La violencia digital contra las mujeres que participan en política dejó hace tiempo de ser un problema individual. Los ataques, amenazas y campañas de hostigamiento en redes sociales buscan limitar su participación en el espacio público, afectan el ejercicio de sus derechos políticos y generan consecuencias que trascienden a las víctimas. Cuando una mujer decide dejar de participar, reducir su exposición o autocensurarse para evitar nuevas agresiones, la democracia también pierde.

Aunque este fenómeno ha ganado visibilidad durante los últimos años, los avances normativos en América Latina siguen siendo desiguales. Países como México y Argentina han incorporado explícitamente esta forma de  violencia  en sus marcos normativos, mientras que en otros países de la región persisten vacíos para abordar integralmente esta manifestación y proteger a las mujeres que  participan en política.

En Chile se han registrado iniciativas normativas para contrarrestar este fenómeno, pero aún son insuficientes. La Ley N.º 21.675, promulgada en 2024, reconoce la violencia política contra las mujeres como aquella que busca menoscabar,  obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus  derechos políticos y de su participación. A ello se suma la discusión legislativa sobre violencia digital, que busca avanzar en su reconocimiento y sanción. 

 A nivel regional,  la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, adoptada en 2025 por el Comité de Expertas del MESECVI en 2025, constituye un referente para fortalecer las legislaciones nacionales y avanzar hacia estándares comunes de protección. 

Otro avance reciente en Chile es la puesta en marcha del Observatorio de Violencia Digital contra la Mujer en Política del SERVEL, creado para monitorear este fenómeno y generar información que contribuya a su prevención. Sin embargo, el Observatorio no tramita ni recibe denuncias individuales, por lo que persiste el desafío de contar  con  mecanismos efectivos de protección, acompañamiento y reparación para quienes enfrentan estas agresiones.

 La falta de protección institucional también se refleja en la experiencia de las propias candidatas. De acuerdo con el Primer Estudio sobre Violencia Política Digital de Género realizado por la Universidad de Santiago para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, quienes enfrentan violencia política digital encuentran apoyo principalmente en sus familias (61%) y amistades (59%), mientras que solo un 10% declara haber recibido respaldo de su partido político.

Estas cifras muestran que el apoyo a la violencia continúa descansando, en gran medida, en las redes personales de las propias víctimas. El escaso acompañamiento institucional contribuye a normalizar estas agresiones como parte del costo de participar en política y dificulta el acceso a mecanismos eficaces de prevención, denuncia y reparación.

La violencia digital no solo daña a quienes la sufren. También reduce la diversidad de voces presentes en el debate público, limita la representación política de las mujeres y debilita la calidad de la democracia. Garantizar que puedan participar en igualdad de condiciones requiere algo más que nuevas leyes: exige instituciones, partidos políticos y plataformas digitales que asuman responsabilidades concretas  en la prevención, protección y reparación.  Participar en política no puede significar enfrentar la violencia en solitario.