La demanda presentada por Corporación Miles busca la reparación integral y medidas de no repetición en materia de salud sexual y reproductiva. “Buscamos que no sea tan fácil impactar la vida de las mujeres sin ninguna consecuencia”, señalan.
Corporación Miles demandó al Estado de Chile en representación de 7 mujeres que resultaron embarazadas mientras usaban anticonceptivos defectuosos (Anulette CD) que fueron entregados en la salud pública durante el 2020.
La demanda busca reparación económica y acompañamiento en las maternidades de estas mujeres, ya sea en atención de salud física y mental para ellas y sus hijas/os, como su educación o acceso a programas de apoyo social. Cabe recordar que producto de estos embarazos algunas debieron renunciar a sus estudios o trabajos, además de incurrir en gastos asociados al embarazo, parto y cuidados.
También se plantean medidas de no repetición para mejorar los procesos de control de calidad, distribución y seguimiento de anticonceptivos. Esto ya que el caso de Anulette registró al menos 220 embarazos no deseados y no es la única vez que en Chile se distribuyen anticonceptivos defectuosos (Lee la nota sobre anticonceptivos Marilow aquí).
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Negligencia del Estado
La demanda señala que los organismos responsables de esta negligencia fueron en distinta medida el Instituto de Salud Pública, el Centro Nacional de Abastecimiento, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
La directora de Corporación Miles, Javiera Canales, explica que “le estamos pidiendo al Estado es que, primero, reconozcan que esto fue una vulneración de la autonomía reproductiva, una violación a los derechos humanos de estas mujeres”.
Esta demanda representa a 7 mujeres, pero hubo alrededor de 220 embarazadas y desde Corporación Miles señalan que podrían ser más. El anticonceptivo se entregaba a lo largo del país, “y considerando los impactos, los riesgos y las fallas comunes de los anticonceptivos, podrían haber sido 400 o 500 mujeres las afectadas con embarazos”, explica Javiera Canales.
Valentina Donoso, una de las demandantes, señaló esperar “que las instituciones del Estado asuman su responsabilidad, apoyándonos para hacer frente al esfuerzo económico que representa ser madre sin haber estado preparada”. En la misma línea, Melanie Riffo, indica que esta acción busca evitar que “otras mujeres sufran lo mismo en un futuro y tengan la posibilidad de decidir si desean tener hijos y cuándo”.
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Un proceso dificultoso
María Cecilia Ibáñez, abogada senior de Women’s Link Worldwide, comentó que apenas supieron del caso Anulette quisieron indagar más y dar a conocer esta situación a organismos internacionales de derechos humanos.
“Los relatores y grupos de trabajo tuvieron un pronunciamiento hacia Chile y los laboratorios involucrados diciendo que esto constituía una grave negligencia y se tenían que tomar las medidas para resarcir a las mujeres afectadas”, explicó a La Neta.
Antes de esta demanda se intentó una mediación con el Consejo de Defensa del Estado. “Tuvimos un periodo largo de negociaciones, nos quedamos con medidas estructurales respecto al cambio del software Rayén (de entrega de medicamentos) y el acompañamiento psicosocial a estas mujeres y ninguna de estas medidas fue acogida por el Estado”, relata Javiera Canales.
Por esta razón es que avanzaron hacia la demanda contra el Estado de Chile, pero solo con estas siete mujeres, ya que es un proceso con muchas complejidades. La directora de Corporación Miles lo señala: “El procedimiento civil es muy arcaico, es costoso, las mujeres tienen que probar el daño, la causalidad del embarazo con la anticoncepción y el defecto, lograr ese estándar de convicción probatoria es muy alto”.
