La adopción, entendida correctamente, constituye una institución destinada a proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia cuando ello no sea posible dentro de su entorno familiar de origen. Sin embargo,  bajo  ningún motivo puede ser un mecanismo mediante el cual se legitime una separación producida mediante engaño, coerción, falsificación documental, ocultamiento de información o abuso de una situación de vulnerabilidad, como ocurrió durante décadas en Chile, con especial intensidad durante la dictadura cívico-militar.

Cuando hablamos de adopciones irregulares no nos referimos simplemente a errores administrativos que ocurrieron en el pasado. Hablamos de niños y niñas separados de sus familias, de madres a quienes se les arrebató su capacidad de decidir sobre sus hijos e hijas y de un Estado que, durante décadas no ha sido capaz de investigar adecuadamente, siendo insuficiente en materias tan fundamentales como la verdad, la justicia, la reparación y la restitución de vínculos familiares. 

No basta con afirmar o reconocer que los hechos ocurrieron hace décadas, la distancia temporal no elimina ni limita la responsabilidad estatal cuando existen antecedentes que permiten investigar, esclarecer los hechos y garantizar mecanismos de reparación. 

Mientras otros Estados, como Noruega, se encuentran revisando críticamente su participación en procesos de adopción internacional y documentando las irregularidades ocurridas, el Estado chileno se encuentra debilitando las instituciones encargadas de esclarecer su propio pasado respecto de las vulneraciones de derechos humanos, cuestión que para este gobierno no se considera una prioridad.

Esto se puede ver claramente, mediante la Resolución Exenta N°207, de 22 de junio de 2026, donde la Secretaría de Derechos Humanos dejó sin efecto la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares (UBAFI), que apenas cuatro meses antes había sido creada para abordar las adopciones ilegales, forzadas o irregulares, teniendo como fin, investigar y entregar apoyo a las víctimas, quienes nuevamente fueron desplazadas. Demostrando una vez más que el Estado todavía no ha desarrollado una respuesta institucional adecuada frente a esta vulneración histórica de derechos humanos.

Las adopciones irregulares constituyen una de esas situaciones en que el derecho debe mirar más allá de los expedientes y comprender las historias humanas que existen detrás de ellos. Se afectaron derechos fundamentales no solo de aquellos niños y niñas que fueron separados de sus familias, sino también los de todas esas mujeres que fueron vulneradas y privadas de su capacidad de decisión reproductiva y de su derecho a ejercer su maternidad, mujeres que, hasta el día de hoy siguen buscando a un hijo o hija con la esperanza de algún día reencontrarse con ellos o incluso, obtener finalmente la tranquilidad vacía de saber dónde yacen sus cuerpos.

Las adopciones irregulares pueden haber modificado legalmente la filiación, pero la vulneración del derecho a la identidad no desaparece por el mero transcurso del tiempo, y mientras existan personas que todavía buscan a sus madres, hijos, hermanos o familias de origen, la obligación del Estado de buscar la verdad y justicia estará pendiente. Esta deuda histórica no puede darse por cerrada y el Estado no puede permitirse mirar hacia otro lado.

Por: Renata Paredes, Practicante de La Neta

La visita comienza antes de cruzar la puerta del sitio de memoria. Para acceder al subsuelo de la Plaza de la Constitución, el grupo debe pasar por los controles de seguridad del Palacio de La Moneda y, una vez dentro, permanece acompañado en todo momento por personal policial. Solo entonces se ingresa a un espacio que durante décadas permaneció oculto y que hoy resguarda una de las historias menos conocidas de la represión en Chile.

Bajo el principal centro del poder político del país funcionó, entre 1973 y 1974, el Cuartel N.º 1 de Carabineros, conocido como «El Hoyo», un centro clandestino de detención, tortura y violencia político-sexual. Este jueves, el recorrido fue guiado por mujeres sobrevivientes del recinto, quienes compartieron con las y los asistentes sus vivencias y la importancia de preservar estos espacios para la memoria colectiva.

Las visitas son organizadas por el Colectivo Plaza de la Constitución y se realizan dos veces al mes. Para Patricia Herrera, presidenta de la organización, abrir este lugar a la ciudadanía es una forma de impedir que su historia permanezca invisibilizada.

«Para nosotras son muy importantes las visitas porque significan la visibilización del sitio, que es desconocido para la gran mayoría de las personas. A pesar de estar en pleno centro de Santiago, justamente por encontrarse bajo La Moneda su acceso se dificulta debido a los protocolos», explica.

El recorrido permite conocer las dependencias donde permanecieron personas detenidas, incomunicadas y sometidas a torturas durante los primeros meses de la dictadura. Sin embargo, son los testimonios de las sobrevivientes los que resignifican el espacio. Sus relatos reconstruyen lo ocurrido entre esos muros y dan cuenta de las secuelas que aún persisten, especialmente para las mujeres que fueron víctimas de violencia político-sexual en el recinto.

La existencia de «El Hoyo» fue reconocida oficialmente por el Estado en el Informe Rettig y el Informe Valech. Posteriormente, investigaciones judiciales y peritajes realizados por la Policía de Investigaciones permitieron identificar los espacios específicos donde se cometieron torturas y agresiones sexuales contra las personas detenidas.

El recinto comenzó a operar tras el golpe de Estado bajo el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde allí, las personas detenidas eran interrogadas y torturadas antes de ser trasladadas a otros centros represivos, como Londres 38 o Cuatro Álamos. Se estima que cerca de 30 personas estuvieron recluidas en este lugar entre 1973 y 1974, en un espacio donde la persecución se concentró especialmente en militantes del Partido Socialista y donde las mujeres fueron sometidas a graves formas de violencia sexual.

La declaración del Cuartel N.º 1 como Sitio de Memoria fue anunciada en septiembre de 2016 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, como parte de las medidas de reparación simbólica destinadas a fortalecer las garantías de no repetición. Hoy, el Colectivo Plaza de la Constitución mantiene abiertas sus puertas a través de dos recorridos mensuales, que son difundidos a través de su Instagram @colectivoplazadelaconstitucion. 

La dirigenta extendió además una invitación a participar de estos recorridos y a contribuir a la difusión del sitio.

«Las invitamos a participar de este recorrdio, a acompañarnos y a difundir, porque la memoria es de todos y todas. No podemos permitir que la memoria se pierda, porque hoy la memoria es resistencia«.

Sobre el Colectivo Plaza de la Constitución

El Colectivo Plaza de la Constitución es una organización de memoria y derechos humanos en Santiago de Chile, fundada por sobrevivientes como Ana María Campillo y Patricia Herrera. Su objetivo principal es rescatar del olvido los crímenes cometidos en el ex centro de detención clandestino, tortura y violencia política sexual conocido como Cuartel N°1, ubicado en los subterráneos bajo la Plaza de la Constitución y el Palacio de La Moneda durante la dictadura militar.