La violencia digital contra las mujeres que participan en política dejó hace tiempo de ser un problema individual. Los ataques, amenazas y campañas de hostigamiento en redes sociales buscan limitar su participación en el espacio público, afectan el ejercicio de sus derechos políticos y generan consecuencias que trascienden a las víctimas. Cuando una mujer decide dejar de participar, reducir su exposición o autocensurarse para evitar nuevas agresiones, la democracia también pierde.

Aunque este fenómeno ha ganado visibilidad durante los últimos años, los avances normativos en América Latina siguen siendo desiguales. Países como México y Argentina han incorporado explícitamente esta forma de  violencia  en sus marcos normativos, mientras que en otros países de la región persisten vacíos para abordar integralmente esta manifestación y proteger a las mujeres que  participan en política.

En Chile se han registrado iniciativas normativas para contrarrestar este fenómeno, pero aún son insuficientes. La Ley N.º 21.675, promulgada en 2024, reconoce la violencia política contra las mujeres como aquella que busca menoscabar,  obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus  derechos políticos y de su participación. A ello se suma la discusión legislativa sobre violencia digital, que busca avanzar en su reconocimiento y sanción. 

 A nivel regional,  la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, adoptada en 2025 por el Comité de Expertas del MESECVI en 2025, constituye un referente para fortalecer las legislaciones nacionales y avanzar hacia estándares comunes de protección. 

Otro avance reciente en Chile es la puesta en marcha del Observatorio de Violencia Digital contra la Mujer en Política del SERVEL, creado para monitorear este fenómeno y generar información que contribuya a su prevención. Sin embargo, el Observatorio no tramita ni recibe denuncias individuales, por lo que persiste el desafío de contar  con  mecanismos efectivos de protección, acompañamiento y reparación para quienes enfrentan estas agresiones.

 La falta de protección institucional también se refleja en la experiencia de las propias candidatas. De acuerdo con el Primer Estudio sobre Violencia Política Digital de Género realizado por la Universidad de Santiago para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, quienes enfrentan violencia política digital encuentran apoyo principalmente en sus familias (61%) y amistades (59%), mientras que solo un 10% declara haber recibido respaldo de su partido político.

Estas cifras muestran que el apoyo a la violencia continúa descansando, en gran medida, en las redes personales de las propias víctimas. El escaso acompañamiento institucional contribuye a normalizar estas agresiones como parte del costo de participar en política y dificulta el acceso a mecanismos eficaces de prevención, denuncia y reparación.

La violencia digital no solo daña a quienes la sufren. También reduce la diversidad de voces presentes en el debate público, limita la representación política de las mujeres y debilita la calidad de la democracia. Garantizar que puedan participar en igualdad de condiciones requiere algo más que nuevas leyes: exige instituciones, partidos políticos y plataformas digitales que asuman responsabilidades concretas  en la prevención, protección y reparación.  Participar en política no puede significar enfrentar la violencia en solitario.

Por Camila Ferreira, periodista 

Cada tres días, en promedio, la prensa fue víctima de algún tipo de agresión en Chile. Así lo informó el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) -organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y la protección a la prensa- que analizó las vulneraciones contra la prensa entre 2022 y 2025.

Las cifras son contundentes: en cuatro años se documentaron 424 vulneraciones contra el ejercicio del periodismo y 485 víctimas o entidades afectadas, además del aumento en un 69,4% en el número de incidentes, pasando de 85 casos a 144 en 2025. 

Pese a que los ataques físicos siguen siendo los más reportados, con 119 registros, disminuyeron de 40 hechos registrados en 2024 a 17 durante 2025. Sin embargo, esto no implica necesariamente un entorno más seguro para el ejercicio periodístico. En cuanto a los discursos estigmatizantes, alcanzaron 46 registros y las agresiones verbales llegaron al máximo histórico de 45 casos, un aumento que coincide con los escenarios de alta polarización pública y electoral, especialmente durante las elecciones presidenciales de 2025.

Violencia digital

El mayor número de afectaciones, con 270 víctimas (55,67%) se concentró en reporteras, conductoras y analistas y, aunque los hombres concentraron más casos en términos absolutos, las agresiones contra mujeres periodistas muestran mayores niveles de reiteración, exposición y hostilidad digital.

En cuanto a los ataque cometidos, se registraron 125 por actores estatales, 46 por autoridades públicas y 45 por Carabineros. Respecto a ataques cometidos por  agresores no estatales, se acumularon 261, siendo 113 perpetrados por usuarios de plataformas digitales. También se documentaron 45 situaciones de hostigamiento judicial a lo largo del periodo y los incidentes de violencia facilitada por el uso de tecnología digital aumentó de 5 registros en 2022 a 17 en 2025, demostrando una transformación progresiva y sofisticación en las formas de violencia. 

Al respecto, el Presidente del ODC, Javier García, aseguró que “Ya no se trata únicamente de impedir físicamente una cobertura, también se desarrollan dinámicas de hostigamiento y descrédito sostenidas en el tiempo que buscan desgastar e intimidar a periodistas para promover la autocensura, siendo los medios locales e independientes los más vulnerables a estas prácticas”.

Es importante mencionar que el organismo advierte que las cifras corresponden a situaciones que pudieron ser detectadas y verificadas, provocando que la capacidad de seguimiento sea más limitada en regiones y zonas rurales, por lo que la dimensión de la violencia contra la prensa fuera de Santiago todavía podría estar subrepresentada. 

Para la periodista, locutora y corresponsal de prensa, Nayadet Oyarzún, uno de los principales problemas que ha debido enfrentar es el exceso de centralismo, ya que generalmente se piensa que en regiones se trabaja igual que en Santiago:“Grabando con la ética y el respeto que corresponde, se acercó a atacarme un grupo de funcionarios municipales cuando grabamos un «tren de olas». A veces la gente no te deja trabajar, una sabe que no debe grabar niños, pero cuando ocurre una contingencia y grabas el momento, la gente no puede oponerse”, aseveró.

Respecto al sentido del monitoreo, García apunta a la visibilización de un vacío estructural:: “El monitoreo es clave… ya que sin datos, no es posible trabajar en políticas públicas eficaces ni en protección real a la prensa”.

En un contexto de creciente polarización política, el informe plantea que estos datos reafirman la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio del periodismo.La libertad de prensa no es un asunto técnico: es una condición necesaria para la democracia. 

Revisa el Informe de Vulneraciones contra la Prensa 2022-2025 del ODC aquí