La adopción, entendida correctamente, constituye una institución destinada a proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia cuando ello no sea posible dentro de su entorno familiar de origen. Sin embargo,  bajo  ningún motivo puede ser un mecanismo mediante el cual se legitime una separación producida mediante engaño, coerción, falsificación documental, ocultamiento de información o abuso de una situación de vulnerabilidad, como ocurrió durante décadas en Chile, con especial intensidad durante la dictadura cívico-militar.

Cuando hablamos de adopciones irregulares no nos referimos simplemente a errores administrativos que ocurrieron en el pasado. Hablamos de niños y niñas separados de sus familias, de madres a quienes se les arrebató su capacidad de decidir sobre sus hijos e hijas y de un Estado que, durante décadas no ha sido capaz de investigar adecuadamente, siendo insuficiente en materias tan fundamentales como la verdad, la justicia, la reparación y la restitución de vínculos familiares. 

No basta con afirmar o reconocer que los hechos ocurrieron hace décadas, la distancia temporal no elimina ni limita la responsabilidad estatal cuando existen antecedentes que permiten investigar, esclarecer los hechos y garantizar mecanismos de reparación. 

Mientras otros Estados, como Noruega, se encuentran revisando críticamente su participación en procesos de adopción internacional y documentando las irregularidades ocurridas, el Estado chileno se encuentra debilitando las instituciones encargadas de esclarecer su propio pasado respecto de las vulneraciones de derechos humanos, cuestión que para este gobierno no se considera una prioridad.

Esto se puede ver claramente, mediante la Resolución Exenta N°207, de 22 de junio de 2026, donde la Secretaría de Derechos Humanos dejó sin efecto la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares (UBAFI), que apenas cuatro meses antes había sido creada para abordar las adopciones ilegales, forzadas o irregulares, teniendo como fin, investigar y entregar apoyo a las víctimas, quienes nuevamente fueron desplazadas. Demostrando una vez más que el Estado todavía no ha desarrollado una respuesta institucional adecuada frente a esta vulneración histórica de derechos humanos.

Las adopciones irregulares constituyen una de esas situaciones en que el derecho debe mirar más allá de los expedientes y comprender las historias humanas que existen detrás de ellos. Se afectaron derechos fundamentales no solo de aquellos niños y niñas que fueron separados de sus familias, sino también los de todas esas mujeres que fueron vulneradas y privadas de su capacidad de decisión reproductiva y de su derecho a ejercer su maternidad, mujeres que, hasta el día de hoy siguen buscando a un hijo o hija con la esperanza de algún día reencontrarse con ellos o incluso, obtener finalmente la tranquilidad vacía de saber dónde yacen sus cuerpos.

Las adopciones irregulares pueden haber modificado legalmente la filiación, pero la vulneración del derecho a la identidad no desaparece por el mero transcurso del tiempo, y mientras existan personas que todavía buscan a sus madres, hijos, hermanos o familias de origen, la obligación del Estado de buscar la verdad y justicia estará pendiente. Esta deuda histórica no puede darse por cerrada y el Estado no puede permitirse mirar hacia otro lado.