuentan con personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse».

Cabe mencionar que durante la votación de las normas referidas a las entidades territoriales, hubo algunas indicaciones que proponían incorporar el concepto de “provincias”, presente en nuestra Constitución actual. Sin embargo, todas ellas fueron rechazadas. Sin embargo, el convencional Claudio Gómez hizo la precisión durante una intervención de que las provincias seguirán vigentes hasta que el estatuto regional la ratifique o establezca otra división territorial. 

Además, se incorporó el concepto de «maritorio» como parte del territorio, el que está integrado por el mar territorial, las aguas interiores y la zona costera. Además, se afirma que «Chile es un país oceánico» y que «es deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marino-costeros. Fue aprobado con 17 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

Otra de las normas aprobadas en particular fue una sobre la participación en las entidades territoriales en el Estado Regional. Esta expresa que las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar en las decisiones públicas. También se contempla la incorporación de la consulta indígena para efectos de la participación: «Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que afecten sus derechos». Fue aprobado con 19 votos a favor y 6 en contra. 

Además, se aprobó en particular un artículo que define Regiones Autónomas como “entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio que gozan de autonomía para el desarrollo de los intereses regionales». Este fue aprobado con 19 votos a favor y 6 en contra. 

En este sentido, se aprobó una norma sobre Estatuto Regional con 18 votos a favor y 7 en contra. Este expresa que «cada Región Autónoma establecerá su propio orden político interno regional». De acuerdo con la norma, el Estatuto Regional «establecerá los principios fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de los órganos regionales, además de las normas sobre gobierno, administración y elaboración de la legislación regional».

La comisión continuará las votaciones en particular durante los próximos días para que, de esta forma, se pueda despachar el informe durante la semana. Puedes revisar el detalle de todas las votaciones realizadas durante esta jornada en la comisión haciendo click aquí 

 

Comisión Derechos Fundamentales

 

 

La sesión comenzó con la primera iniciativa que pertenece al ámbito de libertad de conciencia y religión. La iniciativa N° 346, fue presentada por la convencional Ruth Hurtado. La norma expresa lo siguiente: “La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. El Estado debe contribuir a crear las condiciones que permitan a todos y cada uno de los chilenos buscar y perseguir su bien integral, con especial atención a su dimensión espiritual y trascendente”.

Posteriormente, se continuó la deliberación de la segunda iniciativa Nº 375 presentada por Roberto Celedón. La iniciativa señala que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y bajo ningún concepto pueden ser perseguidas por ellas, sin perjuicio de las prohibiciones que se establecen en la libertad de expresión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones así como Libertad de expresión”.

La tercera iniciativa presentada fue la N° 523 y fue expuesta por el convencional Felipe Harboe. La normativa indica: “Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de buscar, recibir o comunicar informaciones o ideas en cualquier forma y por cualquier medio de difusión, sin consideración de fronteras, y sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas. El Estado deberá asegurar las condiciones para el pleno ejercicio del derecho por los ciudadanos”.

Después, se pasó al ámbito de libertad personal, autonomía e identidad. Este espacio comenzó con la presentación de Alondra Carrillo de la iniciativa Nº 486, la que señala que “toda persona natural tiene derecho a la libertad, entendida como la libre determinación de su personalidad, de sus proyectos de vida y sobre su cuerpo, así como a la autonomía física, en la toma de decisiones y económica, teniendo como único límite lo dispuesto en la Constitución y las leyes”.

Durante el debate de esta iniciativa, la convencional, Rocío Cantuarias consultó que, hasta dónde se llega con la libre determinación, ya que, por ejemplo, en un cambio de sexo, se debía respetar el consentimiento de los padres, cuando se es menor de edad. La convencional, Alondra Carrillo respondió que cuando se apruebe la iniciativa y se pueda ejercer el derecho, este dará un camino histórico a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, donde se verá con el tiempo cómo los derechos son ejercidos progresivamente.

Luego se abordó el tema del espacio para la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones, donde la única iniciativa presentada fue por el convencional, José Manuel Ossandón. La normativa N°524 expresa que: “La protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, sus familias y comunidades. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio del derecho a la privacidad salvo en los casos y formas que determine la ley”.

Después se pasó al ámbito de mayor deliberación, el de derechos sexuales y reproductivos. Donde se comenzó con la iniciativa N° 376, presentada por Janis Meneses. “Todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueve el disfrute pleno y libre de sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el desarrollo del consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los mandatos de géneros y prevenga la violencia de género y sexual”, señala la propuesta.

“La iniciativa busca resolver la necesidad imperiosa de una educación sexista y con enfoque de género, que reconozca las identidades y orientaciones de género y sexuales, que avance en la prevención de la violencia sexual y de género y en la radicación de las conductas patriarcales en los espacios educativos”, afirmó la convencional Loreto Vallejos.

En la deliberación, el convencional Manuel Ossandón argumentó que tener una política única de educación sexual integral de carácter laico es grave y se refirió a lo peligroso que es un tema sometido a una única visión estatal. Una de las autoras, Alondra Carrillo, respondió que el sentido de la iniciativa es una política unitaria, reconociendo la autonomía sexual de cada individuo. Esto significa el respeto a cualquier tipo de educación siempre y cuando esta sea en beneficio de un Chile respetuoso con la disidencia.

Posteriormente se pasó al espacio de libertad personal y ambulatoria, con la iniciativa N° 487. Esta fue presentada por Aurora Delgado e indica que “se reconoce a todas las personas el derecho a la libertad personal y ambulatoria. Nadie puede ser detenido, salvo en los casos y en la forma que establece la ley”.

La convencional Damaris Abarca preguntó cómo se conecta esta norma con lo que se tiene que mejorar de las policías del país. La convencional Aurora Delgado contestó que las policías deberán tener un rol democrático, donde tiene que funcionar un mutuo acuerdo y no bajo una lógica violenta y agresiva.

Después se continuó con la iniciativa N° 514, presentada por Felipe Harboe. La normativa establece que “toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva de sus derechos y a la resolución de sus conflictos jurídicos mediante un debido proceso. Al legislador le corresponderá establecer las garantías de un procedimiento, una investigación y una ejecución racionales y justas, así como establecer y promover los mecanismos colaborativos adecuados para la resolución de los conflictos jurídicos conforme a su naturaleza”.

Luego se pasó a las normas referidas a la libertad de asociación. En este sentido, el convencional Luis Barceló presentó la iniciativa N° 422, que busca fomentar la participación. En la propuesta, se establece que “el Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua, y fomentará su desarrollo. La ley regulará la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía, y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones, o en otras formas de organización que determine la ley”.

Después se pasó al espacio de los derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero. La primera iniciativa expuesta respecto al tema fue la N°480, presentada por la convencional Ruth Hurtado. La norma expresa que “esta Constitución garantiza el acceso y el ejercicio pleno y efectivo a todos los derechos fundamentales de las personas chilenas que residen en el exterior, independientemente del lugar de nacimiento, bajo los principios de igualdad y no discriminación con respecto a quienes viven en Chile”.

El convencional Gaspar Domínguez preguntó, en relación al articulado, si una iglesia incita o promueve acciones violentas contra personas homosexuales, el alcance incorporaría la disolución de la institución además de la persecución de esta misma. Ante la consulta, la convencional Ruth Hurtado respondió que en la norma nunca se habla de perseguir a las disidencias sexuales, sino que se refiere a las vinculaciones al crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, que hagan uso de la fuerza, no por una condición sexual.

La segunda iniciativa de esta ámbito fue la N°494, presentada por Elsa Labraña. La propuesta establece que “se declara y reconoce como un deber único y propio del Estado, el deber de reparar a sus connacionales que hayan sufrido violación de derechos humanos”.

La última iniciativa en ser presentada en esta sesión fue la N° 344, de la convencional Bárbara Rebolledo. La norma indica que “todas las personas tienen derecho a que los órganos administrativos del Estado traten sus asuntos imparcial y equitativamente, así como a obtener resolución de sus asuntos dentro de un plazo razonable”.

 

Comisión Medio Ambiente

 

En la sesión de hoy se presentaron cuatro iniciativas convencionales constituyentes que se deliberaron y votaron en general tras cada presentación.  

La primera norma, N° 434-5, que “consagra los derechos de la naturaleza y reconoce a esta la condición de sujeto de derecho”, fue expuesta por la constituyente Carolina Vilches y María Celeste del Movimiento Biocéntrico. Vilches señaló que una de las motivaciones de esta iniciativa es poder cambiar la perspectiva utilitarista, antropocéntrica e individual que hoy se tiene de la naturaleza a una visión integral y colectiva, que reconocería a la naturaleza como sujeto de derecho.   

Según explicaron, este nuevo paradigma pretende reparar las malas prácticas contaminantes y extractivistas que hoy se ejercen, desde una mirada ampliamente preventiva y no solo reparatoria. Principalmente la propuesta apunta a un trabajo constitucional y legislativo, descentralizado, consciente, inclusivo, educativo y con participación efectiva de las comunidades, empresas, estamentos gubernamentales y sociedad civil en su conjunto. Además, el articulado obliga al Estado a aplicar el “principio precautor”, es decir, prevenir actividades económicas y amenazas de proyectos que no tienen los estudios científicos suficiente o presentan algún conocimiento de afectación, para así evitar cualquier impacto al ciclo de la naturaleza.

Tras su correspondiente deliberación, la iniciativa fue aprobada en general con 14 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

La segunda norma en presentarse fue la N° 502-5 que establece la “Construcción en armonía con la vida”. Expuesta por Bárbara Letelier y Catalina Inostroza, la presentación comienza con una breve introducción sobre la bioconstrucción como técnica alternativa y ecológica que además de ser respetuosa con el medio ambiente, reivindicaría prácticas y culturas de pueblos ancestrales. La propuesta, apoyada por la Asociación Gremial de Bioconstrucción, responde a que “la construcción convencional es una de las industrias más contaminantes en Chile, con un 33% de gases de efecto invernadero, y un 34% de la totalidad de residuos del país”, entre otras estadísticas que apuntan al consumo excesivo de energía, materias primas y agua. 

En cuanto al artículo propuesto, este expresa que “el Estado reconoce y garantiza el derecho a una vivienda digna y ecológica con pertinencia territorial, indígena y cultural, adecuada para la salud humana y la biodiversidad”. Para esto, se propone la Bioconstrucción como “técnica de construcción y autoconstrucción de bajo impacto ambiental”, que innovaría estilos arquitectónicos y rescataría cultura ancestral. “A través de sus políticas, planes y programas de vivienda y urbanismo”, el Estado deberá incorporar la bioconstrucción para “mejorar la habitabilidad, aislamiento y privacidad” de las personas.

Tras su correspondiente deliberación, la iniciativa fue aprobada en general con 14 votos a favor, 1 en contra, y 3 abstenciones.

La tercera norma es la Iniciativa que “Establece una protección constitucional a los animales”, N° 506-5. Fue presentada por la convencional Francisca Arauna junto a María Isabel Pávez y Javiera Fritz de la Fundación Derecho y Defensa Animal, quienes parten con la premisa de que “esta norma dialoga con las tradiciones, sobre todo de zonas rurales, dejando fuera la crueldad que se puede ejercer contra animales”.

Específicamente, la propuesta de norma expresa que “el Estado protegerá a los animales, reconociendo su sintiencia e individualidad, debiendo prohibir las prácticas que los sujeten a crueldad a través de la legislación”. Una de las expositoras evidencia que el problema es que “actualmente la ley 20.380 que protege a los animales en su artículo 16, exceptúa los deportes que utilizan animales del concepto maltrato animal”. Concluyendo que a través de esta excepción se está protegiendo a un nicho específico de la población que utiliza animales para sus deportes, situación que esta norma pretende evitar a través de un principio fundamental que sería el “no maltrato ni sufrimiento ni crueldad hacia los animales”.

Tras su correspondiente deliberación, la propuesta fue aprobada en general con 14 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

La última Iniciativa Convencional Constituyentes que se presentó en la sesión fue la N° 509-5 sobre “Consagrar el desarrollo sostenible en la propuesta de nueva Constitución”. Expuesta por Pablo Toloza, la norma tiene como fundamento establecer el concepto de “desarrollo sostenible” a través de los principios precautorio y preventivo, de reparación ambiental, contaminador pagador, equilibrio entre lo individual y lo colectivo. “Para lo cual el Estado debe crear las condiciones sociales que permitan la mayor realización espiritual y material posible” dice Toloza, agregando que, un “medio ambiente sano y adecuado es una condición necesaria para el desarrollo integral de la persona”. 

Por su parte, el segundo artículo establece que es “deber de todos los habitantes de la nación participar en la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente, y cada persona o jurídica deberá responder por la reparación del daño ambiental que provoque”. Toloza, por su parte, comenta que “esta norma recoge tanto los diálogos y políticas del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y la definición sobre ‘desarrollo sostenible’ que da la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas del año 1987”.  

Tras su correspondiente deliberación, la norma fue rechazada por 7 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención.

Finalmente, se resolvieron asuntos sobre la planificación de las siguientes sesiones de la comisión, correspondientes al segundo bloque temático sobre Bienes Naturales Comunes y los distintos Estatutos. Desde la coordinación se comentó que, tras saber cuántas normas serán en total, puede que se integren algunos articulados correspondientes al primer bloque temático sobre Derechos de la Naturaleza. Además, se está viendo la posibilidad de frecuentar el llamado a sesiones extraordinarias para poder cubrir la exposición de todas las normas que siguen del segundo bloque temático.

 

Comisión Sistemas de Justicia

 

 

Hoy la comisión comenzó la votación de las normas en particular, esto quiere decir, artículo por artículo. El comparado contiene 198 indicaciones que los y las convencionales integrantes de la comisión debían votar. El quórum para aprobar las normas es de mayoría de convencionales presentes por lo que, dado que en la comisión son 19 integrantes, se necesitan a lo menos 10 votos favorables. 

En resumen, se aprobaron 4 artículos los cuales serán adjuntados en el informe de la comisión al Pleno, en donde se someterán a votación con un quórum de 2/3. Algunas de las normas aprobadas durante esta jornada son:

Nombre del capítulo: «Capítulo Sistemas de Justicia». Con 13 votos a favor y 6 en contra, se aprobó poner el nombre de Sistemas de Justicia al capítulo. En el punto de prensa, el coordinador Christian Viera explicó la importancia de este cambio de nombre. “Conviene recordar que el capítulo de la Constitución vigente se llamaba del Poder Judicial. Es una cosa paradójica, porque si ustedes miran los órganos del Estado, cuando se hablaba del Gobierno y el Presidente de la República, llevaba ese título: El Gobierno; tratándose del órgano legislativo decía “Congreso Nacional”. El único poder que se llamaba así era “el Poder Judicial”. Sin embargo, es el único que no era un poder, porque el poder es el poder de los jueces, no es un órgano”, señaló. Asimismo, agregó que “con esto nos ponemos simplemente en una sintonía con una fórmula política que es el Estado Plurinacional, para allá parece que estamos avanzando”

Artículo 2: “Pluralismo Jurídico”. En el texto se aprobó con 12 votos a favor y 7 en contra. En este, se señala que el “Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”.

Artículo 3: “Independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad”. Con 12 votos a favor y 6 en contra se aprobó que “Las juezas y jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial”. En este mismo artículo, con 14 votos a favor y 4 votos en contra, se aprobó que las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos y, con 10 votos a favor y 9 en contra, que no podrán participar como candidatos en procesos de elección popular, “salvo en los casos autorizados por la Constitución”.

Artículo 4 (indicación n°66) Se aprobó en particular la indicación sobre la inamovilidad de los y las juezas. Entre las cosas que establece esta norma se encuentra la reducción de la edad de 75 a 70 años como causal para cesar en su cargo. En cuanto a la “duración prevista para el mismo”, esto es caso a caso y deberá fijarse en el bloque normativo número 2 de la comisión. 

Fue aprobada con 12 votos a favor y 7 en contra. Entre estos últimos, se encuentran los votos de rechazo de convencionales de Chile Vamos y Colectivo Socialista. Según el convencional Tomás Laibe, integrante de la comisión, su voto en contra responde a que la normativa deja la puerta abierta a los “jueces a plazo que es un grave atentado a la independencia judicial”.

La comisión continuará las votaciones en particular durante los próximos días para que, de esta forma, se pueda despachar el informe durante la semana. Para revisar las votaciones en detalle, te invitamos a hacer click aquí

Adjuntamos el texto de articulado parcial tras las votaciones de este lunes en la Comisión Sistemas de Justicia: Articulado Parcial Sistema de Justicia 07.02.2022

 

Comisión Principios Constitucionales

 

La comisión dio inicio a su deliberación de las primeras iniciativas populares ingresadas a la comisión, que fueron cuatro: «reconocimiento de las comunidades y diversas formas de familia», «reconoce el principio «Itrofill Mongen (respeto, cuidado y conservación de todas las formas de vida de manera integral e interdependientes entre sí) y establece el deber del estado de garantizarlo»; «consagra principios de plurinacionalidad e interculturalidad.»; y «reconoce el principio de servicialidad del Estado con los pueblos originarios y protege ante incumplimiento”.

La primera iniciativa popular en discutirse fue la N° 40-2. La propuesta presentada por el sociólogo y asesor constituyente, Francisco Ulloa Osses, habla sobre el reconocimiento de las comunidades y diversas formas de familia. La norma apunta a que el Estado tiene como deber reconocer a las comunidades, sus diversas manifestaciones y formas de familia, sin restringir los lazos consanguíneos y filiativos que ellas tengan. Esto quiere decir, respetar cualquier tipo de comunidad y garantizar todas las condiciones necesarias para que éstas puedan desarrollarse.

Durante la deliberación, el convencional Luciano Silva argumentó que no existe ningún antecedente que pueda poner en igualdad de condiciones a la familia y a las comunidades. Ulloa respondió que las comunidades son tan importantes como la familia, debido a su importancia en el desarrollo de la personalidad. También explicó que las comunidades integradas pueden ser un gran beneficio para la salud y el bienestar y que incluso ayudan a combatir el suicidio, ya que, debido a la pérdida de vínculos, las consecuencias son tremendamente negativas.

La segunda iniciativa popular fue la N°10-2, presentada por la experta en lingüística indoamericana, Jaqueline Caniguan. Esta normativa busca reconocer el respeto, cuidado y conservación de todas las formas de vida de manera integral e interdependientes entre sí y establece el deber del estado de garantizarlo.

La docente simplificó la finalidad con un principio en mapudungun llamado Itrofill Mongen, que según explicó, significa que el buen vivir es posible si cada uno de los elementos, esto es, seres y lugares de la naturaleza, se mantienen y permanecen para que pueda ser posible la convivencia de todos y todas.

La convencional Elisa Loncon se mostró a favor de la iniciativa, pero también preguntó acerca de cómo se adaptarían las demás comunidades a este concepto, siendo que esta es una definición mapuche con una visión a favor de la biodiversidad. Caniguan respondió que el principio tiene como definición “vivir bien para estar bien” y que el concepto rige en cómo se organiza el mundo, lo que permite mostrar la heterogeneidad y diversidad para la aceptación y respeto de todo lo que abarca la naturaleza, algo que va más allá de lo puramente humano.

La tercera iniciativa popular fue la n° 18-2, que busca consagrar los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. La exposición la protagonizó el dirigente Lafkenche, Miguel Cheuqueman. Durante la presentación de la norma, explicó que la interculturalidad es la herramienta para poder dialogar y para poder relacionarse con una visión que permita el reconocimiento de varias naciones.

La convencional Elisa Loncon preguntó acerca de la incorporación de las garantías de los derechos para la plurinacionalidad y cómo operaría este sistema desde el punto de vista de los procesos judiciales. Miguel Cheuqeman respondió que habrá consultas a los distintos pueblos para alcanzar una mayor incorporación de autonomía y que también se creará una defensoría de los pueblos indígenas, para que cada pueblo cuente con representación judicial.

La última iniciativa popular en ser discutida fue la N°19-2, presentada por funcionarios de CONADI de la subdirección de Temuco. La normativa busca reconocer el principio de servicialidad del Estado con los pueblos originarios y su protección ante incumplimientos. Esto quiere decir, que los órganos del Estado deberán adecuarse a las particularidades de los individuos y de la cultura de los pueblos, naciones a los cuales pertenecen, respetando su lengua, cultura y sus condiciones geográficas. Asimismo, la ley dispondrá de los elementos básicos para que cada servicio público atienda a las características particulares de sus usuarios.

El convencional Martin Arrau preguntó acerca de por qué estos beneficios son para solo un segmento y no para toda la población. La expositora argumentó que justamente la finalidad de esta normativa no es excluir, sino que se trata de incluir a los pueblos originarios y sus visiones. Esto se refiere a incorporar una cultura que ha sido desvalorizada y otorgarle mayor importancia.

Posteriormente, la sesión se dio por finalizada, restando cinco normativas para la próxima sesión de principios constitucionales.

 

Comisión Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad

 

Hoy en Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad se trataron asuntos internos, entre ellos, la metodología que se llevaría a cabo tras el proceso de consulta indígena, sobre el trabajo de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena y la rotación de coordinadoras. También en la sesión se recibió la presencia de autoridades ancestrales del Pueblo Nación Aymara y la visita de la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.

Comienza la jornada informando desde coordinación que hay dos tareas específicas a realizar tras la consulta indigena, establecer el catálogo de derechos de los pueblos y realizar los  informes correspondientes a cada comisión temática.

Isabella Mamani junto a Margarita Vargas, ambas coordinadoras de la Comisión, presentan la única propuesta sobre la metodología a utilizar para la elaboración de los informes. Ellas proponen, “emitir un informe sistematizado del proceso de consulta indígena, consignando el número de encuentros realizados, el número de personas que participaron, y los principales acuerdos alcanzados entre la comisión y los pueblos originarios”.

Tras esta sistematización, Vargas agrega que además se prepararán siete informes para cada Comisión Temática, “estos informes son recomendaciones de propuesta de contenido específico sobre derechos de los pueblos indígenas”, que deberán ser internalizadas en las deliberaciones de las diversas propuestas. Proceso estipulado en el artículo 12, letra F, del Reglamento de Participación y Consulta Indígena.

Estos siete informes serán elaborados por siete grupos respectivamente, destinados a sistematizar y armonizar toda propuesta ingresada a la “participación indígena en la Convención, incluyendo las 248 iniciativa de normas constitucionales indígenas, los resultados sistematizados de la consulta indígena entregado por la Secretaría Técnica, y otros insumos territoriales como acuerdos o propuestas que hayan surgido de procesos deliberativos y colectivos de cada pueblo”.

Cretton, por su parte, critica la consulta indígena por ser un proceso tardío bajo su criterio, agregando que no es posible que convencionales constituyentes tengan que redactar los artículos de estos pueblos. A lo que la coordinadora Mamani responde, diciendo que “son las comunidades las que tendrán que llegar a consensos en el proceso de deliberación territorial, por esto es importante que quienes recurren a ese trabajo en terreno que señalen todo lo que se discuta para después sistematizarlo de la mejor manera”.

Sin más intervenciones, finalmente, la propuesta de la coordinación fue aprobada, sin palabras en contra y con la sola abstención de Eduardo Cretton.

Siguiendo con la sesión, se debatió sobre el trabajo de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, tras informar la ausencia del organismo en esta sesión. Cretton interviene nuevamente, mencionando que “es insólito que la secretaría no sea capaz de dar avances del proceso, específicamente sobre el cronograma y presupuesto para llevar a cabo la consulta”. Felix Galleguillos, por su parte, resalta el trabajo de la secretaría, expresando que “salvaguarda la no disposición del Gobierno actual, el cual no ha prestado ninguna colaboración para este proceso y menos para la consulta indígena”.

De acuerdo a lo anterior, se presenta Maria Elisa Quinteros, presidenta de la Convención, informando sobre la creación de una nueva unidad de apoyo a la Secretaría de Consulta Indígena. Este equipo de trabajo estaría integrado por una antropóloga de su equipo y “una periodista, un audiovisualista/diseñador, un experto en sistemas de información geográfica (para monitorear la consulta) y una persona que ha trabajado en consultas previas”, profesionales contratados/as con fondos solicitados al PNUD. Este proceso, agrega, estará financiado en “un 40% por la convención y un 60% por colaboración de gobernaciones y municipios” y se han realizado distintas “reuniones de apoyo con el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social y de Culturas”.

Tras lo anterior, surge una confusa discusión en la sesión, abarcando la temporalidad del cargo de coordinadora como tema principal. Entre las palabras expuestas hubieron ciertas disyuntivas. Por su parte, Isabella Mamani, actual coordinadora, acogía la idea de una rotación en el cargo por motivos de sobrecarga laboral. Por su parte, Alexis Caiguan, Eduardo Cretton, Isabel Godoy y Angelica Tepper, comentan que es contraproducente realizar un cambio en la coordinación en este momento, tras todos los inconvenientes que han tenido que solucionar como comisión hasta ahora. No obstante, hubo palabras que si bien apoyaron la idea de rotación, propusieron esperar el informe sistematizado de la consulta indígena, para así no entorpecer el proceso y poder finalizarlo de manera exitosa.

Al fin de la sesión, la coordinadora Isabella Mamani comentó que, sin dudas, era este un tema que surgió en la sesión, ya que no estaba estipulado en tabla, pero que sirvió para exponer el arduo trabajo que es estar en coordinación y el deber de cada constituyente por asumir un rol de tal envergadura. Finalmente, se acuerda que el punto quede en tabla para la siguiente sesión del día lunes.

 

Comisión Participación Popular

 

Puntos en tabla para la jornada de hoy:

 

1. Cierre mecanismo de Iniciativas Populares de Normas
2. Implementación de las relatorías
3. Invitados Imagina Chile
4. Secretaría de Participación Popular
5. Puntos varios

 

Durante esta jornada se dio a conocer las cifras de la sistematización de las Iniciativas Populares de Norma. Según los datos entregados, se desprende que de las 980.332 personas que se sumaron al proceso, un 47,8% son mujeres, un 39,9% son hombres, un 2,12% se declaró como no binario y un 10,9% prefirió no entregar esta información.

En cuanto al territorio desde el que participaron, 9.236 (0,9%) personas lo hicieron desde el extranjero, y 971.096 se encontraban en Chile. En el país, la participación estuvo presente en todas las regiones, destacando la región Metropolitana (47%), la región de Valparaíso (10%) y la región del Biobío (8,7%) como las primeras tres mayorías. “En todas las comunas alguien patrocinó. No hay ninguna comuna que haya quedado fuera de patrocinar una Iniciativa Popular de Norma”, señaló la coordinadora Paulina Valenzuela.

Además, 21.295 niños, niñas y adolescentes participaron del proceso. Sin embargo, la edad que concentró la mayor cantidad de participantes fue 31 años (32.915), seguido por quienes tienen 32 años (32.552) y 33 años (31.669).

Entre quienes participaron, 53.642 personas se identificaron como pertenecientes a uno de los pueblos originarios. De ellas la mayoría dijo ser representante del pueblo Mapuche, Aymara y Diaguita; con 42.045, 4.125 y 4.103 personas respectivamente.

 

¿Qué pasó en el resto de los puntos?

En resumen, se habló del proceso de implementación de las Relatorías, las cuales buscan garantizar la incidencia de la participación popular dentro de las comisiones. Se informó que ya se encuentran constituidos y capacitados los equipos de relatorías de participación popular, coordinados bajo la Secretaría de Participación y una minuta estándar que contiene los mecanismos e información pertinente de cada comisión y un protocolo con directrices para que los y las relatoras tengan una base en común para el trabajo.

También, se recibió a Felipe Pino de Imagina Chile para que expusiera sobre la sistematización de 4.700 opiniones individuales en su plataforma.

Por otro lado, expuso la Secretaría de Participación Popular quienes hablaron de la sistematización de IPN y esta semana en los Cabildos, el cual será un documento necesario para el funcionamiento de las relatorías. Explicaron que esta semana tendrán nuevo informe y será entregado a las comunicaciones. Además, explicaron una posible ampliación de la Plataforma para participación de cabildos y encuentro individuales (semana del 15 de febrero).

 

Sesión plenaria Nº 53

 

 

La sesión​​ inició con la lectura de la cuenta del día. Se recibieron 13 oficios y una comunicación, aquí destacamos algunos de los documentos ingresados a la Convención:

  • Comunicación de la convencional Ivanna Olivares, mediante la cual informa de su renuncia al colectivo Pueblo Constituyente: Ivanna Olivares
  • Comunicación de Melissa Espíndola, mediante la cual informa su renuncia a la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, debido a motivos personales: Renuncia Melissa Espíndola
  • Comunicación de la convencional Marcela Cubillos, mediante la cual informa que realizará un viaje al exterior, entre los días 29 de enero al 7 de febrero: Marcela Cubillos

 

Luego, se tomó conocimiento de las iniciativas constituyentes convencionales, populares e indígenas que han sido distribuidas a comisiones por la Mesa Directiva. Durante la sesión, se impugnó la distribución de 13 iniciativas, de las cuales se aprobaron 9. Quedaron distribuidas de la siguiente manera:

  • La iniciativa indígena Nº 67 quedó radicada en la Comisión Forma de Estado.
  • El artículo XX1 de la iniciativa indígena Nº 96 quedó radicado en la Comisión de Principios Constitucionales.
  • Los artículos 3 y 5 de la iniciativa indígena nº 251 quedaron radicados en la Comisión de Medio Ambiente, el artículo 4 en la de Sistemas de Justicia y los 6 y 7 en la de Sistema Político.
  • La iniciativa convencional Nº 659 quedó radicada en la Comisión Derechos Fundamentales
  • La iniciativa convencional Nº 748 quedó radicada en la Comisión Sistemas de Justicia.
  • La iniciativa convencional Nº 761 quedó radicada en la Comisión de Principios Constitucionales
  • La iniciativa convencional Nº 762 quedó radicada en la Comisión de Principios Constitucionales
  • La iniciativa convencional Nº 876 quedó radicada en la Comisión Sistemas de Justicia
  • El último artículo de la iniciativa convencional Nº 925 quedó radicado en la Comisión Principios Constitucionales.

Detalle de las iniciativas indígenas distribuidas: https://sala.cconstituyente.cl/#!/documento/4110/57/0/Default/0.36563159089126906

Detalle de las iniciativas convencionales distribuidas: https://sala.cconstituyente.cl/#!/documento/4110/57/0/Default/0.2883811542012693

Detalle de las iniciativas convencionales distribuidas: https://sala.cconstituyente.cl/#!/documento/4110/57/0/Default/0.4266605058254207

Después del Pleno de la Convención, representantes de los distintos colectivos fueron citados a una reunión con la Mesa Directiva para buscar consensos y acuerdos. Esto, con el propósito de buscar la mejor manera de cumplir con los tiempos proyectados en el Cronograma.

Hasta ahora, en esta reunión participarían las y los convencionales Cristián Monckeberg (RN – Evópoli), Hernán Larraín (RN – Evópoli), Rodrigo Álvarez (UDI), Arturo Zúñiga (UDI), Guillermo Namor (INN), Tammy Pustilnick (INN), Ricardo Montero (PS), Maximiliano Hurtado (PS), Carolina Videla (PC), Marcos Barraza (PC), Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente), Camila Zárate (Pueblo Constituyente), Yarela Gómez (FA), Tatiana Urrutia (FA), Félix Galleguillos (Pueblos Originarios, pueblo lickanantay), Rosa Catrileo (Pueblos Originarios, pueblo mapuche), Manuel Woldarsky (Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular), Natividad Llanquileo (Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular), Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo) y Fuad Chahín (Colectivo del Apruebo).

 

¿Qué pasa mañana?

 

9:30 hrs:

  • Comisión Sistema Político
  • Comisión Principios Constitucionales
  • Comisión Forma de Estado (hasta total despacho)
  • Comisión Sistemas de Justicia
  • Comisión Sistemas de Conocimientos
  • Comisión Medio Ambiente

 

15:00 hrs:

  • Comisión Sistema Político 
  • Comisión Principios Constitucionales
  • Comisión Sistemas de Justicia 
  • Comisión Sistemas de Conocimientos

 

 

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Un comentario de “Boletín diario: ¿Qué pasó este lunes 7 de febrero en la Convención Constitucional?

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