Tatiana Hernández Comandini, Socióloga, Observatorio de Género y Equidad

Isidora García Concepción, Antropóloga

Durante tres meses —entre mayo y julio de 2026— mujeres de organizaciones sociales, feministas, sindicales, rurales, indígenas, de la pesca artesanal, migrantes y de la diversidad sexual se reunieron para conversar sobre algo que rara vez se pregunta con seriedad: qué le hace la política, en la vida concreta y cotidiana, a quienes la sostienen. Lo que emergió de esos talleres —realizados por el Observatorio Género y Equidad y el MEMCH— no es una queja abstracta contra un gobierno, sino un mapa detallado de cómo el retroceso de las políticas públicas se convierte, para las mujeres, en menos salud, menos tiempo, menos seguridad y más miedo.

La democracia y el Estado como condición de vida digna

Un hilo atraviesa todos los territorios consultados, desde el altiplano de Parinacota hasta el maritorio habitado por las mujeres dedicadas a la pesca artesanal, pasando por Santiago, Tirúa y Villarrica: las mujeres no valoran la democracia como un ideal lejano, sino como la única vía que conocen para que el Estado sostenga sus condiciones materiales y su capacidad organizativa. Incluso quienes han resuelto su bienestar al margen de las instituciones —con huertas, trueque, redes comunitarias— saben que ese margen de autonomía no alcanza para quienes llevan décadas esperando que se garanticen derechos básicos. La experiencia les ha enseñado que sin un Estado presente, la desigualdad territorial y social simplemente se profundiza.

Por eso la actual administración —con su retiro de subsidios, el cuestionamiento a la Pensión Garantizada Universal, el debilitamiento del acceso a medicamentos y el fin de programas de apoyo a personas mayores y a la agricultura familiar campesina, entre otros— no se vive como un ajuste técnico, sino como el desmantelamiento de la única red que muchas mujeres tienen para sostener la vida.

Un mapa emocional del malestar

En los talleres aparecen, una y otra vez, cinco emociones: rabia, agobio, desilusión, miedo y dolor. Rabia frente a un proyecto político que perciben como una revancha contra los avances sociales conquistados con años de trabajo colectivo y esfuerzo por visibilizar a las mujeres como personas con derechos humanos. Agobio frente al encarecimiento de lo esencial y la sobrecarga de cuidados que antes, al menos en parte, asumía el Estado a través del reconocimiento expresado en la instalación de una política nacional también en riesgo. Desilusión por la oportunidad perdida de ampliar derechos en el proceso constituyente. Miedo, alimentado por la memoria de la dictadura y por el recrudecimiento de un odio machista que —dicen las propias mujeres— «salió del clóset». Y dolor, al constatar que las luchas que costaron tanto no han encontrado justicia y que el proyecto de sociedad por el que se trabajó se aleja reforzado por más impunidad.

Pero también aparece, aunque de forma más tenue, la esperanza: la convicción de que la unidad, la organización y la movilización siguen siendo una fuente de fuerza colectiva.

Las opresiones no llegan solas

Lo más urgente que revelan estos talleres es que el retroceso no golpea igual a todas. Se agudiza allí donde las desigualdades ya venían entrecruzadas. Las mujeres indígenas que habitan territorios codiciados por la economía extractivista —en el altiplano, en la precordillera, en Tirúa— enfrentan además el avance de una agenda que amenaza con debilitar la Ley Indígena y la Ley Lafkenche, abriendo la puerta a la venta o el arriendo de tierras que son, para ellas, fuente de agua, de alimento y de sentido comunitario. A esa amenaza se suma la dispersión geográfica: cuando el transporte público se encarece o se reduce, son las mujeres mayores rurales quienes deben caminar largas distancias para acceder a una atención de salud que ya era escasa.

Para las mujeres migrantes, en particular aquellas en situación irregular, la precarización adquiere otro rostro: el temor constante a la fiscalización y la expulsión, la imposibilidad de iniciar actividades económicas propias por no contar con documentos, una salud mental erosionada por la ansiedad y la incertidumbre normativa. Cuando además se es mujer trans y migrante, ese miedo se multiplica: no hay institución que garantice resguardo y el hostigamiento se vive en varios frentes a la vez.

Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, por su parte, describen un ambiente en que las narrativas conservadoras —antes contenidas— hoy se expresan sin disimulo. El miedo a tomarse la mano o besarse en la calle, la sensación de estar desapareciendo de los discursos públicos, la precarización de los propios espacios de activismo: todo esto compone una fragilidad específica, que no se explica solo por ser mujeres, sino por la forma en que el género se entrelaza con la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia indígena y, en muchos casos, con la condición migrante.

Esta mirada interseccional es clave: no existe «la mujer» afectada de manera uniforme por este gobierno. Existen mujeres rurales, indígenas, migrantes, trans, lesbianas, sindicalizadas, viejas, adolescentes y niñas cuyas opresiones se acumulan y se potencian entre sí, y para quienes cada recorte de política pública no es un dato abstracto, sino una amenaza concreta a su autonomía, su seguridad y, en algunos casos, su supervivencia.

La respuesta: organizarse para sostener la vida

Frente a este panorama, la respuesta que las propias mujeres construyen no es la parálisis, sino la organización. Ollas comunes, compras colectivas, trueque, huertas compartidas; espacios de escucha con dos reglas simples —no juzgar y guardar confidencialidad—; la voluntad de tejer alianzas entre territorios y con otros movimientos sociales; y, sobre todo, la decisión de canalizar la rabia en energía organizativa en lugar de dejar que se vuelva destructiva. Muchas evocan la memoria de la organización popular de los años ochenta, cuando la necesidad material y el autoritarismo empujaron a las mujeres a inventar redes de apoyo que hoy vuelven a activar.

Ese gesto —preguntarle a la otra cómo está y qué necesita— es, quizás, la política más elemental y más potente que estos talleres nos dejan: la certeza de que sostener la vida, en tiempos de retroceso, es también un acto colectivo de resistencia.