Por Camila Ferreira, periodista 

Cada tres días, en promedio, la prensa fue víctima de algún tipo de agresión en Chile. Así lo informó el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) -organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y la protección a la prensa- que analizó las vulneraciones contra la prensa entre 2022 y 2025.

Las cifras son contundentes: en cuatro años se documentaron 424 vulneraciones contra el ejercicio del periodismo y 485 víctimas o entidades afectadas, además del aumento en un 69,4% en el número de incidentes, pasando de 85 casos a 144 en 2025. 

Pese a que los ataques físicos siguen siendo los más reportados, con 119 registros, disminuyeron de 40 hechos registrados en 2024 a 17 durante 2025. Sin embargo, esto no implica necesariamente un entorno más seguro para el ejercicio periodístico. En cuanto a los discursos estigmatizantes, alcanzaron 46 registros y las agresiones verbales llegaron al máximo histórico de 45 casos, un aumento que coincide con los escenarios de alta polarización pública y electoral, especialmente durante las elecciones presidenciales de 2025.

Violencia digital

El mayor número de afectaciones, con 270 víctimas (55,67%) se concentró en reporteras, conductoras y analistas y, aunque los hombres concentraron más casos en términos absolutos, las agresiones contra mujeres periodistas muestran mayores niveles de reiteración, exposición y hostilidad digital.

En cuanto a los ataque cometidos, se registraron 125 por actores estatales, 46 por autoridades públicas y 45 por Carabineros. Respecto a ataques cometidos por  agresores no estatales, se acumularon 261, siendo 113 perpetrados por usuarios de plataformas digitales. También se documentaron 45 situaciones de hostigamiento judicial a lo largo del periodo y los incidentes de violencia facilitada por el uso de tecnología digital aumentó de 5 registros en 2022 a 17 en 2025, demostrando una transformación progresiva y sofisticación en las formas de violencia. 

Al respecto, el Presidente del ODC, Javier García, aseguró que “Ya no se trata únicamente de impedir físicamente una cobertura, también se desarrollan dinámicas de hostigamiento y descrédito sostenidas en el tiempo que buscan desgastar e intimidar a periodistas para promover la autocensura, siendo los medios locales e independientes los más vulnerables a estas prácticas”.

Es importante mencionar que el organismo advierte que las cifras corresponden a situaciones que pudieron ser detectadas y verificadas, provocando que la capacidad de seguimiento sea más limitada en regiones y zonas rurales, por lo que la dimensión de la violencia contra la prensa fuera de Santiago todavía podría estar subrepresentada. 

Para la periodista, locutora y corresponsal de prensa, Nayadet Oyarzún, uno de los principales problemas que ha debido enfrentar es el exceso de centralismo, ya que generalmente se piensa que en regiones se trabaja igual que en Santiago:“Grabando con la ética y el respeto que corresponde, se acercó a atacarme un grupo de funcionarios municipales cuando grabamos un «tren de olas». A veces la gente no te deja trabajar, una sabe que no debe grabar niños, pero cuando ocurre una contingencia y grabas el momento, la gente no puede oponerse”, aseveró.

Respecto al sentido del monitoreo, García apunta a la visibilización de un vacío estructural:: “El monitoreo es clave… ya que sin datos, no es posible trabajar en políticas públicas eficaces ni en protección real a la prensa”.

En un contexto de creciente polarización política, el informe plantea que estos datos reafirman la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio del periodismo.La libertad de prensa no es un asunto técnico: es una condición necesaria para la democracia. 

Revisa el Informe de Vulneraciones contra la Prensa 2022-2025 del ODC aquí

Tras largos años de debate parlamentario, Chile cuenta al fin con una Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta normativa incorpora múltiples expresiones de la violencia hacia las mujeres, más allá de la intrafamiliar o sexual.

Así, en su artículo 6, la ley reconoce la violencia simbólica y señala que es “toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer”. Además, en su artículo 15, indica obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación.

Este reconocimiento va en línea con la reciente declaración regional impulsada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que señalan que “la violencia simbólica es una manifestación de la discriminación histórica contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, que ha estado presente en nuestras sociedades” y que, por ende, contribuye a perpetuar las desigualdades y a excluir a las mujeres del espacio público.

La violencia simbólica se puede manifestar a través de la cosificación de las mujeres y la consideración de roles estereotipados de género, entre otras formas, y es parte de la discriminación estructural hacia las mujeres, naturalizando su subordinación. Esta ha sido identificada en tratados internacionales y regionales de derechos humanos que refieren a la necesidad de modificar “patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (art.5 CEDAW).

Se trata de un tipo de violencia difícilmente codificable e inasible que, según señala Rita Segato, escritora, antropóloga y activista feminista argentina, es más efectiva cuanto más sutil. Y que, como conceptualiza el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no es posible de aprehender a través de un ejercicio de conciencia.

Desde una comunicación con enfoque de género, debemos fomentar la erradicación de mensajes que injurian, difaman, humillan, subordinan y atentan contra la dignidad de millones de mujeres y evitar incurrir en prácticas que contribuyen a la estereotipación y estigmatización de las mujeres.

Fomentar nuevas narrativas, en un contexto en el cual abundan los titulares y contenidos sexistas, sensacionalistas, llenos de morbo y carentes de reflexión social, es el gran desafío que deben emprender especialmente comunicadores y comunicadoras para aportar al fortalecimiento de la comunidad y de la democracia. En tiempos convulsionados e inciertos, las autoridades y los medios de comunicación deben ser un ejemplo, elevando el nivel de los debates y eliminando descalificaciones estereotipadas y argumentaciones discriminatorias que nos impiden avanzar en la construcción de una sociedad para el siglo XXI.

Publicada en El Mostrador

Esta mañana Amnistía Internacional lanzó el informe 2023 sobre el estado de los derechos humanos en Chile y el mundo. En el evento participaron distintas autoridades, incluyendo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, además de contar con un panel en el que participaron la periodista Alejandra Matus y el académico Claudio Nash.

En sus palabras de bienvenida, la presidenta de la Junta Directiva del organismo en Chile, Bernardita Boock, dijo que se estaría retrocediendo hasta antes de 1948, ya que se está cuestionando y pasando por alto lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En la misma línea, el director ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, señaló que en distintos conflictos armados, como lo que está ocurriendo en Gaza, “se han tratado a los derechos humanos como opcionales”. 

• Estallido social en Chile

Respecto a cómo está Chile en materia de Derechos Humanos, uno de los puntos que más se enfatizó fue el de la impunidad en los crímenes perpetrados por agentes del Estado durante el estallido social. 

Rodrigo Bustos señaló que estos hechos son un legado sombrío del gobierno anterior para el actual. “Fueron las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el fin de la dictadura (…) Y solo en un 0,42% de los casos se terminó la investigación y se castigó a los perpetradores”, señaló el director ejecutivo en la presentación del informe. 

Además de la ausencia de justicia para las víctimas, Bustos señaló que es insostenible que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se mantenga en su cargo aun cuando será formalizado por su responsabilidad respecto a estos hechos. 

Para Alejandra Matus, periodista que participó del panel, el problema va más allá del general Yáñez y más bien “pareciera que hay una molestia con seguir las causas contra Carabineros, como si eso fuese incompatible con las demandas de seguridad que tiene la ciudadanía”.

También desde Amnistía lamentaron la aprobación de la ley Naín-Retamal, la cual ha permitido la impunidad de agentes del Estado respecto a hechos ocurridos durante el estallido social. 

• Populismo electoral y pena de muerte

Uno de los temas que surgió en el panel de presentación del informe fue cómo en periodo de elecciones se proponen medidas que van en contra de los Derechos Humanos para así ganar votos. Esto, a partir de lo declarado por el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien señaló que la discusión respecto a la pena de muerte “estaba pendiente”.

Lo que he señalado es un debate de fondo en torno a seguridad y enfrentar a la delincuencia, y lo hice sin insultos y descalificaciones, hay de quienes señalan sacar a las FFAA a la calle, y ya sabemos que los fusiles no disparan chaya, y su capacidad de discernimiento es dudosa

— rodrigo mundaca (@rmunda) April 23, 2024

El académico Claudio Nash señaló que “no puede haber un defensor de derechos humanos abogando por la pena de muerte”. En esa misma línea, al conversar con La Neta, Rodrigo Bustos señaló que no solo el gobernador había planteado este tema, sino que también hace unos meses la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lo había hecho. 

Bustos agregó que “no deberíamos seguir hablando de la pena de muerte en un momento en que la humanidad ha ido avanzando cada vez más hacia erradicarla en todos los Estados (…) Simplemente no es posible de acuerdo a los tratados de derechos humanos”. 

Hace 45 años que el Departamento de Estado de Estados Unidos realiza informes sobre la situación en materia de Derechos Humanos de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 30 de marzo dio a conocer el informe de Derechos Humanos 2020 en Chile, donde establece que “miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos”.

En este, el primer informe emitido durante el gobierno de Joe Biden se asegura que “los significativos problemas en materia de Derechos Humanos incluyen reportes de asesinatos arbitrarios o ilegales, tortura por parte de agentes del orden, violencia hacia personas indígenas, violencia hacia personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros e intersex”. En el reporte, que se cuenta entre los más conservadores de los de su tipo, se sostiene que “el Gobierno (de Chile) tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

Sin embargo, el 1 de abril el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer el segundo informe de recomendaciones sobre las medidas adoptadas en relación a las recomendaciones que han hecho tanto organismos nacionales como internacionales para detener las violaciones a los derechos humanos ocurridos desde octubre del 2019 y reparar el daño a las víctimas. 

El documento del propio gobierno contabiliza 8.600 causas ingresadas por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 19 de octubre de 2019 y el 28 de enero de 2021. Citando como fuente al Ministerio Público, el Ministerio de Justicia informa que de éstas solo 3.480 siguen vigentes. Es decir, un 60% de las causas cerraron (5.120), que se refieren a 6.325 “relaciones”. 

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De las causas terminadas, hasta el momento, solo una quedó con sentencia condenatoria. Es el caso de Esteban Carter, quien recibió un disparo de bomba lacrimógena directamente en la cabeza y a corta distancia, por parte de Juan Gabriel Maulén Báez, en ese momento sargento de Carabineros, durante una jornada de protestas el 13 de diciembre del 2019. La sentencia fue confirmada el 29 de julio del 2020 por el Juzgado de Garantía de Rancagua. Maulén Báez fue declarado culpable de homicidio frustrado y se le impuso la pena de 5 años de libertad vigilada y la obligación de someterse a tratamiento “de control de impulsos”.

CEGADOS Y SIN JUSTICIA

Los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica se conocieron en todo el mundo, porque la policía los dejó ciegos. Gatica, estudiante de Psicología, recibió dos disparos percutados por carabineros en una manifestación, el 8 de noviembre de 2019. Como consecuencia, perdió completamente la visión. La fiscalía imputó al ex carabinero Claudio Crespo, quien hoy se mantiene en prisión preventiva. Dieciocho días después, la historia se repitió cuando rumbo a su trabajo Fabiola Campillay recibió el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro y a corta distancia. Perdió la visión, el olfato y el gusto. Tres de los cinco sentidos. Patricio Maturana, quien según las declaraciones de Campillay sigue en Carabineros, fue declarado por fiscalía como el perpetrador del disparo y se encuentra con arresto domiciliario. Han pasado más de 16 meses desde los hechos, pero ninguno ha comenzado juicio. 

Los casos de Gatica y Campillay forman parte de las 460 personas que sufrieron lesiones oculares, según el último informe del Instituto de Derechos Humanos (INDH), producto del uso de armas de fuego y otros proyectiles por parte de la policía uniformada. Según el informe, 425 corresponden a lesiones o trauma ocular y 35 a estallido o pérdida de la visión. 

Así mismo, se establece que las lesiones en cualquier parte del cuerpo más frecuentes corresponden al uso de proyectiles de armas de fuego, las que suman 2.133 casos (55% del total).

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Un informe revelado por CIPER dio cuenta que desde el año 2012 Carabineros tiene conocimiento de la peligrosidad del uso de balines en las escopetas antidisturbios. En el peritaje se señala que un disparo de estas armas a 5 metros podría provocar fracturas, heridas permanentes en el rostro, estallidos oculares, lesiones y hemorragias en el abdomen. A una distancia de 10 metros el impacto en el cuello de estos balines podría incluso causar la muerte. También demuestra que, pese a que existe una menor precisión, a 30 metros la posibilidad de estallido ocular persiste. Debido a esto, en las conclusiones se recomienda su uso a más de 30 metros de distancia y “apuntando siempre al tercio medio inferior del cuerpo, ya que corresponde a zonas menos vulnerables y expuestas”. 

Pese al informe, lo único que logró mayor control de las escopetas antidisturbios por parte de las fuerzas policiales fue la advertencia de toxicidad que producen los perdigones. El 19 de noviembre del 2019 el entonces director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que el uso de estas armas quedaba restringido “como una medida extrema exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”. Sin embargo, para entonces, más de 220 personas ya padecían lesiones oculares producto de su uso indiscriminado y nuevas víctimas se siguieron sumando después.

IMPUNIDAD, LO MÁS FRECUENTE

En enero del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó la visita a Chile que tenía como objetivo “observar en terreno la situación de derechos humanos a partir de los hechos de las protestas sociales, evaluando sus causas y consecuencias”.

El CIDH presentó luego un reporte final con observaciones y recomendaciones que debería haber implementado el gobierno chileno. Sin embargo, Fundación La Casa Común, Corporación Humanas, Corporación Opción, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) enviaron una carta al CIDH solicitando una audiencia debido a que “observan con gran preocupación la falta de avance en las recomendaciones que realizó el CIDH al Estado de Chile (…) las que lamentablemente no han tenido los avances necesarios para impedir la violación de los derechos humanos”. 

En esa carta estas organizaciones citan el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones formuladas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que se basaron en las recomendaciones de la CIDH y las realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). El informe del INDH señala que un 13,5% de los casos totales denunciados por las víctimas ocurrieron durante el 2020. Es decir, después de la visita de la CIDH. Fueron 458 casos en total, de los cuales el 91% se concentra en los tres primeros meses del año (367 personas adultas y 110 niñas, niños y adolescentes).

La carta añade que de las 2.834 querellas interpuestas por el INDH por hechos ocurridos hasta el 31 de marzo del 2021, solo un 1,5% ha sido formalizada. Además, se acusa lentitud en la investigación de las causas, que en un 50% demora más de 362 días. 

El informe del INDH concluye afirmado que “el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al día de hoy, estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia”.

CHILE, A JUICIO

Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos ligadas a la revuelta de 2019 siguen repercutiendo hoy, según reflejan los siguientes hechos registrados por la prensa:

5 de abril. Un reportaje de La Tercera revela la respuesta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la demanda interpuesta por 22 víctimas de trauma ocular, en contra del Estado de Chile. El organismo que defiende los intereses del fisco asegura que el actuar de Carabineros corresponde a legítima defensa, niega la solicitud de las víctimas de que la institución les pida disculpas como una medida de reparación y sostiene que la indemnización reclamada por ellas es “desproporcionada”. La demanda colectiva fue presentada en agosto de 2020, en 143 páginas en que se relatan los hechos ocurridos y se solicita una indemnización de perjuicios por unos 7 mil millones de pesos, en favor de los afectados. 

29 de abril. Debido al cierre de las 3.050 causas por violación a los derechos humanos por parte del Ministerio Público, el ex juez Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas, el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia y la Comisión Chilena de Derechos Humanos enviaron un documento a la Corte Penal Internacional para que se investigue, inicie juicio y acuse al presidente Sebastián Piñera y otros agentes del Estado por “crímenes de lesa humanidad”. En este documento, se argumenta la necesidad de que la Corte de Apelaciones Internacional intervenga dado que, según lo señalado, los casos son calificados como delitos comunes y las investigaciones tienen una demora injustificada. 

Según el escrito, la Corte Internacional podría acoger la solicitud de demostrarse que el Estado “no tenga la voluntad o no esté en condiciones de ejercer su jurisdicción”. Según los expertos, el proceso podría demorar años. 

30 de abril. Una integrante de la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular difundió por redes sociales su malestar ante las negligencias y precarización del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), anunciado por el gobierno en noviembre de 2019, para las víctimas de este tipo de lesiones. PIRO incluiría, según se afirmó, atención médica, estética y funcional, además de atención psicológica. En la presentación del plan, el ex subsecretario de redes asistenciales, Rodrigo Zúñiga, señaló que hasta esa fecha “tenemos en el país 190 (lesiones oculares), que podrían llegar a las 200”, cifra subestimada según los datos del INDH. Ante esto, la diputada Claudia Mix envió un oficio al Ministerio de Salud en busca de explicaciones, pero aún no ha recibido respuesta. A esta queja, se sumó el caso de Gloria Moraga, víctima de trauma ocular durante las manifestaciones de octubre del 2019. En noviembre del 2020 fue contactada para recibir una prótesis de cristal como parte del PIRO. A los pocos días, Gloria pudo cambiar su prótesis de acrílico por una de cristal. Sin embargo, la empresa de prótesis oculares le está exigiendo que la devuelva, porque el Gobierno no la ha pagado. 

*Al cierre de esta crónica Jorge Abbot, fiscal nacional, ordenó a la Unidad Especializada en Derechos Humanos examinar los criterios de actuación en la persecución de los ilícitos por violaciones a los derechos humanos, aplicados en causas archivadas, y ver la opción de reabrir los casos de haber razón para hacerlo. Abott profundizó en la creación de un equipo especializado para ver la reapertura de los casos y la creación de un documento para actualizar los criterios de actuación frente a estos ilícitos, el cual se daría a conocer en los próximos días.